El Gobierno de la República está comprometido con el bienestar de toda la población guatemalteca, para lo cual impulsa una serie de iniciativas que impacten de manera positiva en la ciudadanía.

Los programas sociales a cargo de la administración del presidente Alejandro Giammattei están dirigidos especialmente a aquellas familias vulnerables a la pobreza y pobreza extrema, cuyas condiciones muchas veces las impulsa a migrar de manera irregular.

El Ejecutivo ha puesto especial énfasis en el tema del éxodo en los mencionados términos, por lo que públicamente, en el ámbito nacional e internacional, ha fijado su postura en relación con la urgencia de abordar esa situación de manera integral.

Como ejemplo de lo anterior, el mandatario ha reiterado en la necesidad de endurecer el castigo contra quienes trafican con seres humanos y trabajar de manera conjunta en la región centroamericana para construir muros de prosperidad.

A su retorno, los guatemaltecos deportados desde Norteamérica son recibidos con apoyo humanitario, que va desde atención médica hasta acompañamiento para que regresen de manera digna a sus comunidades de origen.

Ayer, 137 connacionales ingresaron al país provenientes de México, y recibieron raciones de comida y asistencia en salud, en el Centro de Atención al Migrante, ubicado en la zona 13 capitalina.

La tarea humanitaria la apoya el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por medio de 300 raciones alimenticias diarias, las cuales serán entregadas a los retornados.

El propósito es ofrecer una atención digna, en el marco de las acciones para garantizar un retorno seguro, por lo que las autoridades continuarán redoblando el trabajo, con el objetivo de que los deportados reciban asistencia, con apego al respeto de los derechos humanos.

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Durante dos años consecutivos, la economía de Guatemala mostró ser resistente a los efectos de fenómenos como la pandemia de Covid-19 y los trastornos atmosféricos que hicieron estragos en nuestro territorio.

En 2020, cuando nuestro país fue golpeado por la llegada del coronavirus, el crecimiento económico decreció, pero no en las dimensiones pronosticadas, y fue la nación que tuvo mejor sostenibilidad, en comparación con otras de América Latina.

En esa oportunidad, el Banco de Guatemala preveía que el producto interno bruto (PIB) caería a -2.5 por ciento, al cierre del citado año, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronosticaba un escenario de -4 por ciento. Sin embargo, al final, fue de -1.5 por ciento.

Los pronósticos también avizoraban una recuperación en 2021 de entre 3 por ciento y 4 por ciento, y finalmente el PIB cerró en 7.5 por ciento, de acuerdo con las autoridades encargadas de las finanzas del país.

Ayer, durante el Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, celebrado de manera virtual, el presidente Alejandro Giammattei indicó que la meta es hacer sostenible en los próximos años dicho crecimiento, para poder con la derrama económica recuperar no solo el empleo, sino hacer que la migración se detenga, generando muros de prosperidad.

Los logros alcanzados el año pasado en recaudación fiscal, combate al contrabando, avances en la Unión Aduanera con Honduras y la aprobación por el Congreso de la República de leyes de reactivación económica son, entre otros, los factores que contribuyeron al crecimiento.

El reto, para mantener la mencionada sostenibilidad, irá de la mano con la certeza jurídica, que es importante en la atracción de inversiones. En 2020 esta variante económica cerró en US $600 millones, por lo que para el año pasado el Ejecutivo se propuso duplicarla. Es decir, llevarla hasta US$1200 millones; sin embargo, se recibieron US$3394 millones, casi el triple de lo previsto.

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Luego de realizadas dos mesas de diálogo, lideradas por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, se comienza a ver la luz al final del túnel, en relación con los conflictos entre comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Son los primeros pasos que se dan a un problema añejo, que no se había tratado de manera adecuada, por lo que, a pesar de los intentos que se hicieron en el pasado, la situación volvía a su efervescencia y, lamentablemente, causaba varias pérdidas humanas.

En busca de soluciones y acuerdos a la situación en las mencionadas jurisdicciones, el mandatario Giammattei lideró ayer la segunda mesa de diálogo con autoridades locales, para así avanzar en el fomento del desarrollo social y económico de ambos municipios.

Además, el jefe de Estado ha sido claro en la necesidad de definir acciones concretas que impulsen un ambiente de paz y concordia entre los comunitarios. Lo que se busca es poner un alto definitivo a las diferencias, pero por la vía del diálogo y buscando soluciones de raíz.

La reunión de ayer fue fructífera, ya que, entre otros temas, se acordó el inicio de estudios para la definición de los límites de los distritos en mención, lo cual fue catalogado por el
gobernante como un paso importante para lograr la paz en los lugares en disputa.

Se determinó, por ejemplo, que el Registro de Información Catastral (RIC) efectúe el diagnóstico del territorio de una finca ubicada entre las comunidades de Chiquisis, Santa
Catarina Ixtahuacán, y Pachutiquim, en Nahualá.

Luego, se iniciará la segunda fase del proceso, en la cual la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Diálogo darán seguimiento a los problemas secundarios, que incluyen disputas por agua y bosques, entre otros.

El compromiso del Gobierno de la República es llevar tranquilidad a las comunidades de Sololá, lo cual se logrará con la participación de los líderes locales, quienes hasta el momento han dado muestras de voluntad para avanzar en la resolución de los problemas.

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