EDITORIALES
No se puede ser juez y parte, ni alegar ignorancia de la Ley
La crítica es clara y contundente. En pocas palabras, los señalamientos contra el presidente Bernardo Arévalo fueron demeritados. Y por expertos en derecho, algunos con trayectoria constitucional.
Además, basta revisar los “espacios abiertos”, parafraseando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para constatar lo que provocó en los internautas el anuncio de otra
solicitud de antejuicio contra el jefe de Estado.
Sin embargo, conviene centrarse en el enfrentamiento legal que suscitó la intervención del fiscal. Pero empecemos por el principio. En su comparecencia ante la prensa, el jefe de la FECI afirmó que “el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente Bernardo Arévalo”.
Esta conclusión, a los ojos del abogado Edgar Ortiz, “es un comentario fuera de lugar, porque se supone que las investigaciones se guían por un código de ética, lo que se convierte en una regla para conducirse con imparcialidad”.
Los profesionales también observaron posturas partidarias. El mismo Ortiz y otros colegas suyos, a quienes se cita en la nota periodística de las páginas 2-3 de la presente edición, censuran los comentarios políticos utilizados por el representante del ente investigador. “La politización del caso
contamina la legitimidad de la investigación”, advierten.
Pero el asunto no termina aquí. La aseveración pareciera venir de alguien que actúa como juez y parte en el proceso. “Se debería mantener la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes.
No deberían de catalogar, directamente, que se cometieron o no delitos; hay que mantener todo bajo el entendido de un supuesto”, explica Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“El órgano jurisdiccional es el que decide si hay o no un acto delictivo”, recordó la exdiputada Nineth Montenegro.
El remate lo dio el constitucionalista Gabriel Orellana, tras oír que su nombramiento en el Comité Jurídico Interamericano fue una suerte de compadre hablado. “Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia”, resaltó.
Y tiene razón, su cargo no es un nombramiento; le corresponde a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual está integrada por 28 naciones. En fin, en materia legal, no se puede aducir desconocimiento.
En 1992, cuando protagonizó Perfume de mujer, una de sus películas más emblemáticas, Al Pacino pronuncia un discurso extraordinario. En síntesis, el actor habla de integridad. Enfatiza que los “líderes deberían estar hechos de eso”, aunque está conciente de que no es así.
“Es demasiado duro llegar a la escrucijada y elegir el camino correcto”, reflexionó el actor, quien ganó el Oscar por su papel del coronel Slater. Sobra decir que muchos de nuestros dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales o del sistema de justicia han elegido la ruta incorrecta en el manejo de las finanzas públicas o en el ejercicio del poder.
El saqueo de los impuestos que recientemente evidenció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permitió que se hicieran comparaciones matemáticas en las que se dimensiona lo que el Estado pudo adquirir con esos 300 millones de quetzales robados. Cinco millones de menús de pollo frito, que alcanzaría para uno de cada tres guatemaltecos. Ciento treinta y seis apartamentos de lujo o 488 Ferrari modelo 2016 (Plaza Pública, 14 de agosto de 2024). Son algunas equiparaciones.
Pero conviene quedarnos con este dato: con lo hurtado en impuestos se habría comprado 337 mil 636 canastas básicas, con lo cual se pudo alimentar a 28 mil 136 familias por un año. Claro, se necesitaba integridad, vergüenza, probidad, de lo que carecieron los gobernantes anteriores.
Aquí radica la importancia de la cruzada nacional por la nutrición emprendida por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, junto al ministros y viceministros de la cartera de Agricultura, que ayer llegó a Quiché.
De acuerdo con información oficial, de enero a agosto de 2024 se han entregado 364 mil 289 raciones de alimentos en todo el país. De esta forma se comienza a saldar la deuda que se tiene con las comunidades más necesitadas. Sin duda, falta mucho. Nadie ignora que la meta es ambiciosa.
Pero se puede, sobre todo si se tiene integridad. Si los impuestos se utilizan para servir y no para enriquecerse. Este Gabinete se enfrenta a la encrucijada de su vida, pero confiemos en que optará por el camino correcto. Por la decencia. Por los guatemaltecos.
Contundente combate de la delincuencia. Efectiva protección de los derechos ciudadanos. Abordaje estratégico de las extorsiones. Ese es parte del camino marcado por el Gobierno en su plan de seguridad ciudadana 2024-2028. En este tema no se puede ni se debe improvisar. Hay que saber qué se quiere, para tomar la ruta correcta. En esta materia, los resultados se cuentan en vidas y bienes.
La graduación de los 366 agentes que integran el Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), unidad especializada creada por las actuales autoridades, es otra muestra del conocimiento que se tiene sobre el tema. De saber lo que se quiere. La evidente necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil (PNC) es un déficit que había que enfrentar con prontitud.
Hoy, basta revisar las cifras para ver las mejoras. Este año se lleva registrada la segunda tasa de homicidios más baja de los últimos tres lustros (16 muertes por cada 100 mil habitantes), solo superada por las cifras de 2020 (15.2), cuando el Covid-19 obligó al encierro y a restringir la movilidad.
Similares resultados se reflejan en la batalla al narcotráfico. Más decomisos de cocaína. Más detenidos y mayores cantidades de dinero incautados. Las cifras están ahí, a la vista de todos.
En este orden de ideas, conviene abrir un capítulo especial para las extorsiones. Para ello, vale volver a revisar el Plan de Gobierno. Retomar la autoridad de los centros penitenciarios, cuna de las coacciones y escuela de chantajes a personas y empresas. Esa es la misión, el norte. Poco a poco, se avanza en los objetivos. Recobrar el orden y dominio de la cárcel El Infiernito, en junio de 2024, refleja que no hay cabida para las ocurrencias.
En esa planificación se incluye construir una cárcel de máxima seguridad, donde se recluya a la crema y nata de la criminalidad y principales responsables del constante luto que sufren los hogares guatemaltecos.
Seguridad democrática, titula la estrategia operativa del equipo que lideran el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, un grupo que ha demostrado que para ejercer el poder basta la capacidad, la decencia y el respeto del Estado de derecho.
No hay como comparar. Confrontar. Mostrar las diferencias. En matemáticas, los números no mienten; al contrario, evidencian. Cuando se afirma que uno más uno son dos, no hay margen para la duda. Por mucha retórica que se utilice. Por más que se quiera refutar.
Veamos este dato. En los últimos 15 años, no se habían incrementado los aportes para la compra de útiles escolares. Pese a los índices inflacionarios. Esta administración lo hizo y de manera permanente.
A partir de 2024, lo asignado para preprimaria y primaria se duplicará y lo mismo se tiene previsto en lo que respecta a básicos y diversificado.
El próximo año, la mejora permanecerá, aunque será en una única entrega, la cual está prevista para los primeros meses. A partir de aquí, estas cuotas presupuestarias se mantendrán, para lo cual se contará con el apoyo de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), estructuras integradas por los progenitores de los estudiantes, que se convierten en el principal mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de los programas de apoyo a la educación.
Confrontemos otros datos. Del 14 de enero a la fecha, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha remozado más de 7 mil establecimientos. Las anteriores autoridades mejoraron 4 mil 992 centros en sus primeros 36 meses.
Al final dejaron 9 mil 308. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de Karin Herrera contempla restaurar 10 mil este año, lo que superará todo lo hecho por el régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
En los 4 años que tendrá este Organismo Ejecutivo se programó renovar los 35 mil 922 establecimientos existentes. Al ritmo que se llevaba antes de 2024 se necesitarían 4 administraciones (16 años) para alcanzar la eficiencia y efectividad actual.
Y en materia de probidad, ni hablemos. La ministra Anabella Giracca defiende que el Pacto Colectivo que se discute con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) sea público.
Su antecesora y Joviel Acevedo, la cara más visible de la agrupación citada, firmaron un acuerdo para impedir que los ciudadanos conozcan el contenido. En fin, los hechos no mienten. Las diferencias se evidencian. Uno más uno son dos.
