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No hay quinto malo (I)

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Tal es una expresión que se usa en los toros y bien se la podríamos aplicar al quinto binomio, un binomio que viene a representar una propuesta social-demócrata, clara y concreta, y quedó integrado por Sandra Torres, la dirigente que introdujo entre nosotros las transferencias condicionadas, y Carlos Raúl Morales, canciller que fue de la República y primer diplomático (de carrera) que accedió a esta posición, la más alta que puede alcanzarse en el servicio. El partido político que les postula, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se trata de una organización de amplio espectro, con fuerte presencia nacional, que ha participado ya en otras elecciones y que, de triunfar en estas, se trataría del primer partido político que en Guatemala –salvo dictaduras– habría podido ganar dos veces la elección presidencial.

El primer binomio proclamado para participar en las próximas elecciones generales fue el de Alejandro Giammatei y Guillermo Castillo, médico uno y abogado el otro; ambos, cartas probadas tanto en el sector público como en el privado, binomio proclamado por el partido VAMOS, organización política que participa por primera vez en unas elecciones. Su candidato presidencial lo ha sido ya tres veces a la Presidencia y dos a la Alcaldía, persistente ciudadano en su afán de servicio. El segundo binomio fue el del partido político TODOS, organización que en las elecciones pasadas dobló la votación obtenida por su candidato presidencial y logró situarse como tercera fuerza para el Congreso, alcanzando con un buen número de diputados, diputados que ha sabido conservar a lo largo de la legislatura y que presenta esta vez como binomio a Alfredo Cabrera, presidente que fue del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y a Ricardo Sagastume, también abogado, profesional que tuvo a su cargo por varios años el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria de Guatemala (CRECIG).

El tercer binomio proclamado fue el de Mauricio Radford y Manuel Abundio Maldonado, ambos con servicios prestados en la administración pública, uno en el Renap y el otro en la Dirección General de Aeronáutica Civil, ambos exitosos en sus actividades privadas, binomio proclamado por el partido político FUERZA, organización que en las elecciones pasadas tuviera como candidato a Alejandro Giammatei. Tanto los candidatos de TODOS –Cabrera y Sagastume– como los de FUERZA –Radford y Maldonado– son poco conocidos a nivel nacional, y dados los absurdos de las reformas que fueron realizadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tendrán, a partir de la tercera semana de marzo, más o menos, ochenta y siete días y medio para lograr que los electores conozcan de su existencia, de sus cartas personales de presentación, de su plan de gobierno y decidan votar a su favor, todo esto dentro de un ramillete de más de diez binomios que estarán compitiendo: 87 y días y medio (doce fines de semana) para lograr que los electores conozcan que existen, sus méritos y su plan de trabajo y decidan votar por ellos en 340 municipios… De todos estos, hasta el momento, la información publicada de su proclamación y lo dicho en esta columna: ¡Cuidado y si se toma por “campaña anticipada” y no se les inscribe!, parecería ser lo único que ha logrado trascender. ¡Cuidado, por idéntica razón, con hacer bulla al inscribirse, so pena de que su inscripción pudiera cancelarse! ¡Cuidado con insinuar siquiera quiénes son y qué quieren hacer en el Gobierno! Parecería que estas absurdas limitaciones, absolutas necedades, solamente podrían existir en un reino de imbéciles pero, lamentablemente, se dan entre nosotros: Así lo legislaron nuestros diputados con la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y el regocijo de la prensa y de las autoridades electorales: ¡Increíble, pero cierto! Si ya malas las normas, la estupidez de los “intérpretes” llega a extremos tales que ya ha habido más de alguno que consideró que podía haber campaña anticipada en el discurso pronunciado por Sandra Torres, al aceptar su nominación presidencial por haberse referido a algunas acciones que propondría realizar como gobernante.

¿Creen los analistas e intérpretes, acaso, que las candidaturas se dan por emanación espontánea? ¿Mudos e inexpresivos los candidatos?, ¿ciegos y sordos los asistentes? ¿Por qué no mejor que sean candidatos, piedras, y que sean piedras, los votantes? Todo en silencio, sin que nada se diga ni se oiga. El cuarto binomio proclamado fue el que integran Zury Maité Ríos Sosa –Zury Ríos– y Roberto Molina Barreto, la primera, ya lo hemos dicho antes, una persona preparada para gobernar y de buenas ejecutorias como diputada al Congreso de la República en legislaturas anteriores, y un buen resultado en las elecciones pasadas apoyada por el partido VIVA, con más del cinco por ciento de los votos. El segundo, jurista. Procurador General de la Nación y dos veces magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad.

Continuará…

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Prevención del suicidio: una tarea que nos involucra (II)

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Patricio Ramírez Azócar

Director Centro de Apoyo al Desempeño Académico

Con estos antecedentes asociados a las edades de mayor riesgo, es evidente el relieve que toman las políticas que pueden ser estimuladas en la comunidad, especialmente, aquellas que podemos realizar dentro de los planteles de educación superior. Si bien en los estudiantes universitarios no hay más riesgo de cometer suicidio que sus pares que no están en la educación superior, la matrícula actual en estas instituciones entrega un escenario propicio para favorecer el cuidado de la salud mental de este grupo y, en específico, prevenir el suicidio en ellos.

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos.

Es más, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio de 2013 incluyó dentro de sus componentes, la implementación de programas preventivos en los establecimientos educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes, considerando de manera explícita la participación de la comunidad educativa, sean estos estudiantes, sus familias, los docentes y todo el equipo de gestión de los establecimientos.

La prevención completa del suicidio en los entornos educativos debiera contemplar que se estimule un clima protector, tener un amplio programa de prevención de problemas de salud mental, realizar sensibilización y educación sobre el suicidio, detectar estudiantes en riesgo, generar protocolos para el manejo y acciones posteriores a la ayuda, y tener una coordinación con la red de salud para apoyar a los estudiantes y sus entornos cercanos.

La prevención dice relación con estar alertas, como, por ejemplo, a si el estudiante ha buscado formas de quitarse la vida, ha dado mensajes de despedida, se ha hecho lesiones. O señales indirectas, como alejarse de familia y amigos, disminuir su asistencia a clases y su compromiso con las actividades académicas, y un deterioro de su imagen personal. 

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos con quienes se interactúa dentro de la comunidad universitaria, involucrarse activamente, no dudar en activar los protocolos que, por cierto, deben ser lo suficientemente discretos y cuidadosos de la intimidad personal.

Universidad del Desarrollo
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Estado y democracia (III)

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Cristian Otoniel Montufar Vásquez

Coordinador de Programas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

[email protected]

Otra de las formas de gobernar es la llamada Aristocracia, en
la cual el poder de administración del Estado radica en un grupo social “privilegiado”, que posee algún linaje o vínculos con la realeza, el cual teóricamente ostenta las mejores facultades y competencias académicas, intelectuales o morales para ejercer dicho poder. En Hispanoamérica, fue el modelo que se utilizó para ejercer el poder luego de los procesos de independencia, debido a que los primeros funcionarios públicos que se encargaron de la administración política y económica de los territorios eran descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes tuvieron vínculos con las monarquías europeas.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia, la cual es una forma de gobierno que se caracteriza por dar preponderancia a la soberanía popular; es decir, al derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes; en este caso, a través del sufragio, por lo cual se dice que, el poder radica en el pueblo. Sumado a esto, se estipula que los asuntos públicos del país deben ser decididos por la ciudadanía, a través de mecanismos de participación directa o indirecta, los cuales se han definido previamente. Existen básicamente tres tipos de democracia:

Democracia representativa. En este tipo de democracia los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán el poder en nombre de dichos electores, los cuales por supuesto, tendrán siempre la responsabilidad de velar por que sus representantes cumplan con el compromiso adquirido.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia.

Democracia participativa. En este otro tipo, se construyen marcos jurídicos que faciliten la organización ciudadana, de tal manera que ejerzan una influencia más directa e inmediata para la toma de decisiones gubernamentales. Algunos de los mecanismos legales de participación en este tipo de democracia son los referéndums, las propuestas de ley, los plebiscitos, las apelaciones de sentencias, las consultas populares y, en algunos casos, la revocación de mandato. Democracia directa. En esta variante, las decisiones gubernamentales se toman por medio del voto popular, a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, elecciones primarias, asambleas de ciudadanos, etc. En el caso de Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y
representativo.

Colaborador DCA
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Aspectos relevantes del Decreto Número 5-2021

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Aída Gabriela Morales Chamalé

MSc. Aída Gabriela Morales Chamalé

Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica

El Estado de Guatemala posee como fin primordial el bien común, que engloba grandes aspectos de desarrollo y evolución para el país, que permitan a la administración pública brindar un servicio eficiente y efectivo, considerando a su vez la necesidad de mejorar la organización y funcionalidad interna de las entidades gubernamentales; también es el encargado de asegurar el desarrollo y evolución tecnológica a nivel nacional, así como promover la aplicación e implementación de la ciencia y tecnología, tomando en cuenta su aplicabilidad dentro de la administración pública. Es por lo que el 01 de junio del presente año se publicó el Decreto Número 5-2021 que se refiere a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo principal de modernizar de la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado.

Se debe modernizar la gestión administrativa, simplificando los tramites.

En dicha normativa se contempla que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es el ente encargado de impulsar la simplificación de trámites administrativos, misma atribución que posee el Ministerio de Economía, pero específicamente en trámites vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de inversión y registros públicos a su cargo. Siendo su ámbito de aplicación y obligatoriedad de la ley para todas las dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo, en relación con los trámites administrativos que se llevan a cabo en la administración pública; pero las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas o que pertenezcan al Organismo Legislativo y Judicial, pueden adherirse o sumarse a la modernización de la gestión administrativa, por decisión de su autoridad máxima.

Otro aspecto importante es la relevancia que se le da a la Firma Electrónica Avanzada. Y, por último, la presente normativa establece que todas las dependencias a quienes les aplica esta ley deben ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas, creando un plan de simplificación de trámites y servicios administrativos, cumpliendo con los plazos que se regulan en la misma, y tomando en cuenta el Principio de Legalidad regulado en el artículo 5 del Decreto referido, ninguna dependencia del Organismo Ejecutivo puede oponerse a la simplificación de procedimientos o a la utilización de medios electrónicos fundamentándose en normativas anteriores, normativas jerárquicamente inferiores o documentos administrativos internos.

Colaborador DCA
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