Rechazo y críticas de varios sectores sociales generó la determinación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de declarar bajo reserva, por siete años, información que se considera pública a través de la Resolución A-68-2024 dada a conocer en el Diario de Centro América, con lo cual se suma a la Corte de Constitucionalidad (CC), que también optó por esa modalidad; supuestamente, para proteger de amenazas a los magistrados.
“Esto es ilegal. La Contraloría no puede ocultar información pública de oficio”, indicó Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos en su cuenta de X.
Mientras, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en la misma red social señaló que
“reservar información, la cual debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.
Y agregó que “es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia
y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.
En tanto que Nineth Montenegro, experta en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, acotó que “habría que investigar a qué se debe la reserva y si esta es válida, porque no podemos reservar cualquier cosa que se nos ocurra”.
La exdiputada explicó que el caso aplica solo cuando tiene “que ver con la seguridad nacional, integridad territorial, protección de un conglomerado o casos que estén siendo investigados y que no haya sentencia ejecutoriada o nombres que se dieron con la condición de que fueran de uso confidencial”. Recordó, además, que “la Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos”.
Se impugnará
Finalmente, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), expresó que como ciudadano accionará legalmente para impugnar la resolución de la CGC. “Sin justificarse debidamente, esta decisión solo debilita la institucionalidad y compromete el principio de publicidad de actos públicos. Además, vulnera el uso de las solicitudes de información pública como herramienta ciudadana para la fiscalización”, aseguró.
También, dijo que “no debemos permitir más acciones que tiendan hacia la opacidad. Para combatir la corrupción es necesario que todas las instituciones públicas se comprometan a actuar con transparencia, integridad y en cumplimiento de la ley”.
Se llamó a Mónica Monge, vocera de la CGC, para conocer la opinión de la entidad cuestionada, pero no respondió.
Resolución
La medida blinda, entre otras, la siguiente información:
-Nombramientos
-Oficios
-Informes jurídicos
-Opiniones
-Dictámenes técnicos o legales
-Proyectos de denuncia
-Denuncias
-Demandas
-Procedimientos utilizados para la planificación, comunicación de resultados y gestión
de los procesos de fiscalización
