Para garantizar que las decisiones y la ejecución de programas y proyectos, en los cuales se invierten fondos públicos se realicen de manera eficiente y clara, las entidades que conforman la Alianza Nacional por la Transparencia (ANT) presentaron la Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2017-2022.
La aprobación del mecanismo se dio en la primera reunión del año de esa instancia, la cual en el plazo de un mes determinará la hoja de ruta a seguir para su implementación. Ello con la finalidad de que sea vinculante en cada una de las instituciones, refirió el vicepresidente Jafeth Cabrera.
Antes de ello se emitirá un acuerdo gubernativo para su formalización, indicó Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), entidad que colaboró en la elaboración del instrumento, el cual surgió como resultado de un año de trabajo de las mesas técnicas y talleres.
La herramienta girará en torno de 5 ejes: promoción y fortalecimiento de la participación de la población; acceso a la información pública y máxima publicidad, y cumplimiento a procesos de rendición de cuentas de forma horizontal y vertical.
También se incluye el de presupuesto y adquisiciones transparentes, comprensibles y congruentes con su planificación, y probidad, ética e integridad en la administración estatal y su fomento en la sociedad.
Esta líneas están vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Política General de Gobierno. Antes de la puesta en marcha, se socializará con las autoridades en los ámbitos nacional, departamental y municipal.
Estímulo
Los principios que motivaron su creación se enmarcan en el involucramiento ciudadano y la auditoría social, así como de la eficiencia y eficacia de la inversión.
La ANT fue establecida en enero de 2016 y la integran el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos y AC, y es acompañada por la Vicepresidencia de la República.
