Por supuestas anomalías en la suscripción de contratos con compañías que prestan servicios en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Izabal, diputados del bloque Todos solicitaron al Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas realizar las investigaciones correspondientes.
La bancada en mención hizo una fiscalización y habría descubierto la existencia de firmas de cartón y la sobrevaloración en el pago de servicios, dijo el dirigente de la agrupación, Mynor Cappa, durante una reunión efectuada ayer en el Congreso.
A la junta acudió la procuradora general de la nación, Eugenia Villagrán, quien indicó que ya se preparan dos denuncias penales en este caso, con el fin de que el MP determine si se han cometido actos ilícitos y señalen a los implicados.
“Se dará acompañamiento a las entidades estatales que accionen legalmente”, dijo la funcionaria, lo cual fue bien visto por Fernando Lorenzana, presidente de la Junta Directiva de la Portuaria, quien expresó que estas acciones no alcanzarían a la actual administración.
Presentarán demanda
Villagrán también informó que el viernes se presentará la demanda de nulidad del contrato con la Terminal de Contenedores Quetzal.
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