Destacado
Presidente firmará Declaración de Chapultepec para garantizar la libertad de prensa
AGN
Durante la conferencia de prensa de este lunes 11 de noviembre, el secretario de comunicación social de la presidencia, Santiago Palomo, anunció que el presidente Bernardo Arévalo firmará esta tarde la Declaración de Chapultepec.
“La firma de esta declaración reafirma nuestro compromiso con el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la garantía del ejercicio periodístico sin censuras, sin hostigamientos y sin persecución”, explicó el secretario Palomo.
La firma, que se realizará con representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa y participará como testigo de honor el periodista José Rubén Zamora.
En enero de 2024, pocos días después de tomar posesión, el presidente Arévalo recibió una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés)
En ese encuentro, Roberto Rock, presidente de la SIP, aseguró que observó una apertura del gobierno para respetar los derechos de los periodistas.
“Tuvimos una larga conversación con el presidente Arévalo. Lo vimos cómo alguien muy convencido de sus propósitos, muy comprometido con el tema de libertades y muy comprometido también con la necesidad de una Guatemala más libre, más unida y justa”, dijo Rock en enero de 2024.
En ese encuentro, el presidente Arévalo recibió la Declaración de Chapultepec y se comprometió a analizarla para poder firmarla, un hecho que finalmente ocurrirá este 11 de noviembre.
Declaración de Chapultepec busca garantizar la libertad de prensa
La Declaración Chapultepec fue creada en marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión que se realizó en la ciudad de México.
Es un decálogo de principios y una declaración de derechos que busca garantizar la libertad de expresión y destaca que este es un derecho de la población.
Además, es enfática en pedir que se respete el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, para que estos no sean sancionados ni amenazados por su trabajo.
Otros países que ya han suscrito la declaración son Panamá, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana.
EFE
La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó este pasado martes un extenso comunicado en el que anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de «proscripción» en su contra.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.
Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.
EFE
El presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que el “sistema de impunidad busca sobrevivir” y señaló principales retos para combatir la corrupción durante su primer año de Gobierno.
El mandatario guatemalteco afirmó que “el cáncer de la corrupción” no puede ser “erradicado” con facilidad porque dentro del Estado sigue existiendo “un sistema de impunidad que busca sobrevivir”.La declaración de Arévalo de León se dio durante la celebración del Congreso Internacional de Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana, organizado por el sector privado, en un evento en el que también participó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
“La principal de las trabas es el acoso permanente del Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló el presidente, en referencia a las múltiples denuncias y procesos penales que existen en su contra y en contra de sus funcionarios.
“Desde que tomamos posesión en enero hasta el día de hoy cada gaveta que abrimos y cada archivo que leemos nos cuenta una historia de codicia, manipulación, descuido y descaro”, en referencia a las prácticas de sus antecesores.
Arévalo de León responsabilizó al Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de “aprovechar” la pandemia de la COVID-19 para enriquecerse, así como de haber permitido otras estructuras de corrupción en instituciones públicas.
El presidente aseguró que el objetivo de su Administración es dejar antes de su salida, en 2028, “las bases de un sistema nacional anticorrupción” que permita limpiar los procesos de contratación en el sector público.
En 2023, Arévalo de León ganó las elecciones de forma sorpresiva, tras superar a los candidatos tradicionales que encabezaban las encuestas y de camino a su investidura enfrentó intentos judiciales de la Fiscalía por evitar su llegada al poder.
Entre enero y noviembre del presente año, el Gobierno guatemalteco ha interpuesto alrededor de 60 denuncias por actos de corrupción y anomalías en contratación de personal y construcción de obras de las administraciones anteriores.
La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el permiso concedido por el Juzgado Segundo de Instancia Penal en el caso Transurbano para que el excandidato presidencial Manuel Baldizón se movilice por todo el territorio. El fallo obliga al órgano jurisdiccional modificar las medidas sustitutivas y solo le deje trasladarse en el departamento de Guatemala.
“La Sala denunciada concedió una disposición a favor del procesado sin que se diera el contradictorio correspondiente, por lo que varió las formas del juicio y dejó al Ministerio Público en completo estado de indefensión”, cuestionó la Fiscalía en la solicitud de apelación que fue otorgado por la máxima Corte.
El político fue ligado a proceso en octubre de 2022 por financiamiento electoral ilícito, y se le dictó falta de mérito por lavado de dinero, falsedad ideológica con agregación electoral y asociación ilícita.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval, y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el fundador del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) desvió 80 millones de quetzales de esta empresa de transporte para financiar su campaña.
En julio de este año, la jueza Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo D, cerró un segundo litigio por el caso Odebrecht, en el que fue denunciado por utilizar dinero de sobornos para promocionar su candidatura en los comicios de 2015.
