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EDITORIALES

Planes de desarrollo para el bienestar del país

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El Gobierno de Guatemala ha impulsado en los últimos tres años el bienestar de los ciudadanos. El Presidente se propuso trabajar por las familias más necesitadas, y en ello ha enfocado sus acciones.

Sin embargo, las propuestas no son tomadas de manera unilateral, ya que el jefe de Estado promueve la participación de todos los sectores, para identificar las necesidades de la población, a fin de buscar soluciones a los problemas.

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) es uno de los foros en el cual se formulan propuestas, ya que en este espacio están representados todos los sectores sociales del país. Por ello, el mandatario, con base en las normas legales, utiliza este espacio con el propósito de que lo planeado en beneficio de la población más pobre cuente con el respaldo respectivo.

El pasado viernes, en la reunión del Conadur, las delegaciones representadas en este foro avalaron que el próximo año se ejecuten Q3 376 064 658 en proyectos que consolidarán el progreso de la población. El monto es preliminar, pues podría variar en el transcurso del año.

En esta oportunidad, el dignatario exhortó a continuar labrando, como equipo, la ruta al desarrollo propuesto desde el Gobierno.

Aquí, lo importante es que nuestro país siga en la senda de la prosperidad. Los fondos están orientados a 2347 proyectos para el próximo año. El financiamiento se enfoca en educación, introducción y distribución de servicios de agua potable e infraestructura de fomento para la producción, entre otros planes.

De esa manera, las autoridades elaboran un legado de oportunidades para el país. Ello refleja que el interés primordial es atender lo que establece la Constitución Política de la República: Trabajar por el bien común de todos.

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El desarrollo del Petén pasa por recuperar la presencia del Estado

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Por incompetencia o por complicidad, las anteriores autoridades de los organismos del Estado no solo se despreocuparon de atender el departamento más grande del país, sino que lo pusieron en una situación de desamparo, que fue aprovechada por diversas estructuras criminales.

Así las cosas, Petén se convirtió en un territorio donde gobernaban las mafias que trafican personas, mercancías y drogas. El abandono del territorio fue tal, que el crimen organizado llegó al extremo de quemar impunemente los bosques, con el propósito de contar con extensiones más amplias para el aterrizaje de avionetas que transportan narcóticos de Colombia, Ecuador y Perú, por mencionar algunos países.

La urgente necesidad de poner orden y mejorar las condiciones de vida de los peteneros motivó al presidente y a la vicemandataria, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente, a reunirse con los alcaldes y liderazgos sociales, con el fin de escuchar sus necesidades y crear los programas y proyectos que permitan resolver los problemas que angustian a los pobladores.

Luego de constatar los daños causados por los incendios y tras escuchar a los vecinos, encuentros en los que participaron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, el binomio presidencial definió un plan que permitirá llevar tranquilidad y desarrollo integral. El mismo incluye, como elemento base, mayor presencia estatal y el despliegue de efectivos militares y policiales.

Además, se impulsará una estrategia con la que se dotará de energía eléctrica al departamento y se fortalecerá el puesto fronterizo que se hará cargo de imponer los controles pertinentes en la zona. Adicionalmente, se pavimentará la carretera a Melchor de Mencos, algo que el Ejecutivo considera primordial porque optimiza las condiciones de vida de los connacionales y contribuye al desarrollo turístico de Petén y de Guatemala.

Llevar prosperidad y esperanza a este territorio es más que una obligación del Estado; de ahí que Arévalo y Herrera lo vean como un acto de justicia hacia un pueblo que sueña con una nueva primavera.

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Basta de privilegios y concesiones espurias

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Los aplausos que recibió el Ministerio de Gobernación tras quitar los guardaespaldas asignados a 17 congresistas reflejan el cansancio de los guatemaltecos contra los privilegios que, anteriormente, se concedían e intercambiaban las máximas autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La disposición, valiente y acertada, muestra el espíritu democrático y transparente de un Gobierno que busca acabar con ese sistema corrupto que aún funciona en diversas dependencias del Estado, las cuales han sido manejadas de una forma malévola e inescrupulosa.

De esa cuenta, en breve, los guatemaltecos tendrán a su servicio a otros 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se turnaban para proteger a los parlamentarios, casi todos del partido Vamos, agrupación que a su paso por la gestión pública saqueó el erario y hoy es el principal obstáculo para el desarrollo integral e inclusivo del país.

La medida, como bien comentan los expertos, también representa un paso enorme para dignificar a los policías, quienes debían asumir funciones indignantes, lejanas a sus procesos formativos y a su experiencia en el campo de la seguridad.

De igual manera, revertir esta polémica instrucción permite corregir una presunta ilegalidad, dado que algunas asignaciones se efectuaron de manera verbal, injustificada y sin los respectivos análisis de riesgos que ampararan designar al personal.

Está claro que la guerra contra la corrupción y los corruptos requerirá solventar otras batallas, tomando en cuenta la inmundicia heredada y bajo la cual algunos fiscales, parlamentarios y jueces pretenden seguir viviendo. Ahora, tocará esperar cómo reaccionan los presuntos afectados, quienes, casi con seguridad, extremarán sus estrategias para impedir que florezca la nueva primavera.

Pero sería bueno que previo a cualquier represalia, ellos y sus aliados en curules, tribunales o fiscalías escuchen la voz de los connacionales, quienes ya están hartos de ver cómo unos pocos se aprovechan de sus puestos para llevar una vida de reyes a costa de los impuestos que, con esfuerzo y trabajo, aportan las grandes mayorías.

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Informe de Moody´s desnuda la realidad política del país

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En su más reciente análisis de situación, fechado 11 de julio de 2024, en el que la agencia calificadora de riesgo país reitera la perspectiva Ba1 de Guatemala, Moody’s Ratings incluye observaciones que conviene analizar, por la certeza de sus comentarios, los cuales evidencian una percepción cada vez más amplia
e inobjetable entre los connacionales.

En sus reflexiones, valiosas por la calidad intelectual y técnica de la comitiva que constató la situación, Moody’s Ratings resalta su creencia de que existe un “programa anticorrupción fortalecido” que comenzó el 14 de enero de 2024, cuando asume el nuevo Gobierno. Además, valora los esfuerzos que existen para mejorar la infraestructura productiva y comunitaria y las reformas sociales que contribuirán con la mejora del perfil crediticio del Estado.

A lo anteriormente expuesto, cuya valía viene de la independencia y reputación internacional que tiene la entidad, hay otro aspecto que desnuda nuestra realidad partidaria, la cual dificulta los esfuerzos gubernamentales para alcanzar desarrollos íntegros e inclusivos con mayor celeridad.

Moody´s lo describe de esta manera: “El riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio del país, incrementado (por) la obstrucción en el Congreso, lo cual dificulta implementar reformas, así como la continua resistencia de una parte del poder judicial”.

Tomando en consideración el análisis de la agencia, vemos con mucha tristeza y vergüenza la apreciación que existe en el extranjero respecto de nuestro sistema “republicano y democrático”. Un sentir que rechaza a las mafias enquistadas en algunos organismos, las cuales entorpecen, por maldad o corruptela, los programas y obras que puedan dignificar la calidad de vida de los compatriotas.

Moody´s deja claro que el enemigo está en nuestra propia casa, lo que torna necesario fortalecer la estrategia por la decencia, la cual sacude y resta vida a quienes por negligencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial gozan de impunidad y privilegios, prerrogativas que comenzarán a terminar cuando la Fiscal General abandone el cargo.

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