Desde su creación, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de mayo de 1985, la actual Constitución Política de la República de Guatemala ha estado en debate respecto a sus bondades y faltas, de manera que durante su existencia ha sido ajustada una vez, en 1993, y han existido diversos conatos por modificarla.

Entre estas tentativas se pueden mencionar la fallida consulta popular tras los Acuerdos de Paz, en 1999; la sugerencia del grupo Pro-Reformas en 2008, la del consorcio Usac-URL-Asies en 2010, la planteada por Otto Pérez Molina en 2012, y la más reciente, presentada el año pasado por los tres poderes del Estado, mediante la propuesta 5179.

Estos intentos aluden a la falta de fortalecimiento del sector justicia y la participación indígena, por lo que de alguna manera, estas propuestas pretenden mejorar la institucionalidad en el país y garantizar el funcionamiento de la democracia.

Puntos de vista

Para Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, estas enmiendas permitirán la independencia del sistema de leyes, logrando que la elección de autoridades en este sector tenga mayor representatividad y el poder sea balanceado.

Amílcar Pop, de Winaq, dijo que estas iniciativas liberarían el sector de presiones y de actividad administrativa innecesaria.

Sin embargo, existen otros que se oponen, como el exconstitucionalista Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, quien cree que estos son perjudiciales, pues crearán un espacio ideal para la cooptación, la corrupción y el manejo desmedido de poder por un solo sector.

Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, aclaró que los cambios que reciban luz verde aún deben ir a consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre si las avalan o mantienen el actual sistema.

En la actualidad se discute el artículo 7, que busca la creación del Consejo Nacional de Justicia, instancia que tiene sus simpatizantes y opositores.

El 6, que trata el período de funciones de magistrados y jueces, fue el tercero en aprobarse. Los puntos 1 y 2 se perdieron porque no lograron alcanzar los votos suficientes; estos hablaban de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados.

El 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para conocerse hasta en último lugar, mientras que los numerales 4 y 5, que hablan sobre Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez fueron aprobados.

Modificaciones

Los cambios que se plantean a la Constitución Política de la República empiezan con el antejuicio, que no se logró limitar, pero se busca darle al Ministerio Público el poder de realizar investigaciones preliminares más profundas ante denuncias contra funcionarios, aun si estos gozan de antejuicio.

Se cierra también la posibilidad de las comisiones de postulación, que ya no seleccionarán a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de Apelaciones, ni de fiscal general. Contempla la creación de un Consejo Nacional de Justicia y la incorporación del pluralismo jurídico, reconociendo la potestad de los pueblos indígenas en funciones judiciales, aunque este último tema fue relegado para su discusión.

En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, se pretende aumentar a nueve su número de integrantes y elevar el plazo de funciones. La fiscal general amplía su período a seis años, y la elección se mantiene como facultad presidencial, pero el Presidente tiene que elegir entre una nómina propuesta por el Consejo Nacional de Justicia.

Redacción DCA