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COLUMNAS

Ni políticas, ni espurias, pero sí, ilegítimas (II)

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Las inmunidades son una excepción al principio de igualdad de todos los seres humanos ante la Ley –iguales en dignidad y derechos– y, en consecuencia – no cabe interpretaciones extensivas del mismo, por lo que ninguna ley ordinaria puede extender inmunidad a funcionarios que no sean los taxativamente citados por la Constitución, la única que pude hacerse excepciones a sí misma. Cualquier ley ordinaria que estableciere el privilegio de inmunidad a favor de funcionario que la Ley no contemple sería inconstitucional y, en consecuencia, nula, sin efecto alguno.

Tampoco cabe imponer limitaciones a la inmunidad que la Constitución no establece, y, así, es absurda e inconstitucional la propuesta de pretender limitar la inmunidad a delitos cometidos en el ejercicio del cargo, limitación que la Constitución no contempla y que, en consecuencia, ninguna ley ordenaría puede contemplar. Inconstitucional, asimismo, es cualquier pretensión de que no pueda perseguirse al funcionario cuando cese su inmunidad –al dejar el cargo– si el antejuicio promovido en su contra hubiese sido declarado sin lugar, declaración esta que no puede tener ninguna consecuencia ulterior: la resolución que se dicta en un antejuicio no constituye sentencia judicial alguna ni podría tener JAMÁS, autoridad de cosa juzgada, siendo inconstitucional cualquier norma que lo establezca o que pretenda establecerlo. La clac mediática –conferencia de prensa por delante– (la acusación penal debe renunciar a lo mediático y dedicarse a la eficiencia) ha empezado a hacer ya su labor descalificadora de lo que puede decidir el Congreso con respecto al antejuicio entablado en contra del Presidente de la República, funcionario que representa la unidad nacional y quien fuera electo por el pueblo, y bueno es que se sepa que en ese antejuicio –además de ilegal, su presentación sin investigación alguna– no existe absolutamente nada, ya que (a) no existe delito cuando se aporta a una campaña electoral dinero limpio –dinero de lícita procedencia– salvo que quien lo recibe no lo registre, en cuyo caso el delito lo comete quien lo haya recibido y no registrado, pero no quienes hicieron la aportación de su dinero, dinero limpio dinero de lícita procedencia cuya aportación no constituye delito alguno.( Esto deja a los empresarios fuera de delito alguno en este asunto) y (b) el Presidente de la República, en el momento de los hechos secretario general de partido político, no extendió recibo alguno ni hizo registro del dinero limpio, dinero de lícita procedencia, que habría recibido de los empresarios en cuestión, puesto que jamás recibió ningún dinero de estos, y –es más– les previno de que innecesario como era para su campaña, no recibiría de ellos dinero alguno. Si la acusación se hubiera tomado la molestia de hacer esta investigación –nada se lo impedía– hubiera evitado que el Congreso de la República perdiera su tiempo conociendo de esta denuncia ilegítima, ilegítima por la falta de investigación que debió hacer y que no hizo para sustentarla o, bien, descartarla, sin más. No conozco tanto el caso de la diputada Ninneth Motenegro, pero percibo en este la misma ilegitimidad de la falta de investigación que hubiera podido hacerse –y que, si hecha, hubiera podido– descartarla.

No debe la acusación penal, ni debe el Congreso de la República, ni deben nuestros tribunales, dejarse presionar por el pacto de farsantes que empuja la descalificación de nuestras autoridades y de nuestras instituciones. La pregunta toral en todo esto es –además– ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál el bien jurídico digno de proteger y que se vería vulnerado por las acciones incurridas? Cualquier acción en estos hechos habría llevado al incalificable crimen (a la deleznable acción) de haber asegurado que se produjeran correctas las votaciones y de que se hiciera un correcto conteo de los votos. ¿Acaso, el fraude, el bien jurídico tutelado que impidieron las acciones?

No deja de llamar la atención que sean dos secretarios general de partidos políticos que no se caracterizaron por proliferación ni por derroche de recursos los que hayan sido denunciados… Concluyo esta columna con la siguiente reflexión: no es justo que se exhiba a nuestros dignatarios como posibles reos del delito de financiamiento electoral ilícito (exactamente, así, llega la información al extranjero), financiamiento electoral ilícito que en el imaginario popular se asocia con narcotráfico, defraudaciones del patrimonio del Estado, crimen organizado, secuestros, extorsiones y delitos en general, pero jamás, con dinero limpio, dinero de lícita procedencia, arrojándosenos, sin más, a los terrenos de la infamia.

Después del escándalo, trate usted de explicar la diferencia. Injusto también que, a priori, se socave la legitimidad de la decisión que tome el Congreso, decisión que, en estricto derecho –y para pesar del pacto de farsantes– no podría ser otra que declarar sin lugar el antejuicio y, así, la del tribunal que, en circunstancia parecidas, conoce del otro.

Si los fallos judiciales no se discuten –salvo por las vías de la Ley– sino que se acatan de igual forma las decisiones legítimas de autoridad, y bueno será que el Congreso de la Republica al declarar sin lugar el antejuicio lo haga con la más absoluta solvencia de que, si no hay nada, nada hay: dinero limpio, de lícita procedencia el dinero en juego, lo que no constituye delito, y además  no recibido, lo que excluye cualquier obligación de registrarlo; mal podría registrase lo nunca recibido. El daño internacional, sin embargo, está hecho –el agua derramada, no se recoge –pero habremos de esforzarnos en lograr reparar lo reparable.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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