Poder y Estado de derecho

El poder real debe coincidir con el poder formal.

 Hace unos años en una conferencia en un centro académico, un ministro de Gobierno afirmó que el poder político del Estado no se encontraba en su totalidad en manos del Estado, que ese poder político no era ejercido por quienes habían sido electos por la voluntad soberana del pueblo a través del voto. Eso significaba que el poder real en ese momento no coincidía con el poder formal, lo cual también podía traducirse en que el poder no estaba en donde lo establecía la ley, tal y como reza la Constitución. ¿Cómo era esto posible?

Lo primero que hay que asentar es que la situación descrita viola el Estado de derecho, ya que desde la perspectiva de este, el poder político del Estado debe de residir en el Gobierno, no en grupos u organizaciones al margen de las instituciones estatales que no han recibido el voto popular, es decir, no electas.

El ministro, en quien descansaba la política financiera y fiscal, al afirmar que el Gobierno no tenía la totalidad del poder, quiso decir que en Guatemala no gobernaban las leyes, sino el arbitrio de quienes ejercían un poder fáctico. No se requería esfuerzo para entender que: al margen del Estado de derecho, el poder económico del país ejercía de hecho y en gran medida el poder político del Estado.

Lo segundo es preguntarse qué corresponde hacer para que se restablezca el Estado de derecho en el ámbito del ejercicio del poder político. El académico chileno, Manuel Antonio Garretón, militante de la Democracia Cristiana de ese  país, señaló al cambio de siglo que la democracia latinoamericana tenía un gran desafío: fortalecer las instituciones políticas del Estado, como única forma de neutralizar la voluntad avasalladora de los poderes fácticos. Con acierto, él observaba que la debilidad de las instituciones políticas y jurídicas (parlamentos, sistemas de justicia, partidos políticos y la división de poderes) abría la puerta a la injerencia ilegal e inconstitucional de élites tradicionales y no tradicionales en la conducción del Estado.

Con la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el Congreso y con la sanción del Ejecutivo, nuestro sistema político dio un paso en la dirección correcta: fortalecer al sistema de partidos políticos, crear en parte las condiciones para su fortalecimiento institucional, propiciar que sean más autónomos de quienes a través del financiamiento ejercían ese poder inconstitucional, no apegado al derecho.