Foto: CIV

Un tercer carril más del kilómetro 61 de la ruta al Atlántico se prevé habilitar hoy, tras los trabajos de limpieza realizados desde el desprendimiento de tierra ocurrido el pasado 6 de octubre, anunció Carlos Asturias, titular de la Dirección General de Caminos.

Asturias informó que los esfuerzos de remoción de residuos, que obstruían el paso, contaron con el apoyo de dos empresas privadas. Aunque la vía podría liberarse hoy, Asturias advirtió que aún persisten riesgos de desprendimientos de tierra y rocas debido a la inestabilidad del paredón, lo que pone en peligro tanto a los trabajadores como a quienes transitan por la zona.

El funcionario explicó que el carril que permanecerá cerrado se usará temporalmente para construir una borda perimetral, destinada a contener el área mientras se aseguran las condiciones de la montaña. Dicha borda será retirada una vez concluyan los trabajos, dejando un muro perimetral como protección permanente.

Ruta al Pacífico

En paralelo, el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, comunicó que hoy también se iniciarán las labores de mejora en la autopista Palín-Escuintla. Tres empresas fueron seleccionadas para trabajar en los kilómetros 39, 44 y 45, con un plazo de 150 días para concluir las obras. 

Estos esfuerzos incluyen la construcción de disipadores de energía, muros estabilizados, limpieza de alcantarillas y protección hidráulica en las áreas afectadas.

Alvarado también mencionó que avanzan las negociaciones para retomar los proyectos de los pasos a desnivel en la avenida Petapa y la calzada Roosevelt, los cuales fueron suspendidos por problemas administrativos.

Luis Carrillo

En tan solo seis días hábiles al frente de la Dirección General de Transportes (DGT), las nuevas autoridades descubrieron irregularidades que afectan el funcionamiento de la institución. 

Ana Elizabeth Velásquez, titular de esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), reveló en conferencia de prensa que entre las anomalías detectadas destacan 6 mil 170 trámites suspendidos, entre ellos la falta de trazabilidad en más de 600; algunos de ellos se remontan a 1996, así como un registro adelantado para 2027, lo que pone en evidencia un descontrol en la gestión documental.

Velásquez subrayó la urgencia de reorganizar la DGT bajo tres pilares fundamentales: procesos, institucionalidad y equipo. La acumulación de 9 mil 900 días de retraso en expedientes atascados es un reflejo del caos, afirmó.

Otra de las situaciones es la discrecionalidad en la gestión de trámites administrativos. Además, se identificaron irregularidades en el uso de vehículos oficiales y en la asignación de combustible. 

Impacto negativo

El titular del CIV, Félix Alvarado, destacó el impacto negativo que la corruptela ha tenido en la DGT. Recordó que en 2003 hubo numerosos incidentes de tránsito que involucraron al transporte público no regulado, que dejaron cientos de víctimas. “La omisión de un funcionario público y la corrupción de un particular, por intereses propios, han puesto en riesgo la vida de las personas”, aseveró Alvarado.

Ambas autoridades coincidieron en que la reestructuración de la DGT será un proceso complejo y demandante, pero necesario.

Luis Carrillo Fotógrafo: Mario León

La elección de magistrados para las Cortes de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría, realizado el martes de esta semana en el Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad civil.

En una conversación con María de los Ángeles Fuentes, directora de Guatemala Visible, y el abogado constitucionalista Édgar Ortiz, se abordan los desafíos identificados en el proceso de postulación, los intereses políticos que lo rodearon y las posibles consecuencias para el sistema judicial y la lucha contra la corruptela en Guatemala.

¿Quién cree que llegaría a ser el presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia y cuáles podrían ser sus prioridades?

Es difícil saberlo con certeza, ya que la elección dependerá de la votación del pleno de la Corte. Sin embargo, quien sea elegido debe poner en el centro de su agenda la recuperación del sistema de justicia en el país.

¿Considera que los nombramientos de los titulares de las salas de apelaciones se harán de manera transparente?

La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de hacer las designaciones de forma transparente, lo cual incluye explicar los criterios utilizados para nombrar a los titulares de las
salas. Si esto se hace bien, sería un gran avance para la justicia en Guatemala.

¿Piensa que los magistrados podrán responder adecuadamente a su cargo y demostrar independencia?

El deber de ingratitud es un principio fundamental. Aunque muchos magistrados llegan al cargo con compromisos políticos, debido al sistema, esperamos que algunos de ellos logren ejercer su función con verdadera independencia. Eso sería lo deseable.

¿Cómo analiza la participación de organismos internacionales como observadores del proceso?

Es una observación saludable. Tener ojos internacionales sobre el proceso siempre es positivo, ya que puede ayudar a detectar irregularidades.

Sin embargo, para que sus sugerencias sean útiles, sería ideal que trabajen con actores locales, lo cual permitiría que las recomendaciones se adapten a nuestra realidad.

¿Con la renovación de las Cortes se podría reducir la persecución selectiva?

Esperemos que sí. Si los nuevos magistrados actúan con criterio y transparencia se podría poner un alto a la persecución judicial selectiva que ha sido tan evidente en los últimos años. Eso sería un gran logro para el país.

¿Qué impacto tendrá este proceso a largo plazo en el sistema judicial y en la democracia?

No creo que haya un impacto significativo en el corto plazo. El proceso de nombramientos es disfuncional, por lo que no es realista esperar grandes cambios inmediatos. Pero, este podría ser el primer paso para comenzar a dialogar sobre reformas constitucionales en el sector justicia, algo que Guatemala necesita de manera urgente.

Con el reciente proceso realizado en el Legislativo, ¿cree que hubo transparencia en la evaluación y elaboración de las listas de candidatos?

Hubo un nivel de transparencia, pero los retrasos irreparables que ocurrieron dejaron muy poco tiempo para mejorar el análisis de los expedientes. Eso comprometió, en gran medida, la calidad de la evaluación.

En cuanto a la selección, ¿considera que se priorizaron los méritos, perfiles y experiencia de los aspirantes?

No. No se priorizaron los méritos ni la experiencia. El proceso en el Congreso estuvo marcado por intereses políticos, como ha sido en elecciones anteriores. El tiempo apremiante y la proximidad de la fecha límite impidieron un análisis adecuado de los perfiles.

¿Cree que hubo una deliberación adecuada para garantizar la renovación integral de las Cortes?

La elección fue demasiado rápida en comparación con otros procesos. No se puede esperar una renovación integral bajo esas condiciones. Lo ideal sería renovar los cuadros que no han dado resultados o que tienen señalamientos.

¿La inclusión de figuras cuestionadas podría afectar la legitimidad de las nuevas Cortes?

Todos tienen derecho a postularse. Pero el problema surge cuando estos candidatos son electos. Se necesitan mecanismos de selección que permitan excluir, desde el principio y hasta el final, a aquellos que no cumplen con los méritos necesarios. Si afecta o no, dependerá de las acciones que tomen quienes asuman las magistraturas.

¿Cómo podría anticiparse que van a ser las resoluciones judiciales que conozcan a futuro?

Definitivamente, la elección en el Congreso responde a intereses políticos. Sin embargo, los magistrados electos tienen la responsabilidad de responder al deber de ingratitud; es decir, deben garantizar su independencia y evitar devolver favores a quienes los eligieron.

¿Qué rol considera que jugaron los pueblos indígenas y otros sectores en la fiscalización del proceso?

Fue un papel importante. El proceso fue abierto y permitió la observación de diversos grupos, incluidos los pueblos indígenas. No obstante, los retrasos al inicio del trabajo en las postuladoras limitaron la participación ciudadana, lo cual podría haber enriquecido la fiscalización.

Luis Carrillo