Piden desechar denuncia de fiscal Nisman

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina Javier De Luca emitió un dictamen en el que pide que se desestime la denuncia que el fallecido Alberto Nisman realizó en 2015, contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunto encubrimiento de terroristas.

Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía, apenas una semana después de que un tribunal admitiera los recursos presentados contra la decisión judicial de rechazar reabrir esa denuncia, que Nisman planteó 4 días antes de aparecer muerto en su casa, con un tiro en la cabeza, en circunstancias que todavía se investigan.

El 1 de noviembre, la Cámara Federal aceptó recursos de casación presentados por el fiscal Germán Moldes y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el brazo político de la comunidad judía local, que cuestionan la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia de Nisman por inexistencia de delito, un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal en septiembre.

Es así, que la Cámara Federal declaró admisibles esos recursos, y el tribunal emplazó a las partes para que comparezcan a mantener sus pedidos ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Cumpliendo órdenes

En ese proceso, y mientras ese último juzgado decide si se reabre o no la denuncia, el fiscal Javier De Luca, considerado afín al kirchnerismo, solicitó que se desestime definitivamente esa querella contra la ex jefa de Estado.

En abril de 2015, de Luca, que fue nombrado encargado de impulsar la denuncia de Nisman ante la Cámara de Casación, había considerado que su fallecido colega no acreditó la existencia de tal delito y desistió de avanzar en la causa.

El 28 de septiembre, Moldes, en declaraciones radiales, se mostró convencido de que De Luca iba a deshacer su trabajo y denegar la reapertura, cumpliendo con “las órdenes que emanen de sus comisarios políticos”.

Nisman, encargado de investigar el atentado contra la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, sostenía en su denuncia que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los sospechosos, a cambio de impulsar el intercambio comercial.

El pacto nunca fue ratificado por Irán y en Argentina, tras ser aprobado por el Parlamento, fue declarado inconstitucional.