El 19 de agosto la agencia calificadora de riesgo Moody’s Ratings publicó una nota positiva en la cual elogia la aprobación de un reajuste presupuestario para el ejercicio fiscal 2024. Con ello confirma las acciones positivas que está implementando el Gobierno en su objetivo de mejorar las calificaciones crediticias de Guatemala.
En esta publicación los analistas de Moody’s resaltan que la aprobación del reajuste “podría crear un impulso para que el Gobierno promueva reformas”. Es importante recordar que, para el país, las calificadoras de riesgo han reflejado el historial de estabilidad macroeconómica y de resiliencia de las políticas fiscal y monetaria; sin embargo, existen ámbitos para mejoras en materia social, gobernanza e infraestructura para el desarrollo. Como lo ha resaltado el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, “el reajuste presupuestario tiene un impacto positivo en el bienestar social, la inversión (pública y privada), el crecimiento económico y el empleo”.
Desde el punto de vista crediticio, la nota afirma que “la aprobación del reajuste presupuestario es positiva” en dos sentidos: 1) muestra una señal concreta de que las acciones del Gobierno se encaminan a abordar la falta estructural de la inversión pública, y 2) apunta a la puesta en marcha de acciones concretas, vinculadas al Plan del Gobierno 2024-2028 y la efectividad del Gobierno para mejorar el bienestar y la seguridad para todos los guatemaltecos, así como para promover una modernización y transformación económica.
El comunicado es una acción de seguimiento a la última calificación emitida por esta agencia el 16 de julio de 2024, en cuyo informe revela una señal positiva al elevar un escalón el indicador de “fortaleza fiscal”. Según los analistas, pese a existir una política fiscal expansiva, no se espera que “las principales variables fiscales conduzcan a un deterioro del perfil crediticio”.
Resaltan que con la aprobación del reajuste se marca un punto de quiebre al atasco legislativo que se ha observado en estos ocho meses del nuevo gobierno, lo cual podría facilitar, de cara al futuro, el establecimiento de consensos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el impulso de reformas orientadas hacia mejorar la competitividad y productividad, la inversión pública-privada y la aprobación de leyes anticorrupción.
