Gabriel Orellana Rojas, abogado constitucionalista, considera que el expediente que el Ministerio Público (MP) presentó por supuestas irregularidades en la firma del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) parte de una premisa falsa. Afirma también que se prejuzga la culpabilidad de alguien, cuando la Constitución Política de la República establece que toda persona es inocente hasta que no se declare su culpabilidad.
Usted asegura que el convenio con Unops viene de años, que no lo firmó el actual Ministerio de Salud. ¿Puede ofrecer más detalles de su punto?
Desde la perspectiva constitucional y externa, que tienen mucha cercanía con el derecho constitucional, veo un poco difícil que prospere, porque el caso Unops, me parece, está montado sobre una premisa falsa en cuanto que dicen que el actual Ministerio de Salud celebró el tratado internacional, lo cual, desde el punto de vista eminentemente jurídico, es inexacto.
Ese acuerdo nunca pudo haber sido suscrito como un convenio internacional porque Unops tiene, con Guatemala, dos tratados que la facultan para operar en el país y, adicionalmente, suscribió otro interpretativo.
Todos, absolutamente todos, los demás convenios que suscriba y celebre en Guatemala son derivados del internacional. Entonces, el Ministerio de Salud, al aprovechar las ventajas, suscribió la alianza particular con Unops, pero no es un convenio y no debía pasar por el Congreso.
Eso quiere decir, en primer punto, que existe esa falsa premisa, de la cual depende toda la fundamentación jurídica.
“La investigación parte de una premisa falsa, como que el Ministerio de Salud debió llevar el acuerdo al Congreso”.
¿Cómo ve este tipo de incriminación?
Hay que tomar en consideración dos aspectos. Primero, que el MP se apoya en un supuesto convenio internacional que le dice la Contraloría General de Cuentas, pero no se ha puesto a analizar las implicaciones y la naturaleza misma del documento.
Segundo, ni la Contraloría ni el MP consultaron al único experto, según la ley, en derechos y tratados internacionales, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Qué evidencia la acusación?
No debo emitir un juicio de valor respecto a la acusación en sí, porque no me corresponde, pero sí puedo decir es que esa precariedad de elementos eventualmente los va a conducir a una sentencia desfavorable o a que, a medio camino, deba desistir del caso.
¿Ve ilegalidad en el nombre de la investigación, dado que involucra directamente al presidente Bernardo Arévalo, pese a que goza de antejuicio?
Definitivamente, es un descuido muy grande no guardar, ni siquiera, las formas. Lo que hacen es prejuzgar la culpabilidad de alguien.
La Constitución Política de la República establece el principio de inocencia que, en este expediente, se olvidó. Además, en la Ley Orgánica del MP lo llaman objetividad o imparcialidad, pero aquí bautizaron el proceso con la indicación de un delito cometido por un funcionario público.
¿Cuáles son las deficiencias o vulnerabilidades que observa?
La investigación parte de una premisa falsa, como que el Ministerio de Salud debió llevar el acuerdo al Congreso de la República.
¿Cuál es el efecto que estas persecuciones penales tienen en el Ejecutivo?
El caso crea psicosis en funcionarios y empleados públicos porque ya nadie está seguro de que se cumple el régimen de legalidad.
“El caso crea psicosis en funcionarios y empleados públicos porque ya nadie está seguro de que se cumple el régimen de legalidad”.
¿Tiene efectos en las políticas públicas?
Por supuesto, pues hay muchos funcionarios que de ahora en adelante tendrán miedo de realizar cualquier función en cumplimiento de un tratado internacional, para poner un ejemplo.
¿Cree que este tipo de acusaciones e investigaciones van a continuar por parte del actual MP?
Debemos tomar en consideración que mezclan el uso de temas jurídicos con fines políticos, pero no puedo decir cuál será la intención del MP sobre continuar o no con este tipo de acciones.
Legado profesional
• Abogado y notario graduado en la URL
• Completó estudios de posgrado en Derecho Anglo-Americano, en la Escuela de Leyes de la Universidad de New York, y Derecho Americano e Internacional en la Universidad de Texas, Estados Unidos
• Exministro de Relaciones Exteriores
• Exdiputado del Congreso de la República
• Integrante designado por Guatemala ante la Corte Permanente de Arbitraje, entre otros cargos.
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