La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó ayer la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso de Perú a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
La mandataria informó del tema en una ceremonia pública realizada en el Palacio de Gobierno de Lima. La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina de los Andes peruanos, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército, en 1985.
La unidad estaba al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de
23 años de cárcel.
Presidenta arropada por militares y policías
A la ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima asistieron representantes de policías y militares que participaron en distintos episodios del conflicto armado interno, como los comandos de la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a 72 de los 73 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón, si bien varios de ellos fueron señalados de presuntas ejecuciones extrajudiciales de muchos terroristas cuando ya se habían rendido y entregado.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000, según se especificó.
Deja un comentario