Diputados oficialistas, de Raíces y de VOS presentaron acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con las que buscan detener la publicación y entrada en vigencia del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codede), y la Secretaría General de la Presidencia hará lo mismo.
El parlamentario Raúl Barrera indicó que con este recurso tienen como objetivo “prevenir un daño grave e irreparable”, y que la CC instruya al Congreso a la no publicación de la ley que pretende asegurar que los Codede puedan continuar utilizando en 2026 los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2025, pese a que existe un veto presidencial.
El legislador José Carlos Sanabria dijo que la Corte de Constitucionalidad debe poner orden y suspender la difusión y los efectos del Acuerdo Legislativo 6-2025, que le daría vida al Decreto 7-2025.
“Es irresponsable e inconstitucional forzar la aprobación de un decreto, pese al veto presidencial”, afirmó el legislador, quien añadió que forzar la aprobación del Decreto 7-2025 debilita el sistema democrático y el régimen constitucional.
“Por esta razón, como bancada Semilla, presentamos una acción de amparo ante la CC en contra del Congreso, al tomar una decisión apresurada, irresponsable, inconstitucional y abusiva, al sancionar y ordenar la publicación del Acuerdo 7-2025, pese al veto presidencial”, puntualizó Sanabria.
En el mismo tema el diputado Raúl Barrera, explicó que tomando en cuenta que, acuerdo todavía no ha sido publicado, lo que procede, según la literal D del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es promover un amparo para prevenir un daño “grave e irreparable”.
Al mismo tiempo añadió que, en caso el Acuerdo Legislativo 6-2025 sea publicado y que, como consecuencia se tenga indebidamente sancionado el Decreto 7-2025, oportunamente vetado por el Presidente de la República, lo que se debería plantear es una acción de inconstitucionalidad.
Barrera añadió que es importante aclarar categóricamente que sería “catastrófico” que una resolución de la alta Corte permitiera que una simple votación rechace un veto presidencial. “El artículo 189 de la Constitución es categórico al preceptuar que el número mínimo de votos válidos aceptable para rechazar un veto presidencial es 107. Un precedente de esa naturaleza sería inadmisible y sería el rompimiento del orden constitucional desde la Corte de Constitucionalidad”.
El congresista señaló que la CC debe conminar al Congreso e instruirlo para que esto no se publique, y señaló que sería “sumamente grave” que se dé validez a un acuerdo legislativo que desconoce una facultad constitucional.
Diputados independientes del grupo Raíces también presentaron un amparo para frenar la vigencia del Decreto 7-2025.
Samuel Pérez opinó que este recurso es contra el procedimiento “irregular” que realizó el Congreso al rechazar el veto presidencial sin contar con 107 votos y al no enviar este a la Corte de Constitucionalidad.
“86 diputados, por pura avaricia y ningún otro motivo, decidieron irrespetar la Constitución y al pueblo de Guatemala; quieren hacer creer que hay un debate sobre interpretaciones jurídicas que, por cierto, no existió cuando el expresidente Alejandro Giammattei hacía este tipo de cosas, con la aprobación del decreto que nunca debió cobrar vigencia y rechazando el veto presidencial sin tener los votos necesarios”, puntualizó Pérez.
El parlamentario mencionó que es innegable que para impugnar un veto presidencial se necesitan 107 sufragios “que no tenían, y al verse derrotados recurrieron a un fraude de ley”, afirmó.
Además, la bancada VOS también accionó ante la CC con el propósito de dejar sin efecto el acuerdo que ordena que se publique el Decreto 7-2025; expresaron los miembros del grupo que ese acuerdo “permite que los Consejos de Desarrollo sigan siendo bolsones de corrupción”.
El jefe de bancada Jairo Flores dijo que el amparo es contra el Congreso por la orden de publicar el Decreto 7-2025 y el hecho de no tomar en cuenta el veto presidencial”. Aunado a ello, Orlando Blanco señaló que quienes apoyaron esa normativa “están preservando recursos clientelares”.
Veto era necesario
El sector privado y tanques de pensamiento se pronunciaron contra la aprobación en el Hemiciclo del Decreto 7-2025, que beneficia económicamente a los Codede, y solicitaron el veto al mandatario Bernardo Arévalo.
El Cacif expuso que la norma viola el principio de anualidad presupuestaria. Advirtió que, de entrar en vigor, abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que establece la Constitución. La Cámara de Comercio y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales se manifestaron en los mismos términos y señalaron que el decreto relaja controles en un entorno de riesgo.
Además, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se pronunció y advirtió que, de aprobarse la normativa que permite ejecutar fondos a los Codede de manera extemporánea, tendría efectos negativos, por lo que expresó su profunda preocupación por las implicaciones fiscales de la ley, y recomendó públicamente al jefe de Estado emitir un veto.
Deja un comentario