El Ejecutivo prevé presentar esta semana en el Congreso dos iniciativas de ley, con el propósito de cumplir con convenios suscritos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y evitar sanciones.
Una de las propuestas estaría dirigida a devolver la capacidad sancionatoria a la Inspectoría General de Trabajo, según indicó la ministra del ramo, Leticia Teleguario; sin embargo, esta tendría que salvar distintos obstáculos al llegar al Parlamento, pues, al parecer, no existen acuerdos en esa materia.
Hasta ahora, los conflictos laborales se resuelven en los tribunales de justicia, lo cual hace que los trámites se retrasen, opinó el diputado Ovidio Monzón, presidente de la comisión que aborda el tema en el Legislativo, quien considera imprescindible resolver el asunto.
“En 2001 se dio la reforma que le permitió a la Inspectoría la imposición de sanciones, pero fue declarada ilegal por la Corte de Constitucionalidad. Por ello, la OIT ha planteado de nuevo la necesidad de que este ente tenga un poder efectivo, aspecto que debe ser discutido por los diputados”, manifestó Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Las previsiones
Empero, el congresista recordó que ya ha habido intentos al respecto, sin que se haya obtenido un resultado positivo. “De hecho, en 2014 se dictaminó favorablemente un proyecto, pero el rechazo de distintos sectores impidió su aprobación, por lo que quedó engavetado”, dijo.
A criterio de Teleguario, en esta ocasión la diferencia sería que se trata de una propuesta consensuada, por lo cual se mostró optimista de que sea avalada.
“Además, se pretende que la Inspectoría no solo pueda aplicar las sanciones en los casos que se amerite, sino que se convierta en una entidad que brinde asesoría tanto a los empleadores como a los trabajadores, con el propósito de prevenir conflictos”, expresó la funcionaria.
De acuerdo con lo informado, el proyecto de ley incluye la creación de una unidad de probidad y transparencia, cuya función sería fiscalizar el quehacer de los inspectores, con la finalidad de evitar la corrupción.
Materia sindical
Con la segunda iniciativa se pretende homologar la legislatura nacional con el Convenio 87 de la OIT, concerniente a la libertad sindical, manifestó la ministra, e hizo referencia a uno de los apartados en el cual se garantizaría el derecho de organización de los trabajadores y a efectuar huelgas en las empresas, pero sin paralizar por completo la producción.
“Esto permitiría a los empleados dar a conocer sus inconformidades, sin que las compañías se vean afectadas, mientras se buscan las soluciones apropiadas a los problemas que generan las molestias”, explicó Teleguario.
De acuerdo con Monzón, en el proyecto también tendría que plantearse el mecanismo para crear el sindicato de industria, una controversia que lleva unos 30 años sin resolverse en el país, debido a la cantidad de asalariados pertenecientes a ese sector.
Por su lado, Adolfo Lacs, representante del sector sindical, subrayó que la Comisión de Expertos de la OIT recomendó al Estado no solo reformar la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, sino también los Códigos de Trabajo y Penal, pues considera que en el país se limita la huelga en el sector público.
Propuesta del Cacif
Durante la socialización de la iniciativa de ley para devolver la capacidad sancionatoria a la Inspectoría General de Trabajo, el sector privado planteó la necesidad de que el Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo sea el encargado de imponer las sanciones a las empresas que violen los derechos de los empleados.
“Estamos de acuerdo con que la autoridad administrativa pueda imponer sanciones, pero no necesariamente que sean los inspectores, pues en su posición están propensos a caer en chantajes”, explicó Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
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