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COLUMNAS

Ninguna dieta es perfecta (I)

Pero no es cierto que los animales silvestres vivan en paraíso natural y que solo la acción humana les provoque sufrimiento.

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Enrique Baquero Martín 

Investigador del Instituto de Biodiversidad y Medioambiente 

En el Antropoceno, los sistemas alimentarios son la principal razón de los cambios en los ecosistemas de la Tierra, incluidos los climáticos. Suponen una gran pérdida de biodiversidad, daño a ecosistemas completos, y alteración de los ciclos globales del carbono, fósforo y nitrógeno. Al mismo tiempo que el desperdicio de alimentos se dispara, 820 millones de personas mueren de hambre (Naciones Unidas 2021), y 2000 millones padecen enfermedades relacionadas con la dieta (WHO 2021; FAO 2019). No parece que los sistemas alimentarios actuales sean saludables ni sostenibles.

La producción de ganado es una de las causas principales del cambio climático, la pérdida de suelo, la contaminación del agua y nutrientes y la disminución de los depredadores y herbívoros salvajes. Pero la producción de alimentos exclusivamente vegetales no está exenta de impactos asociados al medioambiente: parecen ser ambientalmente más sostenibles, utilizan menos recursos y tienen una huella ecológica más pequeña, pero requieren de grandes superficies, tratamientos y comparten la necesidad de transporte a grandes
distancias.

Impactos de la agricultura y ganadería: La agricultura y la ganadería utilizan el 30 y el 40 por ciento de la superficie y son responsables del 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y del 70 por ciento del uso de agua dulce. Las pesquerías han explotado completamente el 60 por ciento de la población silvestre y sobrepescado otro 30 por ciento  (FAO 2018).

El impacto de la cría de rumiantes es mayor que el de otros animales: mayor emisión de metano y mayor producción de alimento para ellos. Según algunas estimaciones (Treu et al. 2017) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para la producción orgánica de pollo y cerdo pueden ser mayores que las convencionales (crecimiento más lento y menor eficiencia alimentaria).

Los sistemas orgánicos requieren más tierra que los convencionales, aunque con, y debido a, menores aportes totales de nitrógeno por hectárea. El principal cultivo responsable de la pérdida de bosque en el Amazonas es la soja (Mongabay 2017), empleada para producir pienso y como fuente de proteína vegetal en las dietas vegetarianas procesadas. En Brasil, la producción de soja es hoy cuatro veces mayor que la de hace dos décadas. Los cultivos de palma aceitera están haciendo desaparecer ecosistemas enteros.

Las dietas vegetarianas-veganas generan menores impactos ambientales (emisiones de GEI y ocupación del suelo), aunque también producen impactos directos sobre la fauna (Fischer y Lamey 2018). Los sistemas orgánicos ofrecen servicios ambientales, no usan pesticidas, aumentan la resiliencia de la agricultura y pueden mitigar efectos futuros del Cambio Climático en los rendimientos. 

Los impactos ambientales de las dietas no solo deben evaluarse en términos de patrones dietéticos, deben integrar los sistemas de producción mirando hacia la conservación. 

Motivaciones éticas: El campo de la conservación se basa en la ética, incluyendo la apreciación de la naturaleza, la comprensión de la necesidad de protegerla, y la creencia de que la Tierra debe ser compartida entre los seres humanos y la naturaleza (Leopold 1949).

Los utilitaristas proponen que está mal consumir productos de granjas industriales porque se causa dolor y sufrimiento, apelando a que los animales tienen derecho a un trato respetuoso, a no ser considerados un recurso. 

Pero no es cierto que los animales silvestres vivan en paraíso natural y que solo la acción humana les provoque sufrimiento. La escasez de alimentos y agua, la depredación, las enfermedades y la agresión intraespecífica son factores del medioambiente natural que causan sufrimiento a los animales silvestres de forma regular.

  Continuará…

Colaborador DCA
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COLUMNAS

A las puertas de 25 años

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Sebastián Toledo
[email protected] 

En mayo de 1997, se registra en el país uno de los acontecimientos
de gran trascendencia en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad. Después de muchos años de lucha, se logra la conformación del Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), que se constituye en la máxima institución de Estado responsable de coordinar, asesorar e impulsar la política nacional en materia de discapacidad.

Es un esfuerzo promovido esencialmente por las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil, donde jugaron un papel preponderante las asociaciones que representan a los excombatientes de la URNG y del Ejército.

Iniciaron todo un movimiento, primero para la aprobación de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad; luego, la integración de un ente capaz de asumir el liderazgo para coordinar las acciones de país en esta materia.

Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador.

Desde los inicios, se buscó potenciar el liderazgo de la dirigencia del colectivo, en coherencia con orientaciones y mandatos de instrumentos de derechos humanos, ya que se generaron espacios para la inclusión de representantes del sector en los órganos de decisión.

Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador, pero aún deben satisfacerse algunas expectativas.

A las puertas de 25 años de trabajo, el Conadi cuenta con un presupuesto básico para su funcionamiento, así como el financiamiento de iniciativas de coordinación y asesoría de políticas públicas incluyentes.

Dispone de una capacidad física y humana instalada en el territorio nacional, pero aún hace falta consolidar el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, para que sea un ente altamente representativo.

Es conveniente que la dirigencia del Conadi realice una evaluación para medir el impacto de su gestión técnica, administrativa y política, pues se tienen algunos avances, pero deben adoptarse acciones para afianzarlos y promover su institucionalización en el ámbito municipal.

Ya que la mayoría de servicios y programas de apoyo a esta población se sigue ejecutando desde los centros urbanos, no obstante que el 62 por ciento de las personas con discapacidad se encuentra en las áreas rurales.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

La “amenaza fantasma” de los criptoactivos (II)

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Eduardo Valpuesta
Director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra

Y este posible colapso puede no ser tan lejano si tenemos en cuenta que el valor de estos criptoactivos es puramente convencional, sin ningún respaldo patrimonial real: valen lo que se paga por ellos simplemente porque hay personas que están dispuestas a pagarlo, no porque exista un subyacente que justifique una mayor o menor riqueza.

Y otro gran peligro son las estafas cometidas a través de ”intermediarios” que operan de forma fraudulenta (hallándose sub iudice casos como los de Arbistar, Kuailian o MindCapital). El colmo de estos fraudes también se ha publicado estos días: la propia CNMV ha alertado del envío de correos suplantando su identidad para ofrecer la venta de criptomonedas a los destinatarios.

Muchos pequeños inversores contemplan estas operaciones sobre criptomonedas con ilusión

El problema no es solo el alto riesgo de volatilidad y los posibles fraudes, sino también la falta de regulación de las criptomonedas y la falta de supervisión de los intermediarios de estos mercados. Existe un proyecto de regulación para la Unión Europea (el llamado Reglamento MiCA), presentado a fines del año pasado, pero hasta su aprobación (prevista en dos años más) seguimos con una actividad no regulada.

Los criptoactivos no son ilegales, ni fraudulentos per se, pero su alegalidad y otras características de estos mercados “cripto” (como el anonimato de las transacciones, o la dependencia de unas tecnologías que no siempre están suficientemente testadas, ni son inmunes a ataques cibernéticos) introducen demasiados factores de inestabilidad.

Muchos pequeños inversores contemplan estas operaciones sobre criptomonedas con ilusión, como una alternativa a productos de inversión que hoy en día ya no tienen la rentabilidad de antaño. Y es posible que para muchos realizar estas operaciones suponga una actuación “antisistema”, una protesta frente a los mecanismos financieros clásicos “capitalistas”.

Además las entidades de crédito parece que también quieren participar en ese “reparto” del pastel y entrar en el asesoramiento e intermediación en la negociación de criptoactivos, lo cual las dotaría de una mayor apariencia de “seriedad”.

Pero la “tarjeta amarilla” que la CNMV mostró a un conocido exfutbolista por hacer publicidad de cierto intermediario en criptoactivos constituye el ejemplo de que no todo vale en estos mercados tan arriesgados y faltos de regulación y supervisión.

Los criptoactivos (y especialmente las criptomonedas) constituyen una “amenaza fantasma” para el mercado financiero, porque sin formar parte del mismo (no financian ninguna actividad empresarial) pueden incidir fuertemente en su credibilidad y estabilidad.

Universidad de Navarra
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Alternancia en el Directorio de la CNEE

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Ángel jesús García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
[email protected]

Apocos días de entregar como director de la CNEE, agradezco a Dios, a Guatemala, al Sector Eléctrico y a los colegas en la Comisión por la oportunidad de servirles, así como por el conocimiento adquirido sobre la forma de trabajo de las organizaciones estatales, en especial esta que, siéndolo, tiene características propias que la hacen diferente.

La CNEE, aún siendo estatal, su fuente de financiamiento no es del presupuesto de la nación lo que la obliga a mantener una atención especial en los factores que para las organizaciones privadas son clave: el buen manejo de los ingresos y los egresos.

La CNEE debe administrarse considerando la eficiencia operativa como guía de acción, aún dentro de las limitaciones administrativas y la burocracia que impone la gestión estatal.

La CNEE es una entidad técnica concebida para alcanzar sus objetivos a partir de la toma de decisiones como cuerpo colegiado.

La CNEE es una entidad técnica concebida para alcanzar sus objetivos a partir de la toma de decisiones como cuerpo colegiado; es decir, que sus decisiones deben ser racionales y limitadas a su mandato general que es cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad (LGE).

Las decisiones deben tomarse bajo criterios claros y razonados y no bajo el efecto de las emociones ni de suposiciones, excluyendo también la inclusión de consideraciones no contempladas en el marco legal. Su accionar debe limitarse al cumplimiento estricto de lo que la ley manda.

Al conformarse como un cuerpo colegiado integrado por expertos, refuerza y facilita apartarse de lo emotivo y enfocarse en lo racional, ya que la calidad que deben tener sus integrantes garantiza que la discusión de los temas sea de alto nivel y que por lo mismo lo resuelto coadyuve a la sostenibilidad del subsector eléctrico.

Este cuerpo colegiado se conforma por un integrante propuesto por los agentes del mercado mayorista (inversionistas), otro por el sector académico y el tercero por el MEM. Esto garantiza la discusión de los temas con puntos de vista integrales: la certeza jurídica como interés básico de los agentes, las buenas prácticas técnicas y jurídicas como aporte principal de la academia y el enfoque con la política energética del Estado como aporte principal del MEM.

La figura de cada uno de los tres directores es en calidad de integrante y no de representante; es decir que el particular punto de vista y formación de cada uno está supeditado al mandato de cumplir y hacer cumplir la LGE, por lo que el mandato es superior a su forma personal de ver las cosas. El próximo directorio de la CNEE tendrá retos importantes a enfrentar durante su gestión, destacando los siguientes: Conclusión del proceso de licitación PEG-4 ya iniciado e inicio y culminación del proceso de licitación PEG-5.

Seguimiento a la expansión del sistema de transporte. Definición de los nuevos pliegos tarifarios para las tres distribuidoras establecidas en el país, incluyendo la evaluación de la integración de redes establecidas en el Artículo 71. Asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos internos de la CNEE y con ello asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Asegurar la evolución de los parámetros de calidad del servicio que se encuentran deficientes hasta alcanzar los parámetros mínimos definidos en la normativa vigente, actualizando la misma en la medida que sea necesario. Mantener los parámetros de transparencia que permitan demostrar la validez técnica de las decisiones tomadas.

El marco legal establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad profesional de los integrantes del directorio por lo que, considerando dicha calidad profesional como garantizada, solo resta que se preste la máxima colaboración interinstitucional entre los diferentes gremios e instituciones que conforman el subsector eléctrico para seguir cosechando éxitos para el beneficio de nuestro país y sus habitantes.

Colaborador DCA
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Gobierno de Guatemala

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