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NACIONALES

Reactivan instancia para prevenir ataques a activistas

Entidad aglutina a 30 organizaciones estatales, de la sociedad civil y periodísticas en Guatemala.

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En un esfuerzo por fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Gobernación (Mingob), reactivó la Instancia de Análisis de Agresiones a Defensores de Derechos Humanos.

Esta entidad, que había sido desatendida por las administraciones anteriores, volvió a operar el pasado 22 de mayo, convirtiéndose en una prioridad para la actual gestión. En este espacio convergen 30 organizaciones estatales, de sociedad civil y otras dedicadas a la protección de las garantías fundamentales de la población.

La puesta en marcha de este organismo busca detectar patrones de ataques para establecer medidas preventivas eficientes. Desde su revitalización, se han organizado tres mesas de trabajo enfocadas en distintos aspectos: la primera dirigida a la seguridad de periodistas, la segunda a defensores de la tierra, pueblos indígenas y medio ambiente, y la tercera, a la criminalidad general que incluye la protección de mujeres, niños y la diversidad, entre otros.

Claudia Samayoa, asesora del Mingob, detalló las áreas de enfoque de estas mesas y resaltó la importancia de abordar los diferentes riesgos a los que se enfrentan estos sectores de protección
humanitaria.

Por su parte, Francisco Jiménez, titular del Mingob, expresó en sus redes sociales que “la reactivación de la instancia es una muestra del compromiso con activistas ambientales, líderes comunitarios, funcionarios de justicia y periodistas que han dedicado su vida al desarrollo de la sociedad guatemalteca”.

La iniciativa ha sido recibida con aplausos por diversos sectores, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Volker Türk, en representación de este organismo, elogió los esfuerzos del Gobierno de Guatemala.

Estos nuevos mecanismos son cruciales para fortalecer el resguardo de quienes continúan bajo ataques por defender los derechos humanos, denunciar la corrupción y exigir la rendición de cuentas, puntualizó.

Luis Carrillo Fotógrafo: Herbert García
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Se unen para reforestar

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Foto: PNC

Una jornada de reforestación de 1 mil árboles de diferentes especies realizaron ayer elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y voluntarios en la aldea Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango.

La acción responde al programa Siembra de Árboles para mi País, en el cual participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre otras entidades. Asimismo, integrantes de las reservas militares, las municipalidades de Cantel y San Mateo, así como diferentes colegios y grupos organizados.

Redacción DCA
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Garantizan seguridad en escuelas

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Foto: PNC

En cumplimiento con el plan Escuelas Seguras, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) brindan seguridad en centros de enseñanza, en apoyo a la comunidad educativa de varios municipios de San Marcos, informó la institución. Asimismo, la Comisaría de Quetzaltenango ofrece resguardo e implementa acciones preventivas en diferentes planteles con la participación de estudiantes y padres de familia.

Redacción DCA
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Exponen necesidad de reajustar el presupuesto

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Por cuánto es la solicitud de reajuste presupuestario y cómo se invertirán los recursos económicos fueron los temas principales que ayer dieron a conocer los ministros de Agricultura, Trabajo, Desarrollo Social y el titular del Instituto de la Víctima ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Legilativo.

Abelardo Pinto, jefe de la cartera de Desarrollo Social, explicó al salir de la reunión que se pide un reacomodo de 1 mil 200 millones de quetzales, de los cuales el 32 por ciento se destinará a programas sociales; 24.78 por ciento, para el Fondo de Desarrollo Social; 4.64 por ciento, para el Registro Social de Hogares, y el 37.9 por ciento, para el pago a los veteranos militares contemplado en la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

“Existe una gran necesidad de la población y nosotros en este momento solo contamos con el presupuesto para cubrir con los beneficiarios que actualmente tiene cada uno de los programas. Hemos venido a explicar eso”, afirmó el funcionario.

Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, indicó: “Venimos a plantear las necesidades claras que tiene la institución para poder servir a la población. Estamos trabajando con un personal sumamente reducido, únicamente tenemos seis sedes a nivel nacional. Eso se debe a que nuestro presupuesto es muy bajo, que se va básicamente en ejecución y pago de salarios”.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Tatiana Valenzuela
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