“No vamos a dar un paso atrás contra las maras”

Frente a la violencia homicida, debido a la disputa por el control del narcomenudeo en la capital entre la Mara Salvatrucha y la banda Caradura, el Gobierno responde con inteligencia, primero para determinar el origen de esos crímenes y, segundo, contrarrestar el poder territorial; en particular, de las dos pandillas criminales más grandes del país, explicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Además, valora la situación del Sistema Penitenciario (SP) y reconoce las dificultades que esta institución tiene para retener a sus integrantes, dado el abandono que tuvo en las últimas décadas.

¿Cómo operan las pandillas en el país a partir de aislar a sus líderes?

Lo que denominamos, en temas de seguridad pandillas y maras, es un fenómeno social global. Son jóvenes que se originaron de alguna manera entre la legalidad y la ilegalidad, resultado de su condición, muchas veces, de marginalidad en donde viven.

Son expresiones de jóvenes que se agrupan para acometer actos de vandalismo, muchas veces más como un gesto de rebeldía. Esto pasó en el caso de Guatemala como en cualquier parte del mundo.

Las pandillas se encuentran en varias acciones criminales. Su asidero para financiarse y sobrevivir es una economía ilícita. En El Salvador es la ocupación de territorios para gestionar áreas criminales; en Guatemala, más que territorio, es la utilización de ciertos delitos para financiarse.

Así surgen y estructuran los dos grandes grupos que nos afectan: El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o la Mara 13, que se organizan para la extorsión y otros delitos.

¿Cuánto se han desarrollado estas estructuras criminales?

Evolucionan de tal manera que cuando el Estado los captura y los introduce al SP, encontramos, y esto vale para la región Mesoamericana, que el SP no tiene la suficiente capacidad de controlarlos.

Además, tienen ciertas características de identificación de grupo, solidaridad en su lógica, cultura de pertenencia y lealtad entre ellos, lo cual hace que desarrollen fácilmente a agrupaciones criminales que tienen una relativa disciplina, jerarquía y, fundamentalmente, violencia como expresión.

¿Desde dónde operan?

Empiezan desde los sistemas penitenciarios. Lo sabíamos, como país, desde hace tiempo. Controlan el SP, fundamentalmente en los últimos 10 años se reafirma ese control.

En Guatemala ese dominio no es exclusivamente territorial. La capacidad de delinquir no se arraiga en que tengan poder, por ejemplo, en las zonas 6 o 18, aunque lo tienen en pequeños sectores, pero su actividad no depende de esa territorialidad, sino en su capacidad de organización, y su espacio para operar es en el entorno de las cárceles.

“Como Ministerio de Gobernación y Gobierno, no vamos a dar un paso atrás contra las pandillas. Vamos a seguir con contundencia, con acciones que tengan como resultado un mayor control y una limitación de los privilegios de sus líderes”.

Francisco Jiménez
Ministro de Gobernación

¿Cómo afrontan este fenómeno criminal?

Se deben tener dos grandes formas: una para el fenómeno que ocurre en la calle y otra en prisiones. Cuando asumimos el Gobierno, sabíamos que el impacto de las maras dependía de los liderazgos en las cárceles y encontramos un SP con décadas de abandono; desde hace 35 o 40 años no se construye una sola prisión. Dicha institución no garantiza el control, como Estado podemos tomar el dominio del perímetro. La estrategia del presidente Bernardo Arévalo es recuperar el SP.

En el primer año de gestión (2024) empezamos a operar en el territorio con mayor presencia policial y hemos obtenido resultados importantes, pero falta llegar al objetivo final. No se han recuperado lo espacios en su totalidad. La zona 18 sigue siendo, en gran medida, un área donde operan las pandillas. Hay colonias y barrios controlados por el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, no es muy extenso, pero lo hay.

Empezamos a trabajar con unas medidas que combinaban lo territorial con el SP. Desde las primeras semanas comenzamos con las requisas. Sabíamos que ello implicaba cortar los espacios y la comunicación, lo cual iba a tener impacto en el territorio.

Afrontar a los líderes veíamos que no tenía sentido porque la estructura iba a continuar funcionando. Entonces, nuestra primera decisión fue hacer operaciones quirúrgicas e ir por los mandos medios. Ejecutamos capturas, desmantelamos estructuras de extorsión y sicariato que nos permitieron impactar la operatividad, pero tengo que ser honesto, no es un tema que hayamos resuelto.

Ministro, usted nos explica la evolución de las pandillas, considera que parte de esto podría estar vinculado con el narcotráfico, ¿existe alguna relación entre las pandillas y las drogas?

Hemos descubierto que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 empezaron a ver una posibilidad de mayor enriquecimiento al encargarse del negocio de la distribución de droga para el consumo. La única forma que vieron estos grupos para ganarse el mercado y el espacio de la venta de estupefacientes es eliminando al que tiene el control del comercio, el grupo Caradura.

Esta agrupación se ha dedicado, por muchos años, a la venta y distribución para el consumo, particularmente en la ciudad capital, aunque también en otras partes del país.

Descubrimos, a través de información de inteligencia, que hay una decisión estratégica criminal de la Mara Salvatrucha de cooptar los espacios de droga para el consumo.

¿Se ha enfrentado la Mara Salvatrucha con los Caradura?

Sí. A partir de enero empieza el aumento de homicidios. Sin embargo, los otros delitos, exceptuando la extorsión, iban en descenso. Hurtos, asaltos en la calle, robo de vehículos venían a la baja, se mantienen así. Solo en julio incrementó, en general, el índice delictivo en 0.05 por ciento, pequeño, pero siempre a la baja, y los homicidios se nos disparan.

En el análisis y con la información de la Dirección General de Inteligencia Civil
(Digici) y la información del despliegue policial nos permite comprender este fenómeno.

La mayoría de homicidios se da en tres comisarías, que cubren las zonas 18, 6, 7 y 12; también Villa Nueva y San José Pinula. Más del 50 por ciento está vinculado a maras y pandillas o a narcomenudeo.

Nuestra conclusión es que las dos pandillas y los Caradura están en una confrontación y se están matando entre ellos.

Nos explica que debido al enfrentamiento entre estos grupos criminales han aumentado los homicidios, ¿Qué acciones efectúan para enfrentar esta situación?

Esto nos llevó a una decisión que teníamos planificada, aunque pensada para más adelante: ir por los líderes. Hay una característica muy interesante en las pandillas: el sicariato lo controlan los líderes. La mayoría de los homicidios son ataques directos.

El hecho dramático que nos hizo tomar la decisión de afrontar de manera directa a los dos líderes del Barrio 18 y Salvatrucha fue lo que pasó en una funeraria de la zona 1, donde atacaron a varias personas en el velorio de un pandillero. Vimos que era el momento para entrarle a los líderes, para que se rompa la línea de mando y poder controlarlo. Esto nos ha generado respuestas.

La decisión estratégica del Gobierno, no solo mía, sino del presidente Bernardo Arévalo, es el compromiso con la sociedad de dejar condiciones adecuadas para el desarrollo. Sin seguridad no hay bienestar.

En relación con las respuestas de las maras, tras el traslado de los cabecillas a Renovación I, ¿qué ha pasado con los reos que dirigieron o participaron en el secuestro de guardias penitenciarios?

La gran mayoría está en cumplimiento de penas. Entonces, se les presenta ante los tribunales, se genera un nuevo proceso, pero regresan a los centros donde están recluidos.

No fue una toma de rehenes, fue un secuestro. La toma de rehenes tiene una dinámica totalmente distinta. Aquí hay, claramente, un delito grave (secuestro) y debe ser tratado de esa manera.

Presentamos, como SP, denuncia en el Ministerio Público (MP) para que se activen los protocolos antisecuestro; entonces entra el Comando Antisecuestro de la Policía a hacer tratativas, no es negociación, privilegiamos la vida y, en este caso, a las víctimas de secuestro.

Como Ministerio de Gobernación y Gobierno no vamos a dar un paso atrás contra las pandillas. Vamos a seguir con contundencia, con acciones que tengan como resultado un mayor control y una limitación de los privilegios de sus líderes.

Ante el alza de homicidios que mencionaba, ¿podríamos pensar en acciones coordinadas entre mareros, ataques contra personas inocentes y las cuentas que al unísono hablan de inseguridad con mensajes idénticos?

Es muy difícil sacar conclusiones generales de casos muy específicos, que no necesariamente son el patrón. Debemos reflexionar, por eso la importancia de la inteligencia, si esto es una acción para generar terror.

Lo peor que podría pasarle a cualquier país es que los grupos criminales, de manera aleatoria y desordenada, maten a la gente por matarla.

Ese es un enfoque que estamos considerando como una explicación, también puede ser un tema de tipo político, que estructuras como el Barrio 18 y Mara Salvatrucha puedan haber evolucionado en esa línea. El narcotráfico las han utilizado por muchos años.

¿Podría tener relación el gran decomiso de drogas que se lleva?

Sobre eso no hago la relación directamente, porque con estos grandes decomisos a ellos no les conviene crear un ámbito de terror, más bien les afecta.

Tienen otra lógica, no digo que no generen violencia, por supuesto que sí, pero es diferente la violencia de los grupos de narcotraficantes y la de las pandillas.

Nuestras estrategias son diferenciadas para combatir estas estructuras; incluso para el abordaje del narcomenudeo. Para los grupos que venden droga en la calle y los que trasiegan grandes cantidades de droga a Estados Unidos a través de México, tenemos estrategias totalmente diferentes, porque no tienen el mismo impacto.

Sobre estas estrategias que menciona ¿qué papel juega la Digici?

Es importante que la población se entere que hemos fortalecido el tema de la inteligencia. Por mi experiencia profesional en materia de seguridad, vengo de la inteligencia criminal, puse en marcha la creación de la Digici.

La criminalidad solo puede ser abordada con leyes y herramientas adecuadas que den capacidad de contener el delito, anticiparnos al comportamiento delictivo.

¿En el caso del SP, hay también una unidad de inteligencia?

Fortalecemos esto y la Digici es una de las instituciones no policiales determinantes para confrontarnos con la criminalidad, porque el conocimiento que ellos tienen nos permite anticiparnos ante ciertas acciones.

Por esa razón, la Digici es una de las instituciones que más aporta en los contextos de riesgo y amenazas. Bloquear el trabajo de esta instancia significa limitar las capacidades de respuesta del Estado contra el narcotráfico y las maras y pandillas, así como de otros fenómenos como el ciberdelito y demás temas que fortalecemos.

La inteligencia no es tema de un país, es de intercambio de información, de operatividad con otras naciones como El Salvador, Honduras, México, pero fundamentalmente Estados Unidos.

Algo fundamental en lo que trabajamos es prepararnos para afrontar el fenómeno de los precursores para drogas sintéticas y el fentanilo; tenemos mucha colaboración en capacitaciones de EE. UU., Europa y Sudamérica.

Respecto a la inteligencia detrás de una investigación, ¿qué impacto tiene ejecutar una captura y a los pocos días ver que estas personas salen libres?

Impacta es en dos áreas: en la criminalidad y en las instituciones. Para la institución policial es una frustración, porque el policía se esfuerza; una captura no es un tema que resolvamos de manera inmediata, es un trabajo que implica horas.

Un ejemplo, no voy a dar detalles, es la detención de María Martha Castañeda Torres; se hizo una labor intensa de ubicación, como con muchos que capturamos.

Cuando se ve que hay un arresto, sobre todo de sicarios u otro delincuente que tiene mucho historial delictivo, es sumamente frustrante, pero hay otro elemento importante que es la víctimas.

Las personas que son capturadas, que salen a la calle de nuevo, van a buscar a la víctima para eliminar a quien los pudo denunciar, que puede dar información que los lleve a una condena. También nos preocupa la mora judicial y la mora en el trabajo del Ministerio Público (MP).

No voy a entrar a valorar, porque es un tema de cadena, Policía, MP y el Organismo Judicial; tendríamos que hacer un estudio más detallado para saber dónde están las deficiencias, porque las hay.

Respecto a la captura de Castañeda Torres, el MP la señala por el ataque a una fiscal, pero la PNC la relaciona con otros hechos, ¿van a aportar a estas pesquisas?

Recordemos que el que tiene la conducción de la investigación criminal es el MP, los fiscales, pero el que realiza la operatividad de la pesquisa es la Subdirección de Investigación Criminal. Nosotros no podemos ir sin la conducción del MP, pero no es el funcionario del MP quien realiza la indagación, es la Policía. Son las dinámicas del trabajo. Hay que fortalecer la capacidad de la Policía de ser más rápida en hacer los informes para el MP, por ejemplo.

Son grandes retos y trabajamos en torno a ellos. La redacción de un informe de investigación tiene que estar elaborado de tal manera que sea contundente. Avanzamos en eso, pero al final el que lleva el caso a los tribunales es el MP. Nosotros somos citados para explicar el tema, quien valora la prueba es el juez.