Durante 2024, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) implementaron una serie de operativos que arrojaron resultados positivos. Entre ellos destacan la desarticulación de 118 estructuras delictivas y la captura de 43 mil 169 personas por diversos delitos. De estas, 2 mil 707 detenciones estuvieron relacionadas con extorsiones.
Las acciones son una muestra del compromiso del combate a la criminalidad, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, lo cual fue valorado por expertos que sugieren fortalecer las estrategias implementadas.
Según los datos oficiales, entre los extorsionistas detenidos se registraron 1 mil 204 hombres y 1 mil 503 mujeres. Además, 104 menores de edad fueron remitidos a los tribunales correspondientes por su implicación en este tipo de delitos, mientras que en las cárceles del país, 538 reos recibieron nuevas notificaciones de cargos relacionados con estos crímenes.
En términos operativos, la incautación de 3 mil 751 armas de fuego y la recuperación de 751 automóviles y 1 mil 412 motocicletas con reporte de robo contribuyen a mejorar la seguridad en las calles. Esto ha sido posibles gracias al trabajo conjunto de unidades especializadas de la PNC, el apoyo interinstitucional y la colaboración de la ciudadanía mediante la denuncia.
Balance positivo
Francisco Girón, experto en temas de seguridad nacional, calificó como positivas las cifras obtenidas, y destacó que las acciones de inteligencia e investigación policial jugaron un papel determinante. “Estos logros demuestran que las estrategias implementadas al inicio de esta gestión están dando frutos, contrario a los pronósticos de quienes auguraban un incremento de la criminalidad”, comentó.
Girón enfatizó la importancia de reforzar las acciones de seguridad en 2025 y recomendó llevar a cabo campañas que incentiven la denuncia ciudadana como una herramienta clave para prevenir delitos.
Mario Mérida, catedrático y analista en seguridad, reconoció los avances, pero señaló que el problema de las extorsiones sigue siendo una amenaza a la gobernabilidad del país.
Mérida instó a las autoridades a ser más enérgicas y a garantizar que los esfuerzos de la Policía no se vean desvirtuados por decisiones judiciales en favor de los arrestados.
“Es crucial que los jueces valoren el esfuerzo policial. Cada medida sustitutiva que otorgan pone en riesgo los avances logrados y la percepción de justicia en la población”, afirmó.
Ambos coincidieron en la necesidad de intensificar el control en las prisiones, espacios desde los cuales se gestan muchas de las llamadas extorsivas. Reforzar la vigilancia y aplicar medidas que limiten la capacidad de operación de las redes criminales al interior de los centros de privación de libertad será fundamental para mantener la tendencia positiva en los índices de criminalidad, apuntaron.
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