Ana Lucía Ramazzini
Coordinadora Académica de Investigación
Esperanza tenía 16 años y estaba finalizando sus estudios de diversificado, próxima a graduarse. Se sentía muy ilusionada por cerrar su carrera. Al momento del suicidio tenía más de 8 meses de embarazo. Ingirió pastillas que se utilizan como insecticida fumigante. Dejó una nota dirigida a su mamá, agradeciéndole la valentía de tenerla a los 15 años y de haberla sacado adelante. En la carta le pedía perdón porque ella no lo podría hacer con su hija. La encontró su hermano menor. Se presume que el padrastro la violaba.
Esta es una de las 14 historias que fueron documentadas de 2009 a 2019, en la investigación Vidas Silenciadas, una tragedia de la que no se habla (Flacso, 2019), la cual -junto a las historias de Ana, Blanca, Carmen, Diana, Dinora, Gabriela, Flor, Imelda, Juliana, Magdalena, Nadia, Perla y Rosa- presenta el vínculo entre embarazo no deseado/no planeado/forzado y el suicidio en adolescentes como una tragedia que necesita darse a conocer para que salga del ámbito privado y sea reconocida como problemática social.
Los datos nos dicen que en el mundo, cada 5 minutos, se produce un suicidio en la adolescencia por problemas inherentes a su salud sexual y reproductiva. En el caso específico de una adolescente embarazada, el riesgo de suicidio puede llegar a ser tres veces mayor en comparación a aquella que no lo está; esto derivado de la violencia sexual, del estigma social, de la falta de alternativas frente a la irrupción en sus planes de vida, entre otros.
El vínculo entre embarazos y suicidio ha sido un camino poco transitado en investigación. Además, los vacíos en los datos oficiales siguen siendo muchos para lograr conocer la magnitud de esta problemática en el país. En el año 2023, dando seguimiento a las recomendaciones de la investigación realizada, desarrollamos desde Flacso otro estudio titulado Contar con datos para dejar de contar vidas silenciadas. Registros y políticas para prevenir suicidios por embarazo en adolescentes, el cual nos reiteró la importancia de contar con bases de datos precisas desde las instituciones de gobierno involucradas, así como la urgencia de garantizar, a través de políticas públicas integrales, que contengan el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, una vida libre de violencia a partir del reconocimiento de las niñas y adolescentes como sujetas de derechos.
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