La justicia no puede seguir postergada. El sistema llamado a garantizar derechos se transformó en un instrumento de persecución selectiva: tolerante frente a la corrupción e impunidad de redes político-criminales y severo con quienes defienden la institucionalidad democrática. Los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán exponen, con crudeza, la descomposición de algunos fiscales, jueces y magistrados que impulsan acusaciones insostenibles sin que medie el debido proceso.
Decir que el país se encuentra ante una coyuntura decisiva pareciera necedad, pero no lo es. La posibilidad de renovar la jefatura del Ministerio Público (MP), pese a la oposición de las mafias, es la única alternativa para un cambio profundo, esperado por la mayoría de guatemaltecos.
La resolución emitida ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC) muestra la importancia que tiene el MP en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho. Evidencia la urgencia del relevo administrativo, pero también de la redefinición ética, moral y técnica.
La crisis existente abarca al Organismo Judicial (OJ). El rescate de su credibilidad depende de un actuar autónomo, sin presiones, que se deshaga de las capturas internas y externas prevalecientes. Los tribunales ya no pueden ser rehenes de delincuentes de cuello blanco; deben enderezar el rumbo con decisiones valientes, lo cual incluye aspectos básicos como el respeto al debido proceso y el rechazo frontal a la manipulación de la justicia.
Los casos de Pacheco y Chaclán ilustran los costos humanos de un sistema judicial fallido. La separación prolongada de sus familias, la imposibilidad de continuar con proyectos personales y la incertidumbre diaria provocan un dolor incuantificable. Detrás de cada expediente existe una vida suspendida, relaciones rotas y expectativas truncadas.
Guatemala no soporta más. Es imposible continuar observando que los múltiples hechos de latrocinio y delitos de alto impacto permanecen impunes, mientras las causas correctas y legítimas son obstruidas por funcionarios cuestionados, quienes en cada resolución o fallo muestran su calaña y el desprecio al juicio popular.
El país necesita instituciones que protejan derechos, persigan delitos reales y obvien arbitrariedades. El momento exige decisiones firmes y la unidad nacional para poner un alto a los abusos y despropósitos de los impresentables.
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