NACIONALES
Objetan decisión de Contraloría de reservar información
Gobierno exhorta a la institución a revisar la medida y dar marcha atrás.
Rechazo y críticas de varios sectores sociales generó la determinación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de declarar bajo reserva, por siete años, información que se considera pública a través de la Resolución A-68-2024 dada a conocer en el Diario de Centro América, con lo cual se suma a la Corte de Constitucionalidad (CC), que también optó por esa modalidad; supuestamente, para proteger de amenazas a los magistrados.
“Esto es ilegal. La Contraloría no puede ocultar información pública de oficio”, indicó Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos en su cuenta de X.
Mientras, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en la misma red social señaló que
“reservar información, la cual debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.
Y agregó que “es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia
y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.
En tanto que Nineth Montenegro, experta en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, acotó que “habría que investigar a qué se debe la reserva y si esta es válida, porque no podemos reservar cualquier cosa que se nos ocurra”.
La exdiputada explicó que el caso aplica solo cuando tiene “que ver con la seguridad nacional, integridad territorial, protección de un conglomerado o casos que estén siendo investigados y que no haya sentencia ejecutoriada o nombres que se dieron con la condición de que fueran de uso confidencial”. Recordó, además, que “la Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos”.
Se impugnará
Finalmente, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), expresó que como ciudadano accionará legalmente para impugnar la resolución de la CGC. “Sin justificarse debidamente, esta decisión solo debilita la institucionalidad y compromete el principio de publicidad de actos públicos. Además, vulnera el uso de las solicitudes de información pública como herramienta ciudadana para la fiscalización”, aseguró.
También, dijo que “no debemos permitir más acciones que tiendan hacia la opacidad. Para combatir la corrupción es necesario que todas las instituciones públicas se comprometan a actuar con transparencia, integridad y en cumplimiento de la ley”.
Se llamó a Mónica Monge, vocera de la CGC, para conocer la opinión de la entidad cuestionada, pero no respondió.
Resolución
La medida blinda, entre otras, la siguiente información:
-Nombramientos
-Oficios
-Informes jurídicos
-Opiniones
-Dictámenes técnicos o legales
-Proyectos de denuncia
-Denuncias
-Demandas
-Procedimientos utilizados para la planificación, comunicación de resultados y gestión
de los procesos de fiscalización
Foto: PNC
Una jornada de reforestación de 1 mil árboles de diferentes especies realizaron ayer elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y voluntarios en la aldea Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango.
La acción responde al programa Siembra de Árboles para mi País, en el cual participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre otras entidades. Asimismo, integrantes de las reservas militares, las municipalidades de Cantel y San Mateo, así como diferentes colegios y grupos organizados.
Foto: PNC
En cumplimiento con el plan Escuelas Seguras, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) brindan seguridad en centros de enseñanza, en apoyo a la comunidad educativa de varios municipios de San Marcos, informó la institución. Asimismo, la Comisaría de Quetzaltenango ofrece resguardo e implementa acciones preventivas en diferentes planteles con la participación de estudiantes y padres de familia.
Por cuánto es la solicitud de reajuste presupuestario y cómo se invertirán los recursos económicos fueron los temas principales que ayer dieron a conocer los ministros de Agricultura, Trabajo, Desarrollo Social y el titular del Instituto de la Víctima ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Legilativo.
Abelardo Pinto, jefe de la cartera de Desarrollo Social, explicó al salir de la reunión que se pide un reacomodo de 1 mil 200 millones de quetzales, de los cuales el 32 por ciento se destinará a programas sociales; 24.78 por ciento, para el Fondo de Desarrollo Social; 4.64 por ciento, para el Registro Social de Hogares, y el 37.9 por ciento, para el pago a los veteranos militares contemplado en la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
“Existe una gran necesidad de la población y nosotros en este momento solo contamos con el presupuesto para cubrir con los beneficiarios que actualmente tiene cada uno de los programas. Hemos venido a explicar eso”, afirmó el funcionario.
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, indicó: “Venimos a plantear las necesidades claras que tiene la institución para poder servir a la población. Estamos trabajando con un personal sumamente reducido, únicamente tenemos seis sedes a nivel nacional. Eso se debe a que nuestro presupuesto es muy bajo, que se va básicamente en ejecución y pago de salarios”.
