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EDITORIALES

Por el regreso de la gobernabilidad

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Las fuerzas del orden empezarán a retomar el control en Ixchiguán y Tajumulco, municipios en los cuales el Organismo Ejecutivo declaró estado de sitio, refrendado por el Congreso de la República y publicado hoy en este matutino.

Mil elementos del Ejército y 500 de la Policía Nacional Civil comenzarán su despliegue en 4 aldeas de esos lugares, según el planteamiento del Ministerio de la Defensa Nacional, cuyo titular, Williams Mansilla, aseguró que esperan retomar las riendas de la región en no menos de 72 horas, durante las cuales se practicarán allanamientos en busca de armas y escondites que puedan ser utilizados por grupos ilícitos.

Las indagaciones sobre el área han evidenciado la presencia de supuestos narcotraficantes de México y Colombia, así como de armamento de grueso calibre. Además, a finales de marzo se hizo un operativo y se erradicaron 16.6 millones de matas de amapola, con un valor estimado de Q416 millones 586 mil 550.  Por estas razones no se descarta que los efectivos viajan preparados ante la posibilidad de una recepción violenta.

Por aparte, el contingente está conformado por personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para asegurar que las labores se lleven a cabo con todo el respeto a las garantías de los habitantes, así como  del Ministerio Público, para velar por el debido proceso en las diligencias y eventuales capturas. Mientras tanto, se espera que el Organismo Judicial también participe con la designación de jueces.

Asimismo, las autoridades de Salud y Educación trabajarán para que  los servicios se mantengan activos los 30 días que durará la intervención, para no afectar a los eventuales pacientes y que los alumnos no se atrasen en sus clases. Adicionalmente, en el eje de la transparencia la cartera del Tesoro evalúa la creación de un programa para contabilizar los gastos que se deriven de las operaciones.

El Gobierno de Guatemala no puede permitir focos de ingobernabilidad en los que se atente contra la integridad de las mayorías, mientras que grupos de poder alimentan una crisis en favor de intereses espurios aprovechándose de disputas añejas, a las cuales se les podría dar solución mediante el diálogo y la concertación.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Ampliación al subsidio de combustibles

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La crisis económica mundial, generada por diferentes factores, ha impactado en las finanzas de los guatemaltecos, quienes se han visto afectados por el incremento de los precios de algunos productos esenciales.

Debido a esta situación, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tomado acciones para apoyar a la población, y entre las iniciativas se puede mencionar el apoyo a los consumidores de gas propano, por medio del subsidio al citado insumo, lo cual favorece a los usuarios.

El Ejecutivo también promovió en el Congreso ampliar la ayuda económica a los consumidores de gasolinas y diésel, que se encarecieron debido al conflicto vigente entre Rusia y Ucrania.

El pasado martes, el Gobierno de la República envió al Congreso otra iniciativa de ley, que modifica el monto del subsidio a la gasolina regular y al diésel, que eran los únicos que contaban con ese apoyo, con Q2.50 y Q5, respectivamente, y amplía el aporte a la gasolina superior.

Afortunadamente, los diputados aprobaron ayer de urgencia nacional el apoyo económico temporal a los consumidores de carburantes, por un período de dos meses, tal y como lo solicitó el Ejecutivo.

De esa cuenta, el Decreto 28-2022, respaldado por el Congreso, establece que el subsidio al galón de gasolina superior, que antes no gozaba de este beneficio, será de Q5, e igual monto para el de la gasolina regular, así como de Q7 para el diésel.

La nueva normativa, que reformó el Decreto 20-2022, pretende mantener los precios de la canasta básica en el ámbito nacional, de los servicios del transporte y de otras necesidades de la población guatemalteca.

La fuente de financiamiento del apoyo temporal son los saldos de caja que provienen de la buena recaudación de 2021, por lo que no se afectarán las finanzas del Estado.

Editor DCA
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Avances en la rendición de cuentas

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Entre las acciones que impulsa el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, está la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público.

Con ello se pretende cristalizar los procesos en relación con los proyectos, para que la población pueda enterarse cómo marchan los mismos y en qué se está invirtiendo el dinero producto de sus impuestos.

Se ha puesto en marcha una serie de acciones que incentivan la fiscalización o auditoría social sobre los programas a cargo de las instituciones públicas, como los ministerios y secretarías, entre otras instancias que manejan fondos del Estado.

La Política Nacional de Datos Abiertos es una de las iniciativas que promueve tales ejercicios ciudadanos, y la entidad encargada de monitorear los resultados es la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Entre sus beneficios se menciona que se puede analizar libremente los ingresos y gastos gubernamentales. Los ciudadanos pueden conocer las inversiones en infraestructura y se promueve la participación dinámica en la toma de decisiones sobre temas relevantes.

Las autoridades de la mencionada comisión y del Mingob presentaron ayer los resultados del programa, correspondiente al período 2018-2022, en los cuales se pudo constatar el cumplimiento de metas establecidas en la política, los avances de las estrategias e implementación del Portal Nacional de Datos Abiertos.

En el índice de cumplimiento, las entidades mejor evaluadas superaron una ponderación de más de 8.1 de calificación, y son 12 instituciones las que lograron el nivel alto.

Las variables evaluadas fueron los Comités de Datos Abiertos conformados, el porcentaje de información publicada en los portales web, los conjuntos de cifras dadas a conocer en el Portal Nacional de Datos Abiertos y la información de normas legales, entre otras.

Editor DCA
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Alimentación Escolar como política de Estado

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El Programa Alimentación Escolar (PAE) es una de las iniciativas insignia del Ministerio de Educación (Mineduc), que tiene como objetivo ayudar en la nutrición de la niñez estudiantil del sector público.

El PAE cuenta con aliados en el ámbito nacional, entre ellos las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que administran los recursos otorgados para el proyecto y son las encargadas de garantizar los alimentos para la niñez.

A pesar de la pandemia del Covid-19, el mencionado programa no dejó de llegar a los alumnos de preprimaria y primaria del país. La alimentación fue distribuida de manera puntual a los padres de familia.

Con el citado proyecto escolar, Guatemala se ha posicionado como uno de los países que tiene como política de Estado el referido sistema de apoyo a la población estudiantil.

Ese liderazgo fue reconocido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante una actividad que celebró los 10 años de las Escuelas Sostenibles de América Latina y el Caribe.

Un informe de la institución internacional destaca que en los últimos 10 años se han aprobado e implementado leyes de alimentación escolar en Guatemala, Paraguay, Honduras y Ecuador, con base en la metodología de Escuelas Sostenibles.

En el caso de nuestro país, según los informes proporcionados por el Mineduc, el Gobierno se ha fijado metas de beneficiarios por año, lo cual es determinante para definir y programar el presupuesto anual que se requerirá.

Las autoridades han anunciado que está por iniciarse la tercera entrega de fondos del PAE, que implica un presupuesto de Q789.2 millones. Se beneficiará a 2.6 millones de educandos de preprimaria y primaria, de 29 459 escuelas oficiales del país.

Además, este año cobró vigencia el aumento de Q2 por tiempo de comida aprobado por el Congreso de la República, lo que permitió elevar a Q6 la inversión por alumno. Con ello, el Gobierno reafirma su compromiso con la niñez en edad escolar.

Editor DCA
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