El partido de oposición salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) presentó ayer una solicitud para derogar la modificación constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, aprobada y ratificada a finales de julio por la Asamblea Legislativa.
“Es un tema que realmente es contrario a lo que establece nuestra Constitución y a la alternancia en el poder y por eso queremos presentar que se derogue esa reforma constitucional”, dijo la legisladora de Arena Marcela Villatoro al presentar la petición durante la sesión plenaria que se desarrolla hoy.
La iniciativa contó con el respaldo de la diputada Claudia Ortiz, con quien suman tres legisladores de oposición, mientras que los restantes 57 diputados del oficialismo no acompañaron la iniciativa.
El parlamento, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada, el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.
Bukele defendió la modificación en X y señaló que “el 90 por ciento de los países desarrollados permiten” la reelección indefinida.
Inconsistencias en el discurso de Bukele
En febrero de 2024, en el día de las elecciones presidenciales, al mandatario se le preguntó si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria”.
En enero de ese año, afirmó en una conversación de audio de X que no buscaba una “reelección indefinida” y “estoy autorizado solamente para correr por un segundo período”.
Un grupo de más de 20 organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, dijeron que “es un patrón de fortalecimiento de los autoritarismos” en Centroamérica.
A estas organizaciones se suman Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que han expresado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento de la democracia.
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