Manuel García, Redacción
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, presentó una acción de inconstitucionalidad que busca frenar la vigencia del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
La normativa fue vetada por el presidente Bernardo Arévalo y devuelta al Congreso, que la rechazó sin seguir el procedimiento previsto en la Constitución.
El precepto permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) retener y utilizar en 2026 los fondos no ejecutados este año.
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