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COLUMNAS

Para prueba un botón

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Nuestra majadería legislativa en materia electoral, incrementada por las no menores majaderas interpretaciones que hacen nuestras autoridades de las leyes, tiene una clarísima expresión –para muestra un botón– con la disposición establecida por las reformas que fueron realizadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformas ya vigentes y que establecen que la convocatoria a elecciones generales debe hacerse en la segunda o la tercera semana del mes de enero del año electoral. La segunda semana de enero comprende las fechas del ocho al catorce del mes citado y, la tercera, del quince al veintiuno por lo que la primera fecha para convocarlas, en efecto, es el ocho y la última el veintiuno, convocatoria que debe ser realizada por el Tribunal Supremo Electoral.

El pequeño detalle olvidado por nuestros legisladores, y para ajuste, con dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, con el beneplácito de las autoridades electorales y aplauso de la prensa, es que –por mandato constitucional expreso– el Presidente de la República, jefe del Estado, debe rendir todos los años, el 14 de enero, informe al Congreso de la República sobre el estado de la Nación, informe que debe ser difundido para el conocimiento de todos y que, obviamente, incluye referencia a las obras y actos realizados. Pues bien, puesto que por mandato constitucional, también expreso, una vez convocadas las elecciones tienen prohibido las autoridades –el Presidente de la República incluido– hacer difusión de la obra pública y de los actos de gobierno, si la convocatoria se hiciera en la segunda semana de enero, del ocho al catorce, el informe presidencial, no podría rendirse. En otras palabras, la posibilidad establecida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya reformada, de que las elecciones generales pudieran convocarse en la segunda semana de enero es absolutamente inoperante ya que, bajo ninguna circunstancia, podría hacerse en tal semana que, si se hiciera, impediría que pudiera rendirse el informe presidencial, violación que sería –omitirlo– de la Constitución Política de la República. La convocatoria, pues, pese al disparate legislativo, no podría hacerse sino en fecha comprendida en la tercera semana del mes de enero, es decir, el quince, la primera de las fechas posibles y, el veintiuno, la última. Aunque ya posible, desde el quince, resulta un tanto –bastante absurdo– que no pueda haber difusión del informe presidencial en los días inmediatos sucesivos al catorce de enero, fecha de su presentación: ¿un par de días, al menos, para difundirlo? Legislamos –actuamos– por ocurrencias y no nos tomamos la molestia de reflexionar mínimamente sobre las leyes que nos proponemos promulgar, siendo claro que en este caso, como en muchos, no se hizo. ¿Por qué no haber establecido mejor –sin malabarismos, ni vericuetos– una fecha fija para convocar, por ejemplo, el veintiuno de enero? En la misma línea de absurdos se abstiene la legislación electoral –reformada– de establecer un término fijo para inscribir candidatos. ¿Suficientes sesenta días? Y por qué –si malo, muy malo– que no se fije un término fijo para hacerlo –no mejor– haber definido las fechas: desde el 22 de enero (fecha siguiente a la de la convocatoria) hasta el 21 de marzo, inclusive, fecha máxima para hacerlo. ¿Tan mal funcionó que hubiera –norma anterior– dos domingos posibles para celebrar las elecciones generales que fue necesario establecer que hubieran cuatro e, incluso, como en el presente año, hasta cinco domingos, a escoger? ¿Por qué no mejor la certeza de esa fecha? ¿El primer domingo del mes de junio, por ejemplo y, por qué no la certeza de la fecha de la segunda vuelta electoral, si necesaria, el primer domingo del mes de agosto, por ejemplo, el segundo o el tercero, pero no a escoger, sino definido por la ley, uno de ellos. Con la reforma hecha a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la campaña electoral –propaganda– no puede empezar sino noventa días antes del domingo del mes de junio que se señale para celebrar las elecciones. ¿Cuándo, entonces? ¿Por qué nos fascinan los vericuetos y las sombras? Los 90 días, además, si a 90 se quiso limitar la campaña electoral, no son tales sino treinta y siete y medio ya que la campaña electoral ¿no cayeron en cuenta de esto los legisladores? termina a mediodía del viernes anterior al domingo en que se vota. ¿Podría caer bien un breve respiro entre el cierre de inscripciones y el inicio de la campaña electoral? Si, así fuere, ¿por qué no una certeza total, como la siguiente: Convocatoria a elecciones 21 de enero, cierre de inscripciones 21 de marzo; inicio de campaña 1 de abril; votaciones primer domingo de junio, segunda vuelta, primer domingo de agosto (o segundo o tercero pero, de una vez, definido por la ley). Si no se quiere interrupción entre cierre de inscripciones e inicio de campaña, pues, inicio de campaña –fecha fija– el 22 de marzo (día después del cierre de inscripciones). Con nuestra actual legislación, absurda como lo es, no sabemos –hoy– la fecha en que se convocará a elecciones, tampoco sabemos la fecha en que se iniciará la inscripción de candidatos ni la fecha en que quedará cerrada la inscripción. No sabemos la fecha en que se celebrarán las votaciones (primera vuelta ) ni la fecha en la que se celebraran –si necesarias– las de una segunda vuelta electoral. ¿Por qué nos gustan los enredos y los vericuetos? La oscuridad también priva para la adjudicación de cargos puesto que el sistema de listas –nacional y distritales– lleva que sea muy difícil de entender para los electores por qué se adjudican los cargos. En todo caso, el sistema de listados, engorroso, impide que sepa el elector quién es su diputado. Y, a propósito, ¿Quién es su diputado? Si queremos un estado de Derecho, tomémonos la molestia de legislar, sin ocurrencias, midiendo todas las consecuencias de las normas y quitemos hasta el máximo límite posible, el poder discrecional de las autoridades, fuente la discrecionalidad de arbitrariedades y de corrupción. Con fechas fijas, fatales, se podría planificar mejor la participación electoral, se eliminarían incertidumbres y se evitarían malabarismos perversos con las fechas. Para prueba, el botón: si como consecuencia de las ocurrencias legislativas –vigentes– se convocara a elecciones generales antes del catorce de enero ya no podría rendir el Presidente el informe que año con año, por mandato constitucional expreso, debe rendir. Cumpliendo con lo que permite la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada, se habría determinado la violación de la Constitución Política de la República: delito. Por otra parte, y concluyo, la ley no debería llamarse Ley Electoral “y de Partidos Políticos” puesto que también existen Asociaciones Políticas, sin fines electorales (que no son partido) y Comités Cívicos Electorales, los que también regula la ley.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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COLUMNAS

El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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