El Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2022 aprobado por el Congreso de la República es mucho más que un plan de desarrollo social y económico de país. En realidad, esta proyección financiera es un ejercicio democrático y un modelo de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora que la auditoría social es una exigencia y responsabilidad mundial, los gobiernos que se consideran democráticos y honestos han impulsado acciones que no solo admiten sino que facilitan el control ciudadano sobre la manera en que se dispone del erario, tanto en las dependencias públicas como en las organizaciones no gubernamentales, incluyendo a las empresas privadas que ejecutan parte de los impuestos.
La proyección de ingresos y gastos 2022 responde a los acuerdos universales tácitos y formales entre gobernantes y gobernados. De esa cuenta, el presupuesto de Guatemala del próximo año incluye 13 normativas que fomentan la transparencia de las inversiones, pero también agrega controles orientados a la ejecución por resultados; es decir, al traslado de fondos previo a la medición “de avances de acciones y evaluación de si las erogaciones se traducen en mejoras para los ciudadanos”.
Como advierte el contenido del especial sobre el Presupuesto General de Ingreso y Egresos 2022 que inicia hoy el Diario de Centro América, y que se extenderá hasta el próximo miércoles, la ley en mención es una herramienta importante para el desarrollo equitativo e inclusivo de la nación, porque prioriza la inversión en infraestructura productiva, que generará empleo y estimulará la economía local.
Finalmente, conviene señalar el carácter democrático del plan de gastos, el cual comenzó durante la última semana de julio, cuando se convocó el llamado Presupuesto Abierto, que constó de 7 talleres temáticos en los cuales participaron representantes de la sociedad civil y concluyó con la aprobación de 112 diputados del Congreso de la República, integrantes de las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
