Prometen hacer campaña con total respeto y tolerencia.
Un pacto de no agresión firmaron representantes de 18 partidos políticos, quienes se comprometieron a participar con transparencia, ética y en paz”, durante la contienda electoral de este año.
La firma fue suscrita por los secretarios de las organizaciones políticas ante testigos de honor, conformados por organismos internacionales, embajadores y observadores pertenecientes a centros de estudios y entidades de la sociedad civil.
Quienes no se sumaron al acuerdo (9) podrán hacerlo en el futuro, aseguró la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos.
“Si alguno de ellos (los secretarios) no vino por alguna circunstancia especial, lo podrá hacer después”, aseveró Mijangos.
Las organizaciones políticas signantes se comprometieron a realizar campañas de proselitismo dentro del marco de paz, tolerancia, inclusión, ética, respeto y en observancia de los derechos humanos y en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El 17 de marzo se cerrará la inscripción de candidatos a puestos de elección popular y las jornadas de empadronamiento, según el programa del TSE. Un día después, arranca la propaganda electoral para todos los candidatos y deberán quedar integradas las juntas electorales departamentales que tendrán a su cargo la organización del proceso en cada departamento.
El 14 de junio al mediodía vence el plazo de la campaña electoral y el 15 entra en vigor la Ley Seca, para luego dar paso a las elecciones generales, el 16 de junio.
¿Qué más dice el pacto?
El acuerdo suscrito por los secretarios generales y los magistrados del TSE señala que deberán evitar las agresiones entre políticos, candidatos, militantes y simpatizantes, así también las campañas negras, acusaciones o litigios judiciales sin fundamento.
También se comprometen a desarrollar una campaña enfocada en un debate de ideas y propuestas donde prevalezca el respeto a las organizaciones políticas y a la dignidad de los candidatos participantes, y garantizar el buen uso de los fondos públicos y privados que reciban.
