Las modificaciones a la Ley de Migración, que endurecen las penas contra los traficantes de personas, también conocidos como “coyotes”, fueron publicadas en el diario oficial y entrarán en vigencia dentro de ocho días.
Los cambios establecen prisión de 10 a 30 años a quienes se dediquen al “tráfico ilícito de personas” y “tráfico ilegal de guatemaltecos”. Detalla que la pena en ambos casos “será aumentada en dos terceras partes”, si se incurre en 8 agravantes.
30 años es la pena máxima que contemplan los cambios.
Las circunstancias que amplían los castigos son si el migrante es menor de edad o mujer en estado de gestación, si pone en peligro la vida, integridad o salud, las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
A ellas se suma si el autor o partícipe del crimen es funcionario, empleado público o notario. Además, si el hecho se realiza por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada, entre otros agravantes.
“En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”, remarca la normativa.
