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COLUMNAS

No se pueden inventar prohibiciones ni impedimentos

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No se puede, a menos que se reforme la Constitución de la República, introducir la prohibición de que puedan ser candidatos a un cargo de elección popular (presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y miembros de corporaciones municipales) los magistrados, fiscales y jueces antes de que transcurran cuatro años desde que hayan dejado el ejercicio de sus cargos.

La prohibición, sugerida por Sandra Torres, puede tener sentido de cara a que no ocurra la insensatez de que se usen la acusación penal y los fallos judiciales como plataformas políticas, peligroso cáncer que podría terminar con la República, prostituidas políticamente la acusación penal y la administración de justicia. (El peligro que señala la propuesta ha querido reducirse por más de algún comentarista de opinión, visión minimalista, a que un fiscal o juez podría usar su cargo para eliminar posibles contendientes cuando el peligro es bastante más grave que eso; que los magistrados, fiscales y jueces pretendan hacerse imagen –verdaderamente deleznable– politizando con ese fin sus acusaciones y sus fallos.

La prohibición sugerida, sin embargo, es bueno saberlo, no podría introducirse en nuestro sistema jurídico, a menos que se reforme la Constitución Política de la República, puesto que esta consagra el derecho de elegir y ser electo, derecho que no puede tener más prohibiciones o limitaciones que aquellas que la propia Constitución establece.

La Constitución prohíbe que puedan optar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, por ejemplo, los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria, prohibición que no existe para fiscales y jueces.

Repite la Constitución, la prohibición citada, para los ministros de Estado, a menos que se hayan separado de su cargo por lo menos seis meses antes de las elecciones, y, en parecidos términos, la que prohíbe que puedan optar a diputado los funcionarios que ejerzan jurisdicción en el distrito en el que se celebre la elección, a menos que dejen el cargo tres meses antes de que estas se convoquen.

Existe prohibición de que puedan ser candidatos, para cualquier cargo de elección popular, los funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo, los que pueden serlo solamente si dejan el cargo (de que se trate) antes de que su inscripción se produzca.

Además de las prohibiciones citadas, como impedimentos específicos para optar a la Presidencia de la República, se encuentran el parentesco dentro de los grados de ley entre el candidato y quienes ejerzan la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de quienes hayan alterado el orden constitucional; haber alterado el orden constitucional o haber ocupado el cargo a raíz de tal quebrantamiento, la calidad de ministro de religión o culto y la de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no existiendo en estos casos un plazo para que hayan dejado de serlo antes de que la opción sea posible; quien ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se celebre la elección o la haya ejercido en ese período.

Prohíbe la Constitución, en todo caso, que puede volver a ser Presidente quien ya lo haya sido, electo popularmente para serlo, así como quien, en sustitución del titular, haya ejercido por dos años.

Para optar a diputado, alcalde o miembro de corporaciones municipales, también existen prohibiciones, prohibiciones e impedimentos, todos, que tienen que estar necesariamente establecidos en la Constitución de la República.

Estas –las contenidas en la Constitución– son las únicas prohibiciones e impedimentos que limitan el derecho ciudadano a ser electo, y no puede ninguna ley ordinaria, ni siquiera la Ley Electoral y de Partidos Políticos, introducir limitaciones que la Constitución no contempla, limitaciones que –en consecuencia– si así se hiciere, serían inconstitucionales.

No pueden optar tampoco los incapaces y aquellos que se encuentren privados del ejercicio de sus derechos políticos.

La propuesta, pues, puede tener sentido, pero es inviable, salvo que se reforme la Constitución, puesto que la acusación penal politizada y politizados los fallos judiciales, nos llevarían al final de la República.

Muchas prohibiciones e impedimentos existentes, así como el propuesto, se sustentan en experiencias vividas que se quieren evitar y, así, la referente a los miembros del Ejército en la experiencia vivida de que los ministros de la Defensa Nacional se convertían –automáticamente– en candidatos a la Presidencia de la República.

La referente a prohibir la Presidencia a aquellos que ya la hayan ejercido en las reelecciones habidas a lo largo de nuestras largas dictaduras.

La referente a quienes asumen por la fuerza el ejercicio del poder, en la experiencia, también habida, de que después de quebrantar el orden constitucional, quienes lo hayan hecho, pretendan legitimarlo “en elecciones”.

En el caso de magistrados, fiscales y jueces –el nuevo impedimento sugerido– surge del peligro que se ha hecho evidente de utilizar la acusación penal y los fallos judiciales en función política, acertada la observación de Sandra Torres.

En lo personal, soy contrario a la existencia de prohibiciones e impedimentos, máxime cuando son establecidos con dedicatorias particulares, puesto que creo que es el elector quien, con su voto, debe sancionarlo.

¿Por qué encadenar a los electores?

La Constitución Política de la República –vicio no surgido del consenso sino de la imposición– incluyó un artículo para que Efraín Ríos Montt, por ejemplo, no pudiera presentarse a elecciones presidenciales –prohibición que pesó por muchos años en nuestra vida política– habiendo sido el pueblo el que finalmente se pronunció al respecto: con su voto, con su voto soberano, decidió, el propio pueblo, que no ocupara otra vez la Presidencia. (Si hubiera sido distinto el resultado, en anterior momento, invita a reflexión, absolutamente válida).

Hubo también, en textos constitucionales anteriores, dedicatorias específicas contra candidaturas, como las de Juan José Arévalo Bermejo y Enrique Peralta Azurdia.

Quiso aplicarse impedimento –atenidos a la literalidad de la norma– a María Teresa Sosa de Ríos Montt, impedimento superado por la Corte de Constitucionalidad, atenida a su sentido y que despejó el camino para que ya no viera en el caso de Zury Ríos Sosa.

A raíz de un impedimento –inexistente para ella– mujer soltera cuando las elecciones fueron convocadas y, en todo caso, cónyuge que había sido y no pariente dentro de los grados de ley –entre cónyuges no existe grado– se impidió que Sandra Torres participara en las elecciones, habiendo obtenido el partido político que quiso postularla –carente incluso de candidato presidencial –la mayoría en el Congreso, evidente muestra de lo que hubiera sido el resultado electoral si se hubiera permitido su participación política.

Los impedimentos que afectan a la elección de presidente y vicepresidente se encuentran entre los denominados artículos pétreos de la Constitución Política de la República, artículos que no se pueden reformar por mandato expreso de uno de los artículos constitucionales , artículo este, el que así lo establece que, paradójicamente, no tiene la calidad de pétreo y puede, en consecuencia, derogarse o reformarse, lo que le quitaría la calidad de irreformables a los que, ahora, no pueden reformarse.

La existencia de artículos pétreos es un abuso del legislador constitucional –un abuso generacional– puesto que impide que generaciones nuevas puedan expresarse en forma distinta y, quizá por ello, entendiendo el abuso, hizo difícil que puedan reformarse –lo cual es razonable– pero no imposible, habiendo dejado abierta la rendija para que pueda llegarse a reformarlos.

No quiero cerrar sin reiterar que ningún impedimento puede introducirse por ley ordinaria, ni siquiera por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que no pueden existir más limitaciones al derecho de ser electo que los que la Constitución establece y que, en consecuencia, solo podrían introducirse reformando la Constitución Política de la República, demasiado el esfuerzo para tan magro resultado, amén de que debería ser el propio pueblo –libre derecho de elegir– el que decida con su voto.

La única reforma constitucional que vale la pena es la reforma del artículo 157 de la Constitución Política de la República, reforma que introduciría una forma distinta de elegir diputados –necesaria– pero, además, suficiente para que todo cambie, sin necesidad de tocar ningún otro de los artículos constitucionales: Distritos pequeños en los que se elige un solo diputado y gana la elección –sin fórmulas raras, el candidato que obtiene más votos– solo dos años de mandato, la reelección el premio y la no reelección, el castigo –eliminación del listado nacional de diputados, de los distritos inmensos y de sus consecuentes listados–, nada de suplentes, y se inscribe como candidato, quien quiera, eliminado el monopolio partidario. La reforma del 157, es la clave.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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