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COLUMNAS

Por el derecho laboral

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Sebastián Toledo [email protected] 

Uno de los desafíos, aún con grandes pendientes para alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad, es lograr su participación en igualdad de condiciones en la actividad productiva del país. 

En encuesta de 2005, se constató que más del 85% no tiene acceso al trabajo, el 13% de quienes sí lo hacen se desempeña en actividades de la economía informal, por lo que solo el 2% tiene relación de dependencia. Estos datos se reconfirman en una segunda encuesta, en 2016, pero no con cifras específicas que, ante la pandemia del Covid-19, la exclusión se agudizó.

Tomando en consideración que el trabajo permite satisfacer las principales necesidades de todo ser humano, se puede decir entonces que las personas con discapacidad se han visto restringidas de este derecho.

Situación que se debe a una serie de factores: la falta de información sobre sus capacidades laborales, las limitadas oportunidades de formación y capacitación, la carencia de políticas y programas que potencien su participación, entre otras causas.  

Consciente de esta problemática y sus efectos en la vida personal y familiar del colectivo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social organizó la primera Feria Nacional del Trabajo para Personas con Discapacidad, acción que contó con el apoyo del gobierno central, que no solo da visibilidad a una necesidad, sino también busca motivar la solidaridad del sector empresarial.

Derivado de tan importante iniciativa, muchas empresas privadas han ofrecido una cantidad de empleos, así como las instituciones de gobierno. Tal es el caso del Ministerio de Gobernación, institución que incluirá a colaboradores con discapacidad, un ejemplo que se espera sea adoptado por otras entidades.

Seguramente será de esa manera, dado  que existen directrices emanadas de la Presidencia de la República. Definitivamente que no se logrará superar los índices de esta histórica exclusión, pero es desde ya una valiosa contribución a una de las más grandes necesidades de la población con discapacidad.

Corresponde ahora a las instituciones y organizaciones vinculadas a la promoción de los derechos del sector brindar la orientación necesaria, para el oportuno aprovechamiento de las ofertas laborales derivadas de esta feria.

Sebastián Toledo
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COLUMNAS

Desarrollo sustentable

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Patricia Orantes Alarcón 

patricia.orantes @gmail.com

Durante mucho tiempo las estrategias de las empresas solo buscaban maximizar el rendimiento para los accionistas y los inversionistas.

No había expectativa alguna de cumplir los objetivos de preservación ambiental o de responsabilidad social. La empresa se destinaba a cumplir las demandas únicas de sus
propietarios. 

Sin embargo, hoy el escenario es diferente, ya que las organizaciones compiten en un contexto más complejo. Actualmente las entidades no solo toman en cuenta a los grupos de interés, sino a las generaciones futuras (Chiavenato & Sapiro, 2011).

Por ello, cada vez es evidente que el interés estratégico de las organizaciones es operar en ambientes saludables, considerando el ambiente y el entorno socioeconómico, porque solo en esas condiciones los mercados encuentran la oportunidad de crecer y prosperar. 

El concepto de desarrollo sostenible en el ámbito internacional aparece en 1987 en un informe de las Naciones Unidas, en el que los habitantes del planeta gozan del derecho a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano.

Así el desarrollo sustentable, que satisfaga las demandas de todas las partes interesadas, se integra a la agenda de todo proceso de planeación estratégica de una organización cualquiera cuya meta sea alcanzar resultados de modo sustentable a largo plazo.

Por otro lado, también es evidente que el desarrollo sustentable no será tarea de una organización de manera aislada. El desarrollo sustentable es un concepto que extrapola los límites tradicionales de la organización y se necesita la participación de todos (del Gobierno a los consumidores, de los distribuidores a las ONG). 

Así identificar y armonizar los intereses de los diferentes grupos objetivo en una premisa del concepto del desarrollo sustentable, que fomentará la credibilidad y el valor a largo plazo de las organizaciones según los autores Chiavenato & Sapiro.

De acuerdo con estos autores, se puede definir el desarrollo sostenible como patrón de uso de recursos y que al mismo tiempo cumpla las demandas humanas y organizacionales, preserve el ambiente de manera que no comprometa los recursos y las necesidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias demandas y necesidades.

Por su parte en el portal web https://www.certificaciondesustentabilidad.org/comunicacion-sostenible.html define a la comunicación sostenible como aquella que tiene como principal objetivo acompañar, facilitar y promover las formas sostenibles de desarrollo humano para sociedades sostenibles. 

Asimismo, promueve los valores de la sustentabilidad, el diálogo, la identidad, la transparencia, la legitimidad, la gobernabilidad; crea comunidad y aumenta la sostenibilidad del sistema en su
conjunto.

Los medios de comunicación constituyen un agente moderador social de primer orden y pueden ser utilizados como un instrumento de control importante capaz de investigar y denunciar acciones inapropiadas de los poderes públicos, así como de educar, sensibilizar y movilizar acciones en defensa de los problemas ambientales. 

La sociedad escudriña a las organizaciones a través de los medios de comunicación para analizar su accionar y decidir si les renueva o no la licencia social para operar. Ya no alcanza con hacer las cosas bien, sino que además hay que hacer que se sepan.

En este portal indica que aquello que no está en la arena mediática no es de dominio público por lo tanto prácticamente deja de existir. 

A este problema se suma que la opinión pública considera que aquello que se transmite a través de los medios de comunicación y de interacción social es la realidad, y que además es verdad, desconociendo que solo hay que mirar, escuchar, leer y relacionarse con los medios para saber qué es lo que éstos dicen de la realidad.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Rusia-Ucrania: lo que sucede y lo que vendrá (IV)

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Mathieu González

Facultad de Artes Liberales

Si en los próximos meses Ucrania logra mantener tanto el corredor de exportación agrícola, como también dañar de forma importante la capacidad de refinar petróleo de Rusia, la guerra evolucionará favorablemente en su dirección.

Respecto a sus respectivos aliados, Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán (especialmente en cuanto a drones) y de Corea del Norte (sin los millones de obuses de artillería que esta última ha enviado, la artillería rusa estaría enfrentando problemas similares a los de la ucraniana).

A cambio de esta ayuda, Rusia ha ayudado a ambos países a violar las sanciones de Naciones Unidas que ella misma había aprobado anteriormente en el Consejo de Seguridad. Una reciente investigación ha mostrado cómo Rusia ha entregado importantes cantidades de petróleo a Corea del Norte por su apoyo (lo cual es otra muestra de la importancia que tiene para la estrategia ucraniana atacar la industria petrolera rusa).

Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán.

En cuanto a los apoyos a Ucrania, estos últimos meses han visto aumentar la separación entre Europa y Estados Unidos. En el lado europeo, el apoyo de los países escandinavos, bálticos y la mayoría de Europa Central y Oriental, así como del Reino Unido, sigue firme.

Notable es la evolución francesa con Macron, quien hace dos años tenía una posición y un discurso ambiguo respecto a Ucrania, y quien hoy en día se ha transformado en uno de sus principales apoyos.

Alemania continúa con su política de entregar ayuda militar masiva, pero se niega a proporcionar a Ucrania armas como los misiles Taurus, que podrían permitirle asestar golpes catastróficos a las capacidades rusas.

Al otro lado del Atlántico, la ayuda a Ucrania se encuentra bloqueada por disputas internas dentro del partido republicano y por la posición favorable a Putin de parte de Trump. 

                    Continuará… 

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Un sinfín de permisos

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Felipe Schwember Augier

Profesor investigador de Faro UDD

Seguramente no resulta una temeridad conjeturar que la así llamada “permisología”, con todo lo que supone, es un fiel reflejo de la mentalidad recelosa, cuando no hostil al mercado, que lenta, pero inexorablemente, fue germinando en Chile en las últimas dos décadas.

Sus efectos avalan esa conjetura: la permisología retarda, obstaculiza, impide el desarrollo de proyectos de toda índole en el territorio nacional; desalienta, desmoraliza, disuade a los empresarios de invertir y, probablemente, incluso de buscar oportunidades de inversión.

Quizás las muchas desventajas que comporta la permisología no estaban en la mente de quienes promovieron las numerosas leyes ya medidas que, a modo de sedimentos, la fueron conformando.

Más bien deben haber pensado en la necesidad de atajar lo que le parecieron efectos indeseados de la actividad económica. No obstante, a estas alturas es claro que su razonamiento fue equivocado y que las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.

Las medidas adoptadas (el sinfín de permisos) es contraproducente de cara al bienestar general de la población.

Con todo, esa constatación no basta. Para conjurar los defectos de la permisología es necesario exponer y desechar la premisa en que con toda probabilidad descansa: la idea de que las dinámicas productivas del mercado son de suyo perjudiciales para el grueso de la población.

Sin esa premisa resulta difícil comprender que hayamos llegado tan lejos en la construcción de la burocracia imposibilitante que llamamos “permisología”.

Después de todo, es diferente regular con vistas a hacer posible una actividad, a regularla con vistas a dificultarla o hacerla improbable. La regulación del matrimonio, por ejemplo, es habilitante, no imposibilitante.

Esto último sería el caso si el legislador exigiera muchas y muy exigentes condiciones encaminadas a comprobar que los contrayentes no se van a hacer daño: declaraciones de los familiares, amigos y conocidos, certificados psicológicos, entrevistas, pruebas de fertilidad, etcétera.

Esto se complicaría aún más si los funcionarios encargados de llevar a cabo estos trámites no tuvieran un plazo fatal para hacerlo y, además, creyeran que la institución del matrimonio es dañina.

Este escenario kafkiano podría ocurrir si el regulador (y los funcionarios) creyeran que la institución misma es dañina (pero no derogable, sin embargo) yo que los contrayentes por regla general no saben lo que hacen ni lo que les conviene.

La idea de fondo que anima a la permisología debe ser abandonada, pues no puede sino llevar a legislar de un modo contrario a la libertad: si usted piensa que una institución es dañina, las medidas encaminadas a contener sus efectos pueden multiplicarse al infinito.

En tal caso, cada medida de control reclama, por sí misma, la medida de control ulterior que la asegure; cada medida adoptada para evitar un riesgo puede y debe ser complementada con otra ulterior que elimine el riesgo que ella misma causa.

La deriva distópica es obvia. Para evitarla, es preciso que la legislación sea habilitante, no
imposibilitante. 

Colaborador DCA
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