Con el fin de dar cumplimiento al compromiso de asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) impulsó acciones para la recuperación de 2 mil 521.74 hectáreas que fueron usurpadas en territorios declarados en resguardo
Del total, 592.74 hectáreas corresponden a tierras que se encuentran dentro de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), las cuales eran utilizadas para pasto de ganado, actividad que es una de las amenazas más fuertes, mientras que mil 929 pertenecen al Parque Nacional Laguna del Tigre, donde había pistas de aterrizaje clandestinas. Ambos territorios pertenecen a San Andrés, Petén.
La Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, Artículo 82 bis, establece que comete delito de usurpación en áreas protegidas quien, con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, promoviere, facilitare e invadiere tierras ubicadas dentro de áreas en resguardo. El Conap presentó las denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Dichos esfuerzos se realizaron de manera integral por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, del Ministerio Público; el Juzgado Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, por medio de la División de Protección de la Naturaleza; la Brigada Especial de Operaciones de Selva, y el Instituto Nacional de Bosques, entre otros.
Elder Figueroa, director del Conap, resaltó la importancia de recuperar territorios y restaurar sitios afectados por actividades ilegales que destruyen el hábitat de diferentes especies de fauna silvestre, como la guacamaya roja, el jaguar, el tapir, así como especies emblemáticas, además de conservar importantes sitios, como humedales declarados, como el sitio RAMSAR, que existen dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, la cual es un área protegida de interés nacional e internacional.
En el presente año, el Conap ha participado en diversos operativos de control y patrullaje en la RBM, debido a la problemática de incursión y aprovechamiento ilícito de producto forestal y cacería ilegal de fauna silvestre.
En el caso del Parque Nacional Mirador Río Azul, informes de monitoreos realizados precisan que se localizaron brechas de extracción de producto forestal con alcance de hasta un kilómetro en territorio guatemalteco, contiguo a la frontera con México.
Como consecuencia de ello, con el apoyo de las fuerzas de seguridad se planificó un operativo conjunto.
