La orden del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil es clara. Contundente y detallada. No hay posibilidad a malas interpretaciones ni a dudas.
En su parte medulas, lo resuelto dicta: “… se ordena al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) que se abstenga de realizar las medidas relacionadas con la suspensión indebida de las labores de docentes, bloqueos de carácter ilícito que vulneren y afecten el derecho a la libre locomoción de la población, así como la ocupación ilegítima de instalaciones educativas…”
Las últimas acciones del STEG provocan, por lo menos, dudas en cuanto a la legalidad de las manifestaciones y obligan a preguntarse si estarían violentando las reglas. Para los expertos en materia jurídica y laboral consultados por el Diario de Centro América no hay duda en cuanto a las violaciones cometidas. Tampoco sobre las consecuencias que ello debe implicar.
Así como a los referidos sindicalistas se les reconocer sus derechos a manifestar. Se acepta la legitimidad de sus reclamos y exigencias de mejoras laborales, también se les reclama el cumplimiento de sus obligaciones. Aunque no haya amparo de por medio.
La sagrada misión que tienen los docentes es indiscutible. Discutida y consensuada una y otra vez. La responsabilidad de formar a las futuras generaciones lleva consigo retos que se alcanzan en las aulas. Con el ejemplo y yeso en mano. Avanzando en sus pensum y cumpliendo, a cabalidad, con los 180 días de clases que ofrecieron en el último Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que suscribieron con la administración anterior.
Es desde estos puntos de vista que se entiende el pensar de los expertos y juristas. Esto le da validez al respaldo que manifiestan al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que demanda la debida ejecutoria del amparo emitido el 9 de abril recién pasado por el juzgado.
Observar a catedráticos fuera de las aulas, en horario de trabajo, más que fuerza pareciera una muestra de que ese gremio es intocable. Impune, aunque se robe la esperanza de niños y adolescentes que tienen el derecho a estudiar. A aprender y, en el peor de los casos, a restarles competencia en un mundo cada vez más exigente.











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