Mediante una propuesta de modificación al Código Penal, los diputados Ronald Sierra y Boris España, del Movimiento Reformador, impulsan en el Congreso la penalización del desvío del cauce de las corrientes de agua.
La iniciativa, registrada con la nomenclatura 5057, ingresó ayer a la Dirección Legislativa y establece de 5 a 8 años de prisión inconmutable y multas de entre Q1 millón y Q1.5 millones para las personas individuales o jurídicas que en nombre propio, o en representación de otra, desvíen o alteren de cualquier forma el cauce de ríos, arroyos, manantiales y fuentes naturales del vital líquido.
De aprobarse el proyecto, las sanciones aumentarían en un tercio si el hecho fuere cometido por un funcionario o empleado público, pero no aplicaría para las municipalidades, los cuales se encargan de la conducción y distribución de agua para el servicio de la población.
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