Las cartas están tiradas. Atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejecutivo hizo un nuevo llamado al Congreso de la República para que asuma su papel y de una vez por todas entre a conocer la propuesta realizada para reformar el Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), el cual contempla la remoción del titular de la Fiscalía General.
La décimo cuarta cláusula de dicha normativa enuncia: “Remoción. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General por causa justa debidamente establecida.
Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece. Siempre se garantizará el derecho de defensa”.
Y, aunque el llamado del Gobierno ha sido claro y repetitivo, el Legislativo se resiste a tratar el tema y no ha figurado en ninguna agenda parlamentaria, desoyendo incluso a quienes los llevaron a ocupar las curules que ostentan.
Sí, los ciudadanos también han alzado sus voces para que la depuración del MP sea una realidad y que no haya necesidad de esperar a que venza el plazo para que puedan remover a la fiscal general, Consuelo Porras.
Además del Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, y la ciudadanía, esta iniciativa también cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y organismos internacionales, que añoran un saneamiento del sistema de justicia de Guatemala, iniciando por el ente investigador.
No obstante, pareciera que la mayoría parlamentaria prefiere que continúe el desgaste, cada vez más acelerado, de la imagen del Legislativo, simplemente por proteger al alfil de grupos oscuros que se resisten a dejar escapar los privilegios con que cuentan para seguir mamando de la teta del Estado, por medio de la corrupción y amparados en la impunidad que representa el respaldo de una administración deficiente y cómplice.
El secretario de Comunicación, Santiago Palomo, además de hacer el llamado al Congreso de la República para que retome el tema en mención, también sostuvo que “cualquier acompañamiento técnico, por parte de la CIDH, es bienvenido para encontrar una solución efectiva”, aspecto que de ser atendido por el organismo internacional, significaría un respaldo para el clamor de millones de ciudadanos que ya esperan ver una luz al final del túnel.
