La eficacia y la diafanidad de las instituciones dependen de quienes las conducen.
Una vez más han sido estremecidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la madriguera congresil y sus dominios. Podredumbre que ha arrastrado por décadas corrupción e impunidad que empaña la gestión del que teóricamente es el más alto poder representativo de un Estado democrático, que se supone, debiera revestirse de legalidad, probidad y transparencia. Sin embargo, no tienen fin los hechos anómalos y antojadizos, protagonizados por los “padres de la patria” que con su actuar desgastan y opacan la institucionalidad.
Es insostenible la credibilidad de la población en el trabajo de los “representantes del pueblo”; irónica denominación, menos mal que son quienes nos representan y velan por el interés común y el bienestar de la patria. Verdaderamente, entristece y encoleriza la actuación de muchos legisladores y exlegisladores, pues en lugar de proponer iniciativas que saquen a flote a nuestro país del atolladero en el cual se encuentra, y que ha sido causado por ellos mismos, se han dado a la tarea de hacer negocios que violentan la legalidad con absoluto cinismo para satisfacer sus caprichos, en la ejecución de un poder obnubilado y mezquino. Prueba de ello, han sido aprehendidos dos expresidentes del Congreso de la República y van planteadas 17 solicitudes de antejuicio contra el mismo número de diputados de esta legislatura, por tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado por sustracción, (este último es el nombre elegante al robo de fondos públicos), entre otros delitos que les han imputado.
¿Qué más estará por develarse en ese cubil? Sin duda, el transcurrir de los días y el accionar de la justicia nos lo dirán, pues ahora el tema en el imaginario, es el de las contrataciones de personas en las llamadas Plazas Fantasmas que han quedado evidenciadas y a la espera de una resolución judicial. Es decepcionante y preocupante lo sucedido en el ámbito parlamentario, pues además, de ser el organismo contralor y fiscalizador de las acciones del poder ejecutivo y sus funcionarios públicos, debiera ser el ente en el cual se preparen los pactos nacionales, que nos lleven avante como nación.
Ahora bien, ¿qué solvencia moral tendrá en este momento el Congreso de la República, para citar a funcionarios de gobierno e inquirirles acerca del buen manejo de la cosa pública? Si el ejemplo externado por algunos de sus representantes permanece en vitrina. Guatemala, urge de congresistas comprometidos, no solo con la sociedad, sino con la ley y la transparencia de la función pública, sin tropiezos que obstaculicen su desempeño como tal. Es imperiosa una verdadera representatividad que haga valer los derechos y obligaciones de las y los ciudadanos, y se incluyan a todos los sectores sin excepción. La eficacia y la diafanidad de las instituciones dependen de quienes las conducen. Por ello, se debe continuar con el saneamiento de las entidades. La depuración parece la única ruta que los diputados han trazado.
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