Barricadas y paros sectoriales marcaban este viernes la jornada de movilización sindical contra las medidas de austeridad del presidente brasileño Michel Temer, que seguía pendiente del avance de una denuncia por corrupción en su contra en la Cámara de Diputados.
Las centrales gremiales habían convocado inicialmente una huelga general, que hubiera sido la segunda del año, después de la del pasado 28 de abril, pero la transformaron en una jornada de protestas más modesta, principalmente por la negativa a adherirse al paro del vital sector de los transportes en Sao Paulo.
La presión sobre el Gobierno se redujo, además, por el anuncio de que el índice de desempleo había caído tres décimas en mayo, a 13.3 por ciento, después de haber retrocedido en abril por primera vez desde 2014.
Decenas de manifestantes bloquearon por la mañana el acceso al aeropuerto paulista de Congonhas y al aeropuerto internacional de Río, generando varios kilómetros de colas de automóviles.
En el centro de Sao Paulo, la capital económica del país, la policía dispersó con bombas de estruendo a manifestantes que habían cerrado diversas calles, mientras en Brasilia la paralización de los transportes públicos era total.
Gremios bancarios, de petroleros y de la salud anunciaron su adhesión al paro y las centrales convocaron marchas por la tarde.
“Los paros y manifestaciones son los instrumentos que estamos usando para presionar y tener una negociación más seria con Brasilia, que no perjudique a los trabajadores”, afirmó Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical.
La movilización apunta contra la flexibilización de la legislación laboral, que debe ser votada próximamente en el Senado, y contra la reforma del régimen de jubilaciones.
Esas medidas, según el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) Vagner Freitas, amenazan “el empleo formal, que garantiza derechos adquiridos como vacaciones y aguinaldo”.
La denuncia avanza
La Cámara de Diputados recibió el jueves la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía General presentó contra el presidente, y a partir de este viernes empiezan a correr las 10 sesiones para que la defensa de Temer presente sus alegatos.
La Cámara debe determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario, el primero de la historia de Brasil en ser inculpado durante el ejercicio de su mandato.
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en la Cámara Baja, en la que decenas de legisladores están siendo investigados por corrupción, y Temer confía en evitar que 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños) voten a favor de la apertura del proceso.
“Es un momento delicado, grave, que exige responsabilidad, distancia e independencia”, dijo Rodrigo Pacheco, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ), que analizará la denuncia antes de someterla al plenario.
El fiscal general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de recibir un soborno de 500 mil reales (150 mil dólares) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con ese dinero y lo arrestó a finales de mayo.
Janot afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, aunque el presidente lo niega categóricamente.
*Con información de AFP
