La crítica es clara y contundente. En pocas palabras, los señalamientos contra el presidente Bernardo Arévalo fueron demeritados. Y por expertos en derecho, algunos con trayectoria constitucional.
Además, basta revisar los “espacios abiertos”, parafraseando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para constatar lo que provocó en los internautas el anuncio de otra
solicitud de antejuicio contra el jefe de Estado.
Sin embargo, conviene centrarse en el enfrentamiento legal que suscitó la intervención del fiscal. Pero empecemos por el principio. En su comparecencia ante la prensa, el jefe de la FECI afirmó que “el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente Bernardo Arévalo”.
Esta conclusión, a los ojos del abogado Edgar Ortiz, “es un comentario fuera de lugar, porque se supone que las investigaciones se guían por un código de ética, lo que se convierte en una regla para conducirse con imparcialidad”.
Los profesionales también observaron posturas partidarias. El mismo Ortiz y otros colegas suyos, a quienes se cita en la nota periodística de las páginas 2-3 de la presente edición, censuran los comentarios políticos utilizados por el representante del ente investigador. “La politización del caso
contamina la legitimidad de la investigación”, advierten.
Pero el asunto no termina aquí. La aseveración pareciera venir de alguien que actúa como juez y parte en el proceso. “Se debería mantener la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes.
No deberían de catalogar, directamente, que se cometieron o no delitos; hay que mantener todo bajo el entendido de un supuesto”, explica Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“El órgano jurisdiccional es el que decide si hay o no un acto delictivo”, recordó la exdiputada Nineth Montenegro.
El remate lo dio el constitucionalista Gabriel Orellana, tras oír que su nombramiento en el Comité Jurídico Interamericano fue una suerte de compadre hablado. “Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia”, resaltó.
Y tiene razón, su cargo no es un nombramiento; le corresponde a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual está integrada por 28 naciones. En fin, en materia legal, no se puede aducir desconocimiento.
