Bogotá, EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró ayer que el país inició “un golpe de Estado” con la ponencia favorable presentada por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña.
Los magistrados del CNE Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia y también piden sanciones contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, compañía que supuestamente fue su gerente de campaña, revelaron medios locales.
Petro habló durante una jornada con los barrios populares en Cartagena de Indias, donde manifestó que lo anunciado supone que “11 millones y medio de colombianos (que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022) van a perder sus derechos políticos”.
“Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo, tiene que dejar el cargo porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, añadió.
“Si el pueblo dice más adelante, iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde ordenen”, expresó.
Ponencia de los magistrados
La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados.
En 2023 ya se había iniciado el caso. Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió “con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial” del pacto histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022.
