Organizaciones de derechos humanos solicitaron formalmente ayer a un juzgado de El Salvador agilizar el proceso penal contra militares por el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980), reabierto hace más de ocho años, para que pase a juicio.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero, y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.
El abogado Alejandro Díaz, miembro de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, denunció “el estancamiento del proceso, la falta de investigación y diligencias útiles en el caso”.
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una ceremonia religiosa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de matar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido con el que fue diputado y candidato presidencial.
Dicho documento también apuntó que en la planificación y ejecución del crimen participaron los capitanes del Ejército salvadoreño Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
“Hoy, a 45 años del asesinato, pedimos que el caso pase a otra etapa”, dijo el abogado.
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