EDITORIALES
Números que contradicen percepción de inseguridad
El informe que presentó el miércoles 22 de mayo el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) confirma los avances que, en materia de seguridad, registra la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
Contrario a la percepción que pueda tener una parte de la ciudadanía, muy válida y, sobre todo, respetable, los números coinciden con los reportes oficiales divulgados por el Ministerio de Gobernación (Mingob), los cuales reflejan adelantos en la defensa de la vida y de los bienes de los guatemaltecos.
De acuerdo con el CIEN, un centro que constantemente es consultado por medios de comunicación para conocer sus consideraciones en materia económica y social, en abril de 2024 el Índice de Delitos contra la Propiedad cayó 3.6 por ciento, comparado con marzo del mismo año.
Cuando se traduce la importancia de dicho resultado, se concluye que en el mes anterior hubo menos extorsiones, asaltos a automotores con mercaderías (tráileres) y robos de motos, carros y residencias, justamente, las variantes que se aglutinan en el referido indicador.
Claro, estos logros no deben ni son motivo para que las autoridades de la cartera del Interior y de la Policía Nacional Civil (PNC) se relajen y piensen que ya todo está resuelto, aunque sí son alicientes y elementos que permiten pensar que se va por el camino correcto.
El estudio del CIEN advierte que en abril de 2024 existió una caída en la tasa de homicidios, la cual cerró en 16.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que el mismo parámetro de diciembre de 2023 se ubicó en 16.7. De esa cuenta, se puede afirmar que los planes de trabajo implementados por el Gobierno no solo han protegido con mayor eficiencia los bienes de los ciudadanos y empresarios sino que, más importante aún, han salvado más vidas que en períodos presidenciales anteriores.
“Retomar el control de las calles y trabajar para que las familias vivan en paz”, es uno de los objetivos de Francisco Jiménez, titular del Mingob, un anhelo que, poco a poco, se hace realidad.
Trabajo interinstitucional e interagencial. Así define el viceministro Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Werner Ovalle, las claves que le permiten al país mostrar resultados tangibles y claros en la guerra contra los cárteles internacionales de la droga. Lo que conviene agregar es que esa unidad de esfuerzos no viene del cielo y, por el contrario, se gana a pulso y con coraje.
Lo cierto es que, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Guatemala registra grandes avances en la materia, producto de una buena coordinación entre los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa Nacional (Mindef), junto a fiscales del Ministerio Público (MP).
Además de esa alianza interinstitucional, la batalla contra las mafias ha requerido la unidad e intercambio de información con naciones como Estados Unidos, México, Colombia y las del Triángulo Norte, algo que muchos gobiernos guatemaltecos tuvieron a la mano, pero no alcanzaron por decisión de sus autoridades.
Hoy, el mundo observa un Organismo Ejecutivo cuyos dirigentes son distintos, confiables, alejados de las mafias. Ahora, los encargados de las entidades que combaten este flagelo hablan con sinceridad y sin temor, porque saben que las estrategias acordadas no solo no se filtrarán, sino que van a contribuir al objetivo común: evitar el trasiego y consumo de narcóticos.
Del 1 de enero al 23 de junio de 2024, el Mingob incautó un 153.6 por ciento más de cocaína que la decomisada en el mismo período del año pasado. La comparación deja también saldos a favor en despojo de marihuana, crack y captura de sospechosos de integrar estos grupos de maleantes.
Sin embargo, hay datos más trascendentes, como la estrategia que busca prevenir el consumo y alertar sobre las consecuencias de estas adicciones, tarea en la que participan las carteras de Salud y Educación.
La misma relevancia tiene la conciencia que se hace entre los campesinos que siembran estos cultivos, a quienes se les apoya en la búsqueda de otras plantaciones que les permitan ganarse la vida con tranquilidad. Como lo expresó el viceministro Ovalle, observamos el producto de una función interinstitucional e interagencial que tiene como centro de atención a los ciudadanos.
Más allá de la seriedad poca técnica y financiera con que el anterior gobierno y la legislatura pasada aprobaron el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, hoy conviene centrarse en el compromiso que asumió el Estado y la necesidad de que sus organismos, en particular el Congreso y el Ejecutivo, honren una ley vigente que no tiene presupuesto, pero sí miles de beneficiados, quienes, por derecho, esperan recibir los desembolsos que se negociaron.
Insistimos, un análisis cronológico del proceso de aprobación permite hacer algunas lecturas que podrían cuestionar el verdadero fondo del proyecto. En primer lugar, la iniciativa la presentó Alejandro Giammattei el 5 de mayo de 2022 (año preelectoral); el 10 de mayo la conoció el Pleno del Legislativo (dominado por la bancada oficial y sus aliados); el 13 de junio tuvo dictamen favorable y el 12 de octubre se aprobó. Más o menos cinco meses tardó el procedimiento parlamentario.
En la Ley, los diputados dejaron en manos del Ministerio de Finanzas conseguir los recursos (por medio de ampliaciones, saldos de caja o financiamientos disponibles) para resarcir a los más de 44 mil veteranos registrados, que apoyaron al Ejército durante el conflicto armado interno (1960 a 1996), beneficio que consiste en 36 pagos de 1 mil quetzales mensuales.
Luego de publicarse el reglamento respectivo, el 21 de marzo de 2023, en pleno período electoral, que por cierto perdió el candidato de Giammattei, se hizo el primer abono, los que continúan gracias a pericias que ha hecho la cartera del Tesoro, dado que no existe una partida para el efecto.
En estos momentos, mantener la palabra ofrecida tiene una salida práctica y sencilla: que el Pleno del Congreso, donde el anterior partido oficial y sus allegados mantienen un alto número de votos, apruebe la propuesta del Ejecutivo de aumentar en 14 mil 451 millones de quetzales la inversión social definida en el presupuesto 2024, cifra que, valga decir, se subvencionará con una mayor recaudación. En fin, los compromisos de Estado implican acuerdos de honor que nadie debería evadir.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera se comprometió, desde su campaña electoral, a focalizar recursos hacia familias que sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, producto del abandono al que han sido sometidas durante décadas.
Hoy, el Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de Abelardo Pinto, tiene claridad en la implementación de programas sociales. Uno de estos es el subsidio económico (Bolsa Social), que comenzará a entregarse en los próximos meses. La ayuda no será al azar; se utilizarán investigaciones técnicas para llegar a los núcleos familiares que verdaderamente necesitan un subsidio para sobrevivir.
También, el número de beneficiarios se duplicará de 25 mil a 50 mil, incluyendo a jefes de familia de las áreas urbana y rural. Se cuenta con 150 millones de quetzales, según las autoridades, recursos ya incluidos dentro del presupuesto vigente del Estado.
Lo importante, según lo describe el titular del Mides, es que se priorizará a familias con niños menores de 5 años. El Gobierno se respaldará en el Registro Social de Hogares y, a la vez, para hacerlo transparente, se abrirá el Registro Único de Beneficiarios. Por medio de este portal, cualquier ciudadano podrá verificar quiénes recibirán la ayuda.
De acuerdo con el diseño del programa, se han identificado 114 municipios donde residen las personas adultas y niños con los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
Pero la política social de la actual administración no se limita a la entrega de un alivio económico. También tiene en agenda otro tipo de mecanismos como la reparación de miles de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas.
Se les reemplazarán los pisos de tierra por cemento. Esta iniciativa es parte de la estrategia Mano a Mano, la cual se compone de nueve dimensiones o programas. Adicionalmente, se entregará a estas familias filtros de agua (Ecofiltros) y estufas mejoradas o ahorradoras de leña. Para la subvención, se estudian las vías adecuadas y seguras.
