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Operativo Centinela reporta 15 capturas
Kiara De León
De forma preliminar, se reportan 15 capturas en los allanamientos que ejecutan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), como parte del operativo Centinela.
Las autoridades informaron que están en desarrollo 72 cateos de forma simultánea en inmuebles de Escuintla, Sacatepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Guatemala, Huehuetenango e Izabal.
Las acciones tienen como objetivo detener a miembros de la pandilla del Barrio 18, específicamente de las clicas Solo Para Locos (SPL) y Homitos Locotes.
En el departamento de Guatemala se llevan a cabo 19 diligencias de allanamientos, específicamente en los municipios de Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa y Mixco, se informó.
AGN
El presidente Bernardo Arévalo realizó una gira de trabajo en Uspantán, Quiché, donde firmó una agenda de desarrollo integral entre las autoridades ancestrales del Consejo del pueblo Uspanteko y el gobierno de Guatemala.
Esta agenda busca poner énfasis en las necesidades del pueblo Uspanteko y poner en marcha planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo.
“Esta agenda no son expresiones de buena voluntad, son compromisos concretos, son objetivos de desarrollo, son metas para que las instituciones públicas trabajen junto a las autoridades y pueblo de Uspantán”, aseguró el presidente Arévalo.
Agenda de trabajo con Uspantán
La agenda incluye puntos sobre economía e infraestructura comunitaria, que incluye la reactivación económica comunitaria y los trabajos para mejorar y elevar de categoría el hospital de Uspantán.
Incluye, en ese aspecto, trabajar para una servicio de salud integral, poniendo atención en promover la dignificación de las comadronas.
Además, se busca velar por la educación, a través de becas y tecnología para escuelas.
La agenda de trabajo también hace un apartado especial por los derechos de los pueblos indígenas, atendiendo los problemas de conflictividad, acceso a energía eléctrica, pero también un análisis histórico para proteger los lugares sagrados y arqueológicos del pueblo Uspanteko.
EFE
La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.
La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó este pasado martes un extenso comunicado en el que anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de «proscripción» en su contra.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron hoy su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.
Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.
EFE
El presidente Bernardo Arévalo de León, señaló que el “sistema de impunidad busca sobrevivir” y señaló principales retos para combatir la corrupción durante su primer año de Gobierno.
El mandatario guatemalteco afirmó que “el cáncer de la corrupción” no puede ser “erradicado” con facilidad porque dentro del Estado sigue existiendo “un sistema de impunidad que busca sobrevivir”.La declaración de Arévalo de León se dio durante la celebración del Congreso Internacional de Innovación, Coordinación y Participación Ciudadana, organizado por el sector privado, en un evento en el que también participó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.
“La principal de las trabas es el acoso permanente del Ministerio Público (Fiscalía)”, señaló el presidente, en referencia a las múltiples denuncias y procesos penales que existen en su contra y en contra de sus funcionarios.
“Desde que tomamos posesión en enero hasta el día de hoy cada gaveta que abrimos y cada archivo que leemos nos cuenta una historia de codicia, manipulación, descuido y descaro”, en referencia a las prácticas de sus antecesores.
Arévalo de León responsabilizó al Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de “aprovechar” la pandemia de la COVID-19 para enriquecerse, así como de haber permitido otras estructuras de corrupción en instituciones públicas.
El presidente aseguró que el objetivo de su Administración es dejar antes de su salida, en 2028, “las bases de un sistema nacional anticorrupción” que permita limpiar los procesos de contratación en el sector público.
En 2023, Arévalo de León ganó las elecciones de forma sorpresiva, tras superar a los candidatos tradicionales que encabezaban las encuestas y de camino a su investidura enfrentó intentos judiciales de la Fiscalía por evitar su llegada al poder.
Entre enero y noviembre del presente año, el Gobierno guatemalteco ha interpuesto alrededor de 60 denuncias por actos de corrupción y anomalías en contratación de personal y construcción de obras de las administraciones anteriores.
