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COLUMNAS

Para evitar equívocos (I)

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Es importante tener claridad de conceptos, para evitar equívocos, así como partir de hechos que sean verdaderos, para evitar conclusiones que serían, si no, inevitablemente falsas y, así, vale la pena que tomemos nota y que reflexionemos sobre los siguientes extremos:

(1) Cierto es que no es quien, el Presidente de la República, como tampoco lo es ningún otro funcionario o empleado público, civil o militar, para calificar como ilegales, o no, las resoluciones dictadas por los jueces, como cierto es que no es quien, la Corte de Constitucional, como tampoco la Corte Suprema de Justicia o tribunal alguno, sea de la jerarquía y de la naturaleza que sea , para dictar resoluciones –o emitir órdenes– contrarias a las leyes.

(2) Cierto es que las sentencias judiciales y, así, también, las órdenes judiciales –las sentencias y órdenes emitidas por los jueces– no se discuten sino a través de los procedimientos establecidos por la Ley y que –fuera de estos– se acatan, pero cierto es, también, que ninguna persona está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella y que, en el caso de los funcionarios o empleados públicos, sean civiles o militares, no se encuentran obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, provengan de quien provengan.

(3) La Constitución Política de la República no es un conjunto de buenas intenciones, sino ley, como todas las otras, y debe aplicarse directamente –como se aplican todas– con la sola diferencia de que es superior a todas las demás –leyes y tratados, sean de la naturaleza que sean– y que ninguna norma de inferior jerarquía a la suya puede contradecirla o tergiversarla, ya que –de hacerlo así, sin más– incurre en nulidad y es nula.

(4) La Constitución Política de la República establece como la primera de las funciones del Presidente de la República –antes de referirse a cualquier otra– cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que implica su cumplimiento de todas las normas contenidas en la Constitución y en todas las otras leyes, y que las haga cumplir –todas– y a todos. A todos, sin excepción alguna, función a veces olvidada, por la maña que tenemos de ver a la Constitución no como la ley que es –obligatorios sus mandatos, e incluso, los primeros, y sobre todos los otros– sino como un “hermoso conjunto” o, a lo más, compendio de buenas intenciones.

No se trata, pues, de un buen propósito o de una buena intención que el Presidente tenga que cumplir y hacer que se cumplan la Constitución y las leyes, sino de mandato constitucional expreso que debe cumplirse, incurriendo en delito, incluso –incumplimiento de deberes– si dejase de hacerlo.

(5) El Presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala –no hay otro jefe del Estado en Guatemala que no sea el Presidente– y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo, ejercicio que no le corresponde por “clamor popular”. ¿Dónde el clamorímetro, para medirlo? Sino –como lo dice la Constitución– por mandato del pueblo, mandato que el pueblo le confiere a este directamente, en elecciones, elecciones libres en las que se miden los votos y no un “clamor” ninguno. Ningún grupo puede arrogarse una soberanía que solamente al pueblo corresponde y que, en elecciones libres, a través de su voto en funcionarios que libremente elige deposita.

(6) El artículo 5o. de la Constitución Política de la República exime de la obligación de acatar órdenes ilegales a los seres humanos, en general (artículo sumamente conocido) y el artículo 156 exime de hacerlo a funcionarios y empleados –civiles y militares– (artículo menos conocido) si estas son manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

(7) Cierto es que todos en general, pero con mayor razón, incluso, el Presidente de la República y demás funcionarios y empleados públicos –deben tener sumo cuidado de no caer en desobediencia– los fallos judiciales y las órdenes judiciales se acatan, desobedecerlas constituye delito, pero cierto es, también, que los jueces –incluso– aquellos que integran la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia deben ajustar los fallos y las órdenes que emiten a la Constitución y demás leyes, ya que, de no hacerlo así, incurren en prevaricato –delito– y no existiría obligación de nadie de acatarles, ni de los seres humanos, en general, ni de funcionarios o empleados públicos, sean civiles o militares.

(8) Sobre la Constitución Política de la República no existe ley o tratado alguno –sea de la naturaleza que sea– porque el artículo 204 de la Constitución establece que los jueces –todos los jueces– en toda resolución o sentencia –en todas las resoluciones o sentencias, no solo en unas– observarán obligadamente –no porque quieran hacerlo sino porque tienen la obligación de hacerlo– el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado no sobre algunas leyes y tratados, sino sobre todos, sin excepción alguna.

(9) El anterior artículo, el 204, con el artículo 175, son los únicos artículos que en la Constitución Política de la República establecen la jerarquía de la Constitución con relación a leyes y tratados, así como las consecuencias de no observar su superior jerarquía establecida, y es importante comprender que esta superior jerarquía de la Constitución es perfectamente compatible con el artículo 46 de la misma, ya que este último no se refiere a la jerarquía de la Constitución sino a la jerarquía –superior jerarquía– de los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala no de todos los tratados y convenios internacionales sino solamente de los ratificados, ya que sin la ratificación de Guatemala, en el país, cualquier tratado o convenio internacional carece de valor alguno –superior jerarquía, decíamos, sobre nuestro Derecho Interno– todo nuestro Derecho Interno, salvo, obviamente, la Constitución, ya que la jerarquía de esta la regula un artículo específico, el ya citado artículo 204 y su consecuente complemento, el 175.

(10) No es quien el Presidente de la República, como no lo es ningún otro funcionario o empleado, civil o militar, o ciudadano alguno, para calificar la legalidad, o no, de las resoluciones y órdenes emitidas por los jueces, pero, si ilegales estas, no están obligados a cumplirlas y, antes bien, obligados están a denunciar, e incluso accionar en contra del prevaricato perpetrado (resoluciones y órdenes contrarias a las leyes, sea por culpa o dolo).

Continuará

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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COLUMNAS

El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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