Para evitar equívocos (I)

Es importante tener claridad de conceptos, para evitar equívocos, así como partir de hechos que sean verdaderos, para evitar conclusiones que serían, si no, inevitablemente falsas y, así, vale la pena que tomemos nota y que reflexionemos sobre los siguientes extremos:

(1) Cierto es que no es quien, el Presidente de la República, como tampoco lo es ningún otro funcionario o empleado público, civil o militar, para calificar como ilegales, o no, las resoluciones dictadas por los jueces, como cierto es que no es quien, la Corte de Constitucional, como tampoco la Corte Suprema de Justicia o tribunal alguno, sea de la jerarquía y de la naturaleza que sea , para dictar resoluciones –o emitir órdenes– contrarias a las leyes.

(2) Cierto es que las sentencias judiciales y, así, también, las órdenes judiciales –las sentencias y órdenes emitidas por los jueces– no se discuten sino a través de los procedimientos establecidos por la Ley y que –fuera de estos– se acatan, pero cierto es, también, que ninguna persona está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella y que, en el caso de los funcionarios o empleados públicos, sean civiles o militares, no se encuentran obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, provengan de quien provengan.

(3) La Constitución Política de la República no es un conjunto de buenas intenciones, sino ley, como todas las otras, y debe aplicarse directamente –como se aplican todas– con la sola diferencia de que es superior a todas las demás –leyes y tratados, sean de la naturaleza que sean– y que ninguna norma de inferior jerarquía a la suya puede contradecirla o tergiversarla, ya que –de hacerlo así, sin más– incurre en nulidad y es nula.

(4) La Constitución Política de la República establece como la primera de las funciones del Presidente de la República –antes de referirse a cualquier otra– cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que implica su cumplimiento de todas las normas contenidas en la Constitución y en todas las otras leyes, y que las haga cumplir –todas– y a todos. A todos, sin excepción alguna, función a veces olvidada, por la maña que tenemos de ver a la Constitución no como la ley que es –obligatorios sus mandatos, e incluso, los primeros, y sobre todos los otros– sino como un “hermoso conjunto” o, a lo más, compendio de buenas intenciones.

No se trata, pues, de un buen propósito o de una buena intención que el Presidente tenga que cumplir y hacer que se cumplan la Constitución y las leyes, sino de mandato constitucional expreso que debe cumplirse, incurriendo en delito, incluso –incumplimiento de deberes– si dejase de hacerlo.

(5) El Presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala –no hay otro jefe del Estado en Guatemala que no sea el Presidente– y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo, ejercicio que no le corresponde por “clamor popular”. ¿Dónde el clamorímetro, para medirlo? Sino –como lo dice la Constitución– por mandato del pueblo, mandato que el pueblo le confiere a este directamente, en elecciones, elecciones libres en las que se miden los votos y no un “clamor” ninguno. Ningún grupo puede arrogarse una soberanía que solamente al pueblo corresponde y que, en elecciones libres, a través de su voto en funcionarios que libremente elige deposita.

(6) El artículo 5o. de la Constitución Política de la República exime de la obligación de acatar órdenes ilegales a los seres humanos, en general (artículo sumamente conocido) y el artículo 156 exime de hacerlo a funcionarios y empleados –civiles y militares– (artículo menos conocido) si estas son manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

(7) Cierto es que todos en general, pero con mayor razón, incluso, el Presidente de la República y demás funcionarios y empleados públicos –deben tener sumo cuidado de no caer en desobediencia– los fallos judiciales y las órdenes judiciales se acatan, desobedecerlas constituye delito, pero cierto es, también, que los jueces –incluso– aquellos que integran la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia deben ajustar los fallos y las órdenes que emiten a la Constitución y demás leyes, ya que, de no hacerlo así, incurren en prevaricato –delito– y no existiría obligación de nadie de acatarles, ni de los seres humanos, en general, ni de funcionarios o empleados públicos, sean civiles o militares.

(8) Sobre la Constitución Política de la República no existe ley o tratado alguno –sea de la naturaleza que sea– porque el artículo 204 de la Constitución establece que los jueces –todos los jueces– en toda resolución o sentencia –en todas las resoluciones o sentencias, no solo en unas– observarán obligadamente –no porque quieran hacerlo sino porque tienen la obligación de hacerlo– el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado no sobre algunas leyes y tratados, sino sobre todos, sin excepción alguna.

(9) El anterior artículo, el 204, con el artículo 175, son los únicos artículos que en la Constitución Política de la República establecen la jerarquía de la Constitución con relación a leyes y tratados, así como las consecuencias de no observar su superior jerarquía establecida, y es importante comprender que esta superior jerarquía de la Constitución es perfectamente compatible con el artículo 46 de la misma, ya que este último no se refiere a la jerarquía de la Constitución sino a la jerarquía –superior jerarquía– de los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala no de todos los tratados y convenios internacionales sino solamente de los ratificados, ya que sin la ratificación de Guatemala, en el país, cualquier tratado o convenio internacional carece de valor alguno –superior jerarquía, decíamos, sobre nuestro Derecho Interno– todo nuestro Derecho Interno, salvo, obviamente, la Constitución, ya que la jerarquía de esta la regula un artículo específico, el ya citado artículo 204 y su consecuente complemento, el 175.

(10) No es quien el Presidente de la República, como no lo es ningún otro funcionario o empleado, civil o militar, o ciudadano alguno, para calificar la legalidad, o no, de las resoluciones y órdenes emitidas por los jueces, pero, si ilegales estas, no están obligados a cumplirlas y, antes bien, obligados están a denunciar, e incluso accionar en contra del prevaricato perpetrado (resoluciones y órdenes contrarias a las leyes, sea por culpa o dolo).

Continuará

Acisclo Valladares Molina