No más irresponsabilidad

No más adoquín sobre las calles sin drenajes.

Hasta hace poco más de una década, las elecciones de funcionarios públicos municipales eran, en la mayoría de los casos, un concurso de popularidad y de recursos para promover una figura: el docente más querido, el carnicero más famoso y líder religioso más seguido podían llegar, y llegaron, a dirigir los destinos de las localidades.

Ahora la situación parece haber cambiado un poco, y el dinero sería el principal protagonista. También se han interesado en estos puestos el ferretero más acaudalado, el constructor más conocido y el vendedor de gasolina más próspero, y están cumpliendo su cometido, a juzgar por el reportaje publicado el lunes en elPeriódico, que da cuenta de 78 jefes ediles recién instalados quienes han sido proveedores del Estado.

Algunos de ellos habrían firmado contratos durante el período de campaña incurriendo en violaciones a la ley. Interesante investigación que sin duda será el punto de partida para las averiguaciones que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, han anunciado que comenzarán en los gobiernos locales.

La acción de los entes pesquisidores, más el hartazgo de la población por los altos niveles de corrupción generan esperanzas de que ocurra un cambio en la forma de hacer gobierno en los municipios.

Más vale a los Concejos Municipales y a los jefes ediles electos que se profesionalicen en su quehacer y que impulsen medidas en ese sentido en su personal técnico.

Lo que está ocurriendo en el caso de El Cambray II es una lección para todos. El exalcalde, Tono Coro, es procesado penalmente por, supuestamente, no haber tomado medidas para prevenir la muerte de 189 personas como resultado de un deslave.

Me alegra que este proceso avance. Ojos y oídos a todos, las autoridades acostumbradas a efectuar solo acciones cosméticas y por tanto irresponsables, con las que se lucen por aquí y por allá como funcionarios impecables con administraciones ejemplares.

Ante la ley e instituciones fuertes que la hagan valer, las atribuciones de los funcionarios van mucho más allá de lo que puedan o quieran hacer, deben llevar a cabo lo que corresponde en función de una planificación bien establecida para la protección y el desarrollo de sus comunidades.