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EDITORIALES

Por el regreso de la gobernabilidad

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Las fuerzas del orden empezarán a retomar el control en Ixchiguán y Tajumulco, municipios en los cuales el Organismo Ejecutivo declaró estado de sitio, refrendado por el Congreso de la República y publicado hoy en este matutino.

Mil elementos del Ejército y 500 de la Policía Nacional Civil comenzarán su despliegue en 4 aldeas de esos lugares, según el planteamiento del Ministerio de la Defensa Nacional, cuyo titular, Williams Mansilla, aseguró que esperan retomar las riendas de la región en no menos de 72 horas, durante las cuales se practicarán allanamientos en busca de armas y escondites que puedan ser utilizados por grupos ilícitos.

Las indagaciones sobre el área han evidenciado la presencia de supuestos narcotraficantes de México y Colombia, así como de armamento de grueso calibre. Además, a finales de marzo se hizo un operativo y se erradicaron 16.6 millones de matas de amapola, con un valor estimado de Q416 millones 586 mil 550.  Por estas razones no se descarta que los efectivos viajan preparados ante la posibilidad de una recepción violenta.

Por aparte, el contingente está conformado por personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para asegurar que las labores se lleven a cabo con todo el respeto a las garantías de los habitantes, así como  del Ministerio Público, para velar por el debido proceso en las diligencias y eventuales capturas. Mientras tanto, se espera que el Organismo Judicial también participe con la designación de jueces.

Asimismo, las autoridades de Salud y Educación trabajarán para que  los servicios se mantengan activos los 30 días que durará la intervención, para no afectar a los eventuales pacientes y que los alumnos no se atrasen en sus clases. Adicionalmente, en el eje de la transparencia la cartera del Tesoro evalúa la creación de un programa para contabilizar los gastos que se deriven de las operaciones.

El Gobierno de Guatemala no puede permitir focos de ingobernabilidad en los que se atente contra la integridad de las mayorías, mientras que grupos de poder alimentan una crisis en favor de intereses espurios aprovechándose de disputas añejas, a las cuales se les podría dar solución mediante el diálogo y la concertación.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Un sólido paso hacia la seguridad democrática

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Diez meses y tres semanas después, el país avanza. Cambia, para bien. Pese al tétrico panorama que algunos pintan en redes sociales, en especial, en cuentas cooptadas por sectores procorrupción e impunidad, la verdad se impone. Los guatemaltecos empiezan a notar la diferencia que implica un Ejecutivo honesto, comprometido con la población, frente a aquellos que se robaron el dinero y la esperanza.

El cambio viene con la nueva mentalidad de gobernar. De una visión distinta, moderna, que dejó atrás pensamientos obtusos, retrógrados. De aquellas ideas que perviven en la guerra interna. En anacronismos perversos, que persiguieron la pobreza y combatieron la libertad de ideas.

Con esta nueva forma de hacer política, de concebir las estrategias, llegan la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024. La primera, donde se plasman los conceptos sobre el tema. La segunda, que refleja las prioridades que deben enfrentar el Estado y la sociedad para garantizar una vida plena, responsable y libre.

Con ambas, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se apartan de la “tragedia colectiva”, como le llamó el mandatario, que dejaron las visiones pasadas. Buscan sanar la “sociedad desgarrada” que heredaron.

Parafraseando al jefe de Estado, la nueva política de seguridad se concibe desde una lógica democrática, que pone a las instituciones del Estado al servicio y bienestar de las personas. Pero también de sus derechos y libertades, que respeta la Constitución, las garantías individuales y, en especial, la voluntad popular expresada en las urnas.

Una estrategia que, igualmente, advierte que no se dejará intimidar por los delincuentes. Ni siquiera por los de cuello blanco y conciencia negra. Los peores. Además, prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad social.

Un plan que nace luego de largos procesos participativos y diversos en torno a la seguridad en paz, que mejoró el tratado marco suscrito en 1995 por los presidentes de Centroamérica. En fin, una política que enfrenta problemas añejos desde perspectivas diferentes, que adopta el sabio consejo que mientras se siga haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados distintos.

Editor DCA
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EDITORIALES

Un Plan de Gobierno que empieza a cambiar vidas

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Cuando se revisa el Plan de Gobierno 2024-2028 del Partido Movimiento Semilla, que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, se advierte que cada meta cuantifica inversiones y la cantidad de obras que se ejecutarán. Esta guía, tan precisa y transparente, tiene sus ventajas y perjuicios. Sobre todo, cuando toca rendir cuentas.

Lo cierto es que el documento no es un listado de buenas intenciones. De propósitos incuantificables. Al contrario, son objetivos medibles. Metas exactas. Por ejemplo, en materia habitacional, la agrupación se propuso disminuir el déficit de viviendas y mejorar el acceso a servicios públicos básicos, a fin de llevar bienestar a las familias.

Al objetivo se le puso el cómo y el cuánto, algo de lo que han carecido anteriores propuestas. El Plan de Gobierno 2024-2028 de Arévalo y Karin Herrera destaca que se impulsarán “formatos financieros” que permitan acceder a residencias dignas. La semana pasada se creó el programa Mi Primera Casa y, ayer, se entregó el primer inmueble a la familia Méndez, que residirá en Ciudad Quetzal.

Dicha iniciativa comienza con un capital revolvente de 750 millones de quetzales, que se ampliará a 4 mil millones en lo que resta de gestión. Además, el Ejecutivo asume el compromiso de subsidiar 10 mil casas durante su administración. 

Según el jefe de Estado, en dos días han recibido más de 1 mil 200 solicitudes de créditos. Cifra que se explica ante la ausencia de proyectos residenciales gubernamentales probos, pese a la creciente demanda de estas construcciones. De hecho, por primera vez en 94 años, el Crédito Hipotecario Nacional (que se fundó el 4 de diciembre de 1929) sufraga un plan habitacional de esa magnitud.

Para concluir lo que se contempla en el plan de trabajo de Arévalo y Herrera, a fin de mejorar las condiciones de vida en los hogares de las familias más necesitadas, conviene referir que se destinarán 650 millones de quetzales para ampliar del 88 al 95 por ciento la cobertura de agua potable y 7 mil 100 millones para el acceso universal a energía eléctrica.

En fin, metas cuantificables. Objetivos medibles. Proyectos que buscan el bienestar general, la generación de empleo y la certeza de que cuando la decencia impera, el dinero alcanza.

Editor DCA
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EDITORIALES

Hoy, el Gobierno tiene las llaves de los presidios

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Es la triste realidad que afrontaba el Sistema Penitenciario (SP), una institución que estaba en poder de los reos, quienes imponían las reglas y condiciones. Dentro y fuera de los presidios. Suena vergonzoso, y lo es. Increíble, pero así era. Parece cuento, burla o chanza.

Lo anterior explica lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, a quien ayer se le entregó el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla. El primero de los que el Gobierno tiene contemplado transformar, con el objetivo de quitarle las llaves a los privados de libertad.

La historia de esta y otras penitenciarias se escribe con sangre y vergüenza. Sangre de quienes fueron asesinados mediante planes fraguados desde las prisiones. Vergüenza ajena, que se reparte entre las autoridades anteriores, incapaces o cómplices de los desgobiernos, de estos espacios en los que se extorsionaba y se vendía drogas.

Como bien lo manifestó el mandatario, este era un refugio permanente e impenetrable. Un cuartel general donde los delincuentes perpetuaban sus negocios, irónicamente,  mientras cumplían su condena.

Pero esto cambió. Hoy, el Organismo Ejecutivo no volteará la mirada mientras los criminales se roban el sueño y la tranquilidad de los guatemaltecos. 

Ahora, no mandará el más fuerte ni el más poderoso. Tampoco valen las influencias. Quien se atreva a corromper o corromperse se mantendrá en las cárceles, pero como un condenado más. Como corresponde a aquellos exfuncionarios y exgobernantes que lucraron, a los que la justicia algún día alcanzará. Tal vez no este año ni el otro, pero sí cuando el trabajo que hoy hacen personas honestas tenga sus efectos en la construcción de la nueva primavera.

Este nuevo concepto carcelario, que se consolida en apenas 10 meses de gestión, no deja nada al azar. Los controles son serios y vanguardistas e incluyen a los guardias, quienes estaban a expensas de los forajidos.

Parafraseando al jefe de Estado, las prisiones ya no serán centros del crimen. Esta vez se acabó El Infiernito. Llegó la Renovación I, un penal que marcará la diferencia. Que deja en los ciudadanos decentes las llaves que impedirán el regreso de un capítulo vergonzoso. Infame. Corrupto.

Colaborador DCA
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