UN ANTEJUICIO DE VERGÜENZA (I)

En tanto que siguen absolutamente impunes los asesinatos de líderes campesinos, sin investigación alguna sobre el posible involucramiento en estos crímenes de organizaciones clandestinas que serían capaces de garantizar impunidad (no necesariamente integradas por funcionarios o empleados del Estado, pero capaces de garantizar impunidad) la desarticulación y combate de estas organizaciones clandestinas, la razón de ser del convenio que celebramos con la Organización de las Naciones Unidas para la creación de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) se dedica esta una vez más –y arrastra con ella al Ministerio Público– al show mediático, en beneficio tan solo propio, de un vergonzoso antejuicio –absurdo antejuicio– contra el Presidente de la República, antejuicio anunciado con preestreno, incluso –luz, cámara, acción– en un programa de televisión extranjero, vista nuestra prensa como plato de segunda: como una prensa de segunda mesa. La ante primicia para la prensa extranjera y para la nuestra, las sobras. El atropello de la vida –fin en sí misma la vida de cada ser humano– y las organizaciones clandestinas que podrían estar detrás de los crímenes perpetrados en su contra (un tema de derechos humanos) tienen sin cuidado, al parecer, tanto a la CICIG como al Ministerio Público, a la mejor usanza de la tiranía Ortega-Murillo en Nicaragua (“la vida del ser humano, nada importa, si se trata solo de una” ¿Cuántas para que importe?), en tanto que se dedican a shows mediáticos, cada vez más intrascendentes, que conste, a costa de nuestro empresariado, de nuestro Presidente y, para decirlo más claro aún, de Guatemala misma: de todos nosotros. Claro está que es más espectacular y que rinde mejores réditos promover el antejuicio de un Presidente –rimbombante noticia, ya no tanto, que conste– que el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes campesinos, noticia –el combate por la vida de gente humilde– que pasaría sin pena ni gloria, réditos, los del antejuicio, que se dan a nuestra costa, reitero: del prestigio de nuestro empresariado, del Presidente de la República, representante entre nosotros de la unidad nacional y de Guatemala misma. El gran crimen, la infamia, que habrían perpetrado nuestros “criminales empresarios” y nuestro “criminal Presidente” –empresarios y Presidente de Guatemala “el crimen deleznable”– esto no circula en los cables internacionales, ni presentan así la información el Ministerio Público y la CICIG –sería que los empresarios, con su propio dinero– dinero limpio, apoyaron económicamente a los delegados de mesa electoral en las pasadas elecciones de 2015 –el costo de su transporte a su mesas y de su comida del día– para asegurar que las votaciones se celebraran correctamente y se hiciera un conteo correcto de los votos: tal “la aberrante felonía perpetrada” con el grave daño y perjuicio causado a Guatemala de lograr que, en efecto, las votaciones se celebraran correctamente y se hiciera, correctamente, el conteo de los votos. “Crimen imperdonable” el de las elecciones limpias que pudieron lograrse, merecedor este crimen de fusilamiento o de mejor, incluso, quemar a sus “criminales hechores” en la hoguera: “¡Peligrosos delincuentes!”. El Presidente de la República, secretario general que era entonces de un partido político, habría perpetrado, por su parte, el gravísimo crimen de decirle a los empresarios que no quería su dinero y que no necesitaba de su dinero –del dinero empresarial– para ganar las elecciones, pero que si tenían un interés cívico en el evento electoral que se estaría celebrando podían, POR SU CUENTA, apoyar a los delegados de mesa para que estos fiscalizaran que las votaciones se hicieran correctamente y que se hiciera, correctamente, el conteo de los votos. El Presidente habría cometido el “gravísimo delito, imperdonable delito”, de abstenerse de registrar, como recibido, el dinero que nunca recibió. ¡Por favor! Y sustentados en esta sandez, impunes y sin atención alguna los asesinatos de los dirigentes campesinos José Kan Xol, Mateo Chamán, Luis Arturo Marroquín, seres humanos cuyos nombres poco a poco iremos olvidando (esos casos no dan réditos mediáticos) se carga de trabajo a la Corte Suprema de Justicia e, incluso, podría cargarse al Congreso, haciendo que ambos Organismos desatiendan temas que les incumben y que a todos interesan, correcta administración de justicia, racional presupuesto, formulación de leyes justas, toma de las más importantes decisiones nacionales (funciones, que conste, solamente serán la representación de lo que queremos y anhelamos cuando se haya reformado el artículo 157 de la Constitución: La forma de elegir a los diputados que integran el Congreso). ¿Los asesinatos de los dirigentes campesinos y los problemas nacionales?, pues bien, gracias, no forman parte de la agenda que se impulsa ni de la agenda que impulsan quienes saben muy bien que no serían capaces de acceder al poder por elecciones. Acabo de referirme en columna anterior al error que cometemos en Guatemala de ver nuestra Constitución como un cúmulo de buenas intenciones, perdiendo de vista que se trata de una ley como las otras, con la única diferencia de que es superior a todas las demás –leyes y tratados– y que no pueden estas, en consecuencia, contradecirla ni tergiversarla, error al que –por lo
visto– se ha sumado la CICIG.

Acisclo Valladares Molina