Cuando alguien se pone en los zapatos de los estudiantes, es imposible entender el movimiento que lidera el maestro Joviel Acevedo. Basta evaluar las peticiones para restarle razón de ser a una protesta que solo deja perdedores.
Por más comprensible que se pretenda ser, el recuento de daños imposibilita que se comprenda una lucha sindical que está lejos de velar por los intereses de estudiantes y docentes. Por la mejora de la academia y el traslado de conocimientos.
Las demandas del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) chocan contra la razón y la paciencia de una sociedad harta de liderazgos que solo persiguen aumentar sus beneficios. Incrementar sus dominios, sin asumir compromisos ni procurar mayores esfuerzos.
La marcha de ayer, cada vez más debilitada, deja secuelas irreversibles. Daños que serán absorbidos por los estudiantes, quienes vieron interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje por un acto de protagonismo. De revanchismo y necedad, como ha ocurrido en cada movimiento organizado por el STEG.
Como mínimo, el paro complica alcanzar los 180 días efectivos de clases que requiere un ciclo lectivo de calidad. Tampoco valen los argumentos de que los profesores que se ausentaron de las aulas dejaron guías para suplantar su presencia ante los alumnos. El rezago en lectoescritura que trajo la pandemia es una muestra palpable de lo poco productivo que resulta este mecanismo.
Cuando se conocen las exigencias del STEG, se observa un movimiento poco articulado. Incapaz de promover un discurso que convenza. Que genere apoyos y seguidores.
Derrumbados en sus argumentos, solo les queda provocar caos, sabidos que tras ellos hay un sistema de justicia a su favor. Que los protege y cuida. Que les asegura impunidad. Un pacto al que, tarde o temprano, le devolverán el apoyo.
La exigencia de un 15 por ciento de mejora salarial, en vez del 5 por ciento decretado por el Gobierno, es solo la fachada de un gremio que se niega a perder poder. Es una pura apariencia que esconde el temor a ceder los privilegios que le permiten incidir en los asuntos administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc), a los cuales no tienen derecho. Que les son vetados por la Constitución Política de la República, aunque ellos digan lo contrario.
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