miércoles , 27 noviembre 2024
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Productividad, crecimiento económico y ley de competencia

Antonio Romero

Viceministro de
inversión y competencia, Mineco

Guatemala está muy cerca de dar un paso trascendental hacia una economía moderna y más justa. Me refiero a la aprobación de una ley de competencia, orientada a garantizar que los empresarios eficientes, visionarios y dispuestos a regirse por las reglas del mercado, estén protegidos de prácticas anticompetitivas de sus competidores. 

En esencia, la iniciativa promueve y salvaguarda la competencia en los mercados. Implica la prevención de las prácticas monopolísticas, la eliminación de los obstáculos a la entrada y el fomento de la igualdad de condiciones para todos los participantes en el mercado.

Además, cultiva un entorno en el que las empresas deben competir por la preferencia de los consumidores, por medio del mérito, la calidad y el precio, en lugar de depender de tácticas anticompetitivas para sofocar la competencia.

Tenemos una oportunidad única para crear una institucionalidad sólida, técnicamente competente y que goce de prestigio. 

Hace unos días, después de mucho ir y venir, se aprobó en el Congreso de la República, en segunda lectura, el citado anteproyecto de ley, identificado con el número 5074. El texto propone la defensa de la competencia a través de: i) La prohibición de prácticas anticompetitivas y la creación de la institucionalidad para supervisar e impedir que estas se produzcan; ii) La supervisión de la concentración de los mercados y iii) La promoción de la competencia.

Una de las principales fortalezas es que plantea crear una superintendencia de competencia autónoma y descentralizada, que gozaría de independencia y capacidad técnica para hacer cumplir la ley.

En las discusiones recientes sobre el tema, se han obviado los efectos que las políticas de competencia tienen sobre el crecimiento y la productividad de las economías. La reciente publicación del Informe Económico América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, bajo el título Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?, hace un aporte muy oportuno a la discusión en Guatemala.

En primer lugar, señala que la ausencia de competencia en la región hace que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios de menor calidad, lo que reduce el bienestar general y contribuye a una desigualdad más elevada.

A diferencia de los hogares con mayores recursos, los más pobres no pueden acceder a bienes y servicios en mercados extranjeros con mayor competencia. No les queda otra alternativa que acudir a mercados monopolizados, en los que no existen incentivos para mejorar los precios y la calidad.

El informe centra su análisis en el papel fundamental de la competencia como estímulo al crecimiento económico. El problema de ello radica en que las empresas en la región nacen y operan en un contexto de baja competencia, sin los incentivos necesarios para mejorar sus capacidades.

La composición de las empresas en América Latina y el Caribe reflejan la existencia de pocas compañías muy grandes, coexistiendo con una multitud de empresas diminutas. No existe un segmento de pequeñas y medianas firmas fuertes, capaces de ejercer presión competitiva sobre las más grandes. Según el estudio, esta distribución asimétrica es causa de la baja productividad y la alta
desigualdad.

Respecto a los resultados de las agencias de competencia en la región, el estudio advierte sobre elementos de diseño que limitan su efectividad como la falta de independencia de autoridades adscritas a los ministerios de Estado y la carencia de personal y presupuesto suficientes. En Guatemala se deben considerar estas lecciones para crear una agencia de competencia independiente y dotada de los recursos necesarios. 

Tenemos una oportunidad única para crear una institucionalidad sólida, técnicamente competente y que goce de prestigio. Allí están el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos como ejemplo de que apostar por instituciones robustas da buenos resultados. El proyecto de ley de competencia presenta una oportunidad estratégica para que el país aborde los problemas económicos sistémicos que han obstaculizado su progreso.

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