El Sistema Limitador de Velocidad (SLV) es una herramienta obligatoria para el transporte comercial (camiones, cabezales y de carga) y de personas (autobuses, buses y microbuses), razón por la cual su desacato implica sanciones económicas, advirtieron las direcciones generales de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de Transportes (DGT), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El dispositivo está incluido en el Decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que limita a 80 kilómetros por hora la velocidad de estos automotores. La normativa busca reducir los percances en los que se ven involucrados los conductores, los cuales “han enlutado a cientos de familias guatemaltecas”.
Según un cruce de datos efectuado por el Diario de Centro América (DCA), utilizando el portal electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) e información de Provial, en promedio, el 2.39 por ciento de automotores honra lo ordenado.
“Ha habido renuencia a la instalación, pero nos faltarían las sanciones, que están estipuladas en el reglamento”, advirtió el jefe de la Unidad de Accidentología de Provial, Manuel de Jesús Adriano López, quien recordó que empezaron con la parte informativa, con la finalidad de motivar el cumplimiento.
De acuerdo con el detalle obtenido, de las 375 mil 907 unidades que registran ambos servicios, solo 9 mil 019 han colocado dicha herramienta. El resumen por tipo de vehículo es el siguiente: de los 249 mil 375 camiones de carga registrados, 8 mil 661 (3.47 por ciento) cuentan con el referido control. En el caso del transporte de personas, de las 126 mil 532 unidades, 358 (0.28 por ciento) han respondido.
Esto significa que 9 mil 019 vehículos obligados están en ley, dejando una brecha de 366 mil 888 pendientes (97.61 por ciento), señaló Adriano López.
El referido control se impuso hace nueve años; sin embargo, los gobiernos anteriores se resistieron a velar por su uso. El SLV es un aparato mecánico o electrónico que regula la velocidad, incluso si el piloto se resiste (vea infografía: Medidas que salvan vidas).
“El CIV está en la fase de recordarles a los transportistas y empresarios que existe una ley que tienen que cumplir. La siguiente fase ya será la implementación de las sanciones”. Fernando Suriano, viceministro de Transportes del CIV
Trabajan tarifario
El titular de la DGT, Mynor Estuardo González Henríquez, comunicó que, con Provial, elaboran el tarifario, con el objetivo de establecer las amonestaciones.
González argumentó que la normativa estableció sanciones de cinco a 10 salarios mínimos, pero no la causa ni el motivo de la infracción y el monto a aplicar. Informó que las multas quedarán detalladas en un acuerdo ministerial del CIV.
“Por ejemplo, se estipulará el tipo de infracción por no contar con el dispositivo, tener manipulado o desactivado el sistema o carecer del certificado de funcionalidad del aparato”, citó.
Adicionalmente, González compartió que elaboran una propuesta de convenio interinstitucional, en el que se defina, de forma clara, el ámbito de competencia de Provial y de la DGT en la aplicación del SLV.
El director enfatizó en lo siguiente: no se han impuesto castigos por un vacío legal que hay en la norma, al carecer del tarifario.
Etapa de información
Ante esta situación, Adriano López reiteró el trabajo efectuado para divulgar la normativa, así como los mecanismos que se encuentran en el mercado y las empresas autorizadas para venderlos.
Agregó que en los operativos también recuerdan que la ley debe cumplirse. “Les hemos hecho saber que el tema es de carácter obligatorio. Además, hacemos conciencia de que es en beneficio de la sociedad y en pro de la seguridad vial”, expresó el funcionario.
“Las instituciones a cargo de emitir sanciones deben fortalecerse para hacer cumplir la ley vial, más allá del tema de velocidad”. Hugo Maul Consultor del CIEN
La versión de transportistas
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) aceptó que la disposición debe ser cumplida, sin excepción. Carlos Vides, presidente de dicha organización, manifestó que deben colocar el aparato o gobernar los motores a 80 kilómetros por hora.
“Tenemos entendido que se crea un cuello de botella en la obtención del certificado. Estamos con la inquietud de saber cómo van a verificar que el limitador está cumpliendo su propósito y cómo constatarán el acatamiento general, entre otros temas”, resaltó para explicar por qué gestionan una reunión con las autoridades.
Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), consideró que los dispositivos contemplados en la normativa son para modelos anteriores a 1994. Aclaró que los vehículos de carga actuales lo traen incorporado, por lo que solo resta configurar la velocidad exigida.
“Lo que buscamos son acuerdos, puesto que los automotores ya cuentan con un control electrónico”, insistió, al tiempo de subrayar que casi el 95 por ciento de los camiones adscritos a Catransca tiene el referido sistema, pero deben ser configurados.
Accidentes viales van en aumento
Mientras los sujetos obligados encuentran los consensos para cumplir con la ley, los accidentes viales van en aumento en comparación del año pasado. Al igual que las víctimas.
El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), registró, del 1 de enero al 10 de agosto, 5 mil 210 incidentes, mientras que en 2024, en el mismo período, se reportaron 4 mil 913.
Al comparar ambas cifras, los hechos viales aumentaron este año en 297 casos. En cuanto a fallecidos, sumaron 1 mil 372 en el período anterior frente a los 1 mil 455 de 2025.
En los hechos de tránsito contabilizados este año estuvieron involucrados 8 mil 114 automotores, de los cuales 472 eran camiones, 289 cabezales y 146 buses, entre otros.
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