¿Negligencia, tan solo, o además, mala fe? (I)

Los funcionarios que gozan de inmunidad, al igual que cualquier otro ciudadano, pueden ser investigados sin necesidad de que –previamente– se declare con lugar un antejuicio.

La razón para que pueda hacerse es que no existe prohibición alguna para que estos puedan ser investigados, falta de prohibición que, además de no existir en la Ley, resulta de elemental sentido común, puesto que ¿Cómo podría plantearse un antejuicio sin, al menos, una mínima investigación que lo sustente?

¿O será que, así de mal, se promueve en los antejuicios la posibilidad de proceder?

Para comprender que no existe la cacareada prohibición y que es posible investigar a estos funcionarios, y exactamente de la misma forma como puede investigarse a cualquier otro ciudadano, baste comprender que la Constitución Política de la República establece que todos los seres humanos somos iguales ante la Ley, principio en contra del cual no cabe excepción alguna, salvo aquellas que la propia Constitución establece y, si lo hace, tan solo en los precisos términos por esta establecidos.

En contra de lo que la Constitución Política de la República establece, nada puede establecer ninguna ley o tratado, sea cual sea su jerarquía o su naturaleza, y, si así lo hicieren o de cualquier forma lo tergiversaren, son nulos (nulidad absoluta).

La inmunidad, como excepción que es del principio de igualdad de todos los seres humanos ante la Ley, debe interpretarse en términos absolutamente restrictivos, no pudiendo darse otras excepciones que aquellas que la propia Constitución establece, ni extensión mayor en estas que la constitucionalmente establecida.

Todos podemos ser detenidos y enjuiciados, sin más, si se dan razones para serlo, pero esa igualdad –común a todos– no aplica para los funcionarios que gozan de inmunidad y que –por excepción– no pueden ser detenidos ni enjuiciados si, previamente, no se declara por el órgano constitucionalmente establecido para hacerlo que ha lugar a que se forme causa en contra suya.

La Constitución –como excepción al principio de igualdad ante la Ley, establece que determinados funcionarios– aquellos a quienes, como excepción, concede inmunidad que (salvo caso de delito flagrante) NO PUEDEN SER DETENIDOS NI ENJUICIADOS sin que antes órgano competente para hacerlo declare que ha lugar a formación de causa en su contra, pero NO DICE EN PARTE ALGUNA QUE NO PUEDAN SER INVESTIGADOS.

Todos podemos ser investigados –iguales todos ante la Ley– y, de igual forma, los funcionarios que gozan de inmunidad, ya que la Constitución no establece que no puedan ser investigados, y si la Constitución no establece esta prohibición –la prohibición de que no puedan ser investigados– no puede ninguna ley ordinaria, ni acto alguno de autoridad, establecerla.

La CICIG, sin embargo, ¡vaya forma de transmitir capacidades!, sostiene que los funcionarios que gozan de inmunidad no pueden ser investigados sino hasta después de que se declare con lugar el antejuicio que se llegase a establecer en su contra, afirmación esta que carece de sustento constitucional alguno y, es más, que viola la Constitución, sea por negligencia o por malicia, ya que la Constitución –en ninguno de sus artículos– establece una prohibición semejante; afirmación que infringe el principio de igualdad de todos los seres humanos ante la Ley.

Lo que la Constitución dice es que no se puede detener ni enjuiciar a estos funcionaros, a salvo que se declare con lugar el antejuicio que se promueva en su contra, pero no establece prohibición alguna de que puedan ser investigados.

Los intérpretes ¡temibles, los intérpretes! “Interpretan” que, aunque no lo diga debe “interpretarse” que lo dice. ¡Por favor!

Por esas “interpretaciones” es que estamos como estamos.

Continuará…

Acisclo Valladares Molina